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Diario de Centroamérica
El subregistro de armas de fuego en Guatemala es un problema que se considera alarmante y que podría fortalecer las operaciones delictivas de grupos criminales organizados, destacan analistas y expertos en temas de seguridad nacional.
Lizandro Acuña, del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), estima que entre 800 mil y 900 mil armas ilegales circulan en el territorio, lo que incrementa la impunidad de las acciones de estas estructuras criminales.
“Los esfuerzos por la reducción del armamentismo ilegal y en manos de civiles debe ser un tema permanente en la agenda del sector justicia y seguridad”. Mario Mérida Ex viceministro de Gobernación
La problemática, según Acuña, es uno de los principales flagelos que afecta a la sociedad, especialmente, por su vinculación con el narcotráfico, crimen organizado y pandillas, lo que pone en riesgo la paz y buena convivencia de la población.
La dificultad para medir este delito radica en la complejidad del tráfico ilícito, por lo que Acuña sugiere unificar esfuerzos de control y combate con Estados Unidos, Honduras y El Salvador.
Mario Mérida, ex viceministro de Gobernación y experto en el análisis del tema, aseguró que hasta 2018 se contabilizaban 200 mil subregistros. Estima que esta cifra podría haberse incrementado entre un 400 y 450 por ciento debido al tráfico ilegal.
Mérida advierte que este flujo abre la posibilidad para que muchos de estos instrumentos lleguen a manos de delincuentes, en especial, maras, lo que agrava la inseguridad de la población.
Casi dos mil decomisos en 2024
El director general de la Policía Nacional Civil (PNC), David Custodio Boteo, destacó las acciones operativas permanentes para incautar las armas, así como la investigación de grupos dedicados a su trasiego. En ese sentido, en los primeros siete meses de este año se han incautado 1 mil 926 armas en Guatemala.
Recientes operativos, como el de Santo Tomás de Castilla, en Izabal, y en el barrio El Porvenir de La Libertad, en Petén, donde se localizaron 14 fusiles y 12 pistolas, respectivamente, permitieron incautar arsenales destinados al crimen organizado y pandillas.
El Ministerio de la Defensa Nacional (MDN) y la Dirección General de Control de Armas y Municiones (Digecam) informaron que existen 631 mil 546 armas registradas y 219 armerías autorizadas.
Sin embargo, los expertos resaltan que los esfuerzos para controlar el tráfico ilegal de estos aparatos requieren modernizar el funcionamiento de la Digecam y campañas interinstitucionales para legalizar y reducir las armas en posesión de la sociedad civil.
Tanto Acuña como Mérida coinciden en la necesidad de actualizar la Ley de Armas y Municiones y promover incentivos para su retiro de las calles, con el fin de controlar la circulación y evitar que lleguen a manos de grupos delincuenciales.
