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CIUDAD DE GUATEMALA — El gobierno canadiense anunció el martes que impuso sanciones a la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, a otros dos fiscales y a un juez a quienes señala de cometer actos de corrupción y violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos en el país centroamericano.
Las sanciones anunciadas incluyen la prohibición de transacciones relacionadas con las personas incluidas en la lista, el congelamiento de cualquier activo que puedan tener en Canadá, así como la prohibición de ingresar a ese país.
“Las sanciones de hoy se aplican a cuatro personas por su participación en actividades que promovieron directa o indirectamente la corrupción y por cometer graves violaciones de derechos humanos con impunidad, incluso durante la administración anterior del presidente Alejandro Giammattei y después”, dice el comunicado de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá.
Las sanciones canadienses se suman a las de Estados Unidos y la Unión Europea que sancionaron a los mismos y otros actores a los que señalan de que con sus investigaciones y resoluciones judiciales intentaron socavar la democracia en el país centroamericano al obstaculizar una transición pacífica del poder.
Las sanciones son por las acciones que durante los últimos años Porras encabezó desde la fiscalía general, que incluyeron la criminalización de operadores de justicia, periodistas y opositores del gobierno de Giammattei, de quien Porras es cercana.
Incluso por orden del juez Fredy Orellana, la fiscalía secuestró, revisó y contó voto por voto emitido en las elecciones, algo que según la ley Electoral y de Partidos Políticos solamente puede realizar el Tribunal Supremo Electoral, con la finalidad de declarar nulas la primera vuelta electoral en la que Arévalo fue electo para el balotaje. El proceso resultó fallido y Arévalo finalmente ganó la presidencia en segunda vuelta ante la ex primera dama Sandra Torres.
Durante 2021 Estados Unidos sancionó a Porras y a su secretario, Ángel Pineda, por socavar la democracia y obstruir la lucha anticorrupción, posteriormente fueron sancionados Curruchiche y Monterroso Gómez y el juez Orellana por emitir resoluciones que violentaron los derechos humanos. A principio de este mes la Unión Europea también anunció sanciones a Porras, Pineda, Curruchiche Orellana y Morales Lazo.
Foto ilustración archivo MP
Esto respondió el Ministerio Público:
