El Tribunal de Apelaciones para el Circuito de Washington, D.C., rechazó la petición de un grupo de estados gobernados por republicanos de intervenir en la demanda sobre el Título 42, a fin de poder apelar la decisión de terminar esa política que ha permitido la expulsión expedita de inmigrantes.
Se espera que los estados ahora acudan a la Corte Suprema, como lo habían adelantado en caso de que su petición fuera rechazada.
Los jueces criticaron la tardía intervención de los estados republicanos, que pretendían tener una decisión sobre la política iniciada por el expresidente Donald Trump en marzo del 2020, debido a la pandemia de COVID-19, pero ha sido utilizada para expulsar a inmigrantes.
“En ninguna parte de sus argumentos explican por qué esperaron de ocho a catorce meses para intervenir”, señalaron los jueces en su decisión del viernes.
En tanto, el Gobierno del presidente Joe Biden se prepara para dejar de implementar dicha política el 21 de diciembre, como le fue ordenado por una corte.
Esta demanda fue presentada en 2021 por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que representa a varios inmigrantes.
“Los estados están tratando clara y erróneamente de usar el Título 42 para restringir el asilo y no para los propósitos de salud pública previstos por la ley”, dijo a CNN el abogado Lee Gelernt, de ACLU.
La Administración Biden se alista para terminar con esta política, pero el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, advirtió que esto no significa una apertura de la frontera, ya que se mantendrán las expulsiones aceleradas a través del Título 8.
La semana pasada, Mayorkas incluso señaló que los inmigrantes que sean expulsados bajo esas reglas enfrentarán un castigo de cinco años por ingresar en forma irregular a EE.UU.
“Una vez que la orden del Título 42 ya no esté vigente, utilizando sus antiguas facultades del Título 8, el DHS procesará a las personas que se encuentren en la frontera sin los documentos de viaje adecuados”, advirtió Mayorkas. “[Esas medidas] prevén consecuencias significativas, incluida la prohibición de reingreso [a EE.UU.] por cinco años a las personas que son expulsadas”.
