OPINION
Por Ariel Montoya
Guatemala ha entrado en una fase crítica de su historia política. Ya no se trata de percepciones, ni de narrativas en disputa: los hechos comienzan a acumularse con tal peso que la estabilidad institucional del país pende de un hilo.
En este contexto, la permanencia del presidente Bernardo Arévalo en el poder no solo es insostenible desde el plano político, sino profundamente cuestionable desde el ángulo legal. La disyuntiva es clara y no admite evasivas: renuncia o destitución. El punto de quiebre es innegable.
El partido oficial que llevó al actual mandatario al poder ha sido cancelado por orden judicial, una decisión que además fue ratificada por el Tribunal Supremo Electoral. Este hecho no es menor: coloca bajo una sombra directa la legitimidad del origen del mandato presidencial.
Cuando la estructura política que sostiene un gobierno es declarada ilegal, la continuidad del poder deja de ser un asunto de voluntad y pasa a ser un problema de legalidad. A esto se suman los elementos revelados por el Ministerio Público, incluyendo audios y otras evidencias que apuntan a posibles manipulaciones en el proceso electoral de 2023.
Lo que antes se denunciaba como sospecha hoy empieza a tomar forma como indicio. Conversaciones que sugieren alteración de actas, directrices externas y coordinación indebida en momentos clave del proceso electoral no pueden ser ignoradas en una democracia que se respete a sí misma.
Pero hay un componente aún más preocupante: el silencio cómplice de un amplio sector de la prensa guatemalteca. Durante meses, buena parte de los medios ha optado por minimizar, omitir o distorsionar la gravedad de estos hechos, construyendo una narrativa de defensa hacia un gobierno cuya legitimidad está en entredicho.
Este comportamiento no puede entenderse como simple omisión editorial; ha funcionado, en la práctica, como un blindaje comunicacional. Mientras tanto, la institución constitucionalmente facultada para investigar, el Ministerio Público, ha sido convertida en el “patito feo” del escenario nacional. Ataques sistemáticos, deslegitimación pública y presión constante han sido parte de una estrategia que hoy comienza a revelar su verdadero propósito: debilitar la capacidad investigativa para allanar el camino hacia la designación de un fiscal general afín al poder político, capaz de garantizar impunidad y evitar que estos hechos salieran a la luz pública.
La coincidencia no es menor. Justo en el momento en que el Ministerio Público comienza a exponer estas anomalías, resurgen con fuerza los discursos sobre “defensa de la democracia”, “legalidad” y “poderes espurios” desde sectores nacionales e internacionales. Sin embargo, la realidad parece apuntar en otra dirección: lo espurio no estaba fuera del sistema, sino dentro de él, operando con precisión para moldear resultados y controlar narrativas.
Guatemala enfrenta ahora una encrucijada que no puede postergarse. Existen mecanismos legales: decenas de solicitudes de antejuicio que podrían activarse, procesos institucionales que deben avanzar y una responsabilidad clara de los organismos del Estado para actuar sin titubeos. Pero el tiempo es un factor crítico.
Cada día de inacción profundiza la crisis, incrementa la tensión social y erosiona aún más la confianza ciudadana. Ante este escenario, la salida debe ser proporcional a la magnitud del problema.
La renuncia del presidente podría constituir un acto de contención institucional que evite una fractura mayor. De lo contrario, corresponde a los órganos competentes impulsar los procesos necesarios para una eventual destitución, dentro del marco legal vigente.
Lo que no es opción es la inercia. Cuando la legitimidad del poder está comprometida, la estabilidad de la nación entera se ve amenazada.
Y si las instituciones no responden con firmeza, la historia demuestra que será la ciudadanía la que terminará marcando el desenlace.
Guatemala ha llegado a su hora límite. La pregunta ya no es si habrá consecuencias, sino cómo y cuándo ocurrirán.
Renuncia o destitución. No hay más margen.
