Publicado por el medio digital de Guatemala: República.com
El gobierno de Bernardo Arévalo, entre el discurso ético y la realidad del “chocobusiness”
Ciudad de Guatemala.– El gobierno de Bernardo Arévalo enfrenta otro escándalo de corrupción, tal vez uno de los más graves desde su llegada al poder. Su imagen de renovación ética se desmorona mientras surgen evidencias de una compleja red de sociedades vinculadas a contratos públicos millonarios, todas conectadas a un mismo inmueble que, paradójicamente, funciona también como venta de chocobananos, chocomelones y chocopapayas en la 4.ª calle 8-26, zona 2 de la capital guatemalteca.
Según una investigación de República.com, al menos nueve sociedades registradas en ese local han recibido más de Q140 millones de quetzales en adjudicaciones estatales. Documentos del Registro Mercantil y de Guatecompras confirman que las empresas comparten dirección, notario y representantes legales, e incluso que varios individuos rotan funciones entre sí —como contadores, auditores o representantes—, conformando un entramado administrativo de apariencia legal, pero con prácticas cuestionables.
Mudanza estratégica tras la investigación
De manera llamativa, una de las sociedades implicadas cambió su domicilio fiscal apenas la semana pasada. Pasó de la zona 2 a la zona 10, con nueva sede en la 19 calle 15-30, cambio efectuado el 29 de octubre, justo después de la publicación de las primeras entregas de la investigación.
Este movimiento, más que administrativo, parece una maniobra de “limpieza documental”, una táctica común en estructuras empresariales que buscan diluir rastros de operaciones anteriores o de domicilios comprometidos.
Los nombres detrás del negocio
El nombre de Elver Leonel Rottmann Sontay, contador y auditor público, aparece en varios de los registros. Es representante legal de J&E Construcciones S. A., Pharma Rehobot J&E S. A. y Negocios y Conferencias J&E S. A., además de dirigir la Corporación Rottmann, también domiciliada en el mismo inmueble.
Otras sociedades como De la Peña S. A., Golden Gate S. A., Corporación ACCA S. A., Constructora Restauración S. A. y Desarrolladora de Proyectos Adonia S. A. forman parte del mismo patrón de domicilios cruzados y representantes compartidos.
De la Peña S. A. acumula Q38.8 millones en contratos desde 2020, la mayoría adjudicados en 2023 y 2024 por los ministerios de Gobernación, Defensa y Comunicaciones. Golden Gate S. A. ha recibido Q897 mil y J&E Construcciones S. A. Q879 mil en el mismo periodo.
Contratos irregulares y licitaciones a medida
Uno de los casos más representativos es el concurso de Empornac (NOG 26300028) en Guatecompras, donde se licitó un sistema de control biométrico por Q45.3 millones.
La empresa Instalaciones Portuarias de Guatemala S. A. (IPG) resultó adjudicada, a pesar de presentar la oferta más alta. Competidores como E. Corp S. A. y Grupo Motley S. A. ofrecieron montos menores (Q37.9M y Q38.9M, respectivamente), pero fueron descalificados por “razones formales”, y la matriz de evaluación nunca se publicó.
Tras las publicaciones periodísticas que señalaron inconsistencias, la junta directiva de Empornac improbó la adjudicación. El único voto en contra fue el del presidente de la portuaria, José de la Peña, quien a su vez preside una de las sociedades bajo escrutinio.
Aumentos atípicos en la capacidad de contratación
Los registros del RGAE revelan que varias de las empresas vinculadas al “caso chocobananos” aumentaron sus techos de contratación de manera inusual en 2024.
En el caso de De la Peña S. A., el límite pasó de Q44 millones a Q174 millones, sin respaldo financiero comprobable. Estos incrementos ocurrieron durante la gestión del ministro de Finanzas Jonathan Menkos Zeissig y del registrador general de adquisiciones José Monzón, ambos funcionarios del Movimiento Semilla (MS).
El sistema establece que dichos topes deben basarse en capacidad económica y técnica, pero las sociedades domiciliadas en el modesto inmueble de la zona 2 carecen de los activos necesarios para justificar semejantes cifras.
Incluso Neftalí Castañón González, uno de los contadores del grupo, duplicó su techo personal (de Q6M a Q12M) y acumuló más de Q10 millones en contratos entre 2024 y 2025, principalmente con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
En un evento (NOG 25334255) de esa cartera, por Q7.09 millones, participaron dos oferentes con el mismo domicilio fiscal: Castañón, de forma individual, y Aliferr, registrada también en la 4.ª calle 8-26.
Una oficina compartida al servicio del Estado
El inmueble funciona, de hecho, como oficina compartida o centro de domiciliación fiscal. Desde allí operan al menos cuatro contadores: Marvin Alexander Herrera Dubón, Wilder Odilio Herrera Dubón, Neftalí Isaías Castañón González y Bryan Mateo Yoc Canel, este último representante de Golden Gate S. A.
El modelo permite crear empresas de forma rápida, participar en licitaciones estatales y recibir contratos con mínima o nula actividad económica real. Una estructura que recuerda a los esquemas de “empresas de cartón” empleados para triangular fondos públicos y lavar activos mediante contrataciones simuladas.
Entramado “estilo B410”
La investigación apunta a un patrón similar al del caso B410, denunciado por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) meses atrás.
En ambos esquemas se observa una red de entidades interconectadas con vínculos políticos y administrativos que logran contratos sobrevalorados a través de contactos estratégicos en el sector público.
Llama la atención la coincidencia temporal: muchas de estas sociedades fueron creadas inmediatamente después del arranque del gobierno de Arévalo, y sus techos de contratación aumentaron justo con la llegada de Menkos y Monzón. Además, el hermano de un diputado electo por el MS fue nombrado recientemente subcontralor, completando un cuadro de vínculos políticos difícil de ignorar.
Ahora, corresponde a las autoridades determinar si esta estructura, además de beneficiarse de la contratación pública, también incurre en evasión fiscal.
Todos los mencionados en el reportaje fueron contactados por República para obtener su versión de los hechos; ninguno accedió a responder.
Editorial: la ética congelada
El gobierno que prometía ética y transparencia enfrenta su primer gran examen de coherencia. Si el presidente Arévalo no responde con contundencia, el caso “chocobananos” puede convertirse en el símbolo de una administración que predicó honestidad pero toleró el abuso.
Guatemala ha escuchado este discurso antes. La diferencia, esta vez, será si el mandatario tiene el coraje de romper con el sistema que hoy parece beneficiarse de su silencio.
Porque cuando la corrupción se disfraza de microempresa y el control del Estado se delega a contadores con heladera, lo que se derrite ya no es un postre, sino la credibilidad de un gobierno entero.
vea el reportaje:https://www.youtube.com/watch?v=4HHaz5FJN0E
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