Foto. Archivo tn23.tv
Ciudad de Guatemala, 8 mayo (Diestra).- La Comisiòn Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo justicia y no ohay rencor ni habrá venganza contra quienes impidieron su candidatura presidencial en 2019, aseguró este domingo la dirigente política, Zury Ríos.
«A quienes han tenido miedo de nuestra participación y se unieron para no dejarme competir, no les guardo ningún rencor y les digo que no esperen ningún acto de venganza», dijo Ríos en un mensaje divulgado por la red social de Twitter.
«Hoy Guatemala necesita del perdón, reconociliación y de mucho trabajo para sacarla adelante», expresó la dirigente del partido Valor.
La politicóloga guatemalteca divulgó este mensaje luego de que la CIDH con sede en Washington, hiciera público días atrás, que el Estado de Guatemala le violó sus derechos y la discriminó como mujer al no dejarla participar como candidata a la presidencia en las elecciones generales de 2019.
Zury Ríos expresó que cuando la justicia es politizada con fines contrarios a la democracia «deja de ser justicia» y la historia se encarga de que eso salga a luz.
«He esperado este monto con fe y esperanza», acotò.
En la resolución de la CIIDH se da a conocer que el Estado de Guatemala «reconoce mi derecho humano de participación política que está regulado en la Constitución, en la Convención Americana de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos», agregó.
«El Estado de Guatemala ha reconocido que se violaron mis derechos en 2019 y que fui objeto de discriminación por mi condición de mujer», enfatizó.
Según la dirigente política, el Estado ha adoptado compromisos para que no se repita en otras mujeres lo que a ella le sucedió en 2019.
«Se ha hehco justicia, porque puedo estoy aqíì, este es el principio de una nueva historia», concluyó Ríos.
Para los comicios de 2019 el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no la inscribió como candidata a la primera magistratura del paìí por ser hija del fallecido general José Efraín Ríos Montt, quien gobernó de facto Guatemala entre 1982 y 1983 luego de un golpe de Estado.
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