¿Las protestas deben volver a las calles ante la violencia, la corrupción y la frustración?
¿Por qué algunas organizaciones que antes paralizaban países enteros parecen haber perdido su capacidad de protesta cuando gobierna la izquierda? México, Guatemala y Nicaragua enfrentan realidades diferentes, pero comparten una interrogante: ¿qué le falta a la sociedad para defender sus derechos, organización, recursos o liderazgo?
DIESTRA LA REVISTA
Resulta paradójico, pero nunca deja de llamar la atención, observar cómo determinadas manifestaciones públicas parecen desaparecer por arte de magia cuando quienes llegan al poder pertenecen a corrientes políticas de izquierda. Aquellas organizaciones capaces de paralizar carreteras, ocupar espacios públicos, bloquear instituciones y mantener durante semanas una presión constante contra los gobiernos parecen, en determinados escenarios, haber perdido buena parte de su capacidad de convocatoria.
Y lo verdaderamente preocupante no es solamente el silencio de esas organizaciones. Es que los problemas que antes justificaban las movilizaciones no han desaparecido. La delincuencia continúa, el costo de vida presiona a las familias, la corrupción crece más que anteriores administraciones y la frustración ciudadana aumenta frente a gobiernos que prometieron transformar sus países, pero que siguen enfrentando graves cuestionamientos sobre sus resultados.
Corresponde preguntarse por qué ciertos movimientos que anteriormente protagonizaban jornadas de confrontación política hoy parecen mostrar una actitud distinta frente a problemas igualmente graves.
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¿Cambió la realidad de los países o cambió la identidad política de quienes gobiernan?
MÉXICO: CUANDO LA VIOLENCIA SUPERA LOS DISCURSOS
México continúa enfrentando el poder de las organizaciones del narcotráfico, las desapariciones, la extorsión y la violencia que golpea a numerosas comunidades. La presidenta Claudia Sheinbaum heredó un desafío de enormes proporciones y tiene la responsabilidad de demostrar que el Estado puede recuperar los espacios donde la criminalidad ha impuesto sus propias reglas.
Mientras miles de familias reclaman seguridad y justicia, surge una interrogante inevitable: ¿por qué la inconformidad ante la violencia no siempre logra convertirse en una presión ciudadana nacional, sostenida y organizada, capaz de exigir resultados concretos?
Las manifestaciones existen, particularmente las protagonizadas por familiares de desaparecidos, organizaciones civiles y sectores afectados por decisiones gubernamentales. Pero la pregunta política permanece: ¿dónde están aquellas estructuras de movilización que anteriormente parecían tener una respuesta inmediata frente a cada error del gobierno?
La violencia no tiene ideología. Las víctimas tampoco deberían tenerla. Y la exigencia de seguridad no puede depender de quién ocupa la Presidencia.
GUATEMALA: ¿DÓNDE QUEDARON LOS QUE PARALIZABAN EL PAÍS?
Guatemala ofrece un escenario que merece especial atención. Durante administraciones anteriores, las movilizaciones de determinadas organizaciones sociales llegaron a provocar bloqueos prolongados de carreteras, interrupciones del comercio, pérdidas económicas y enfrentamientos políticos que condicionaban la gobernabilidad.
Hoy, bajo la administración de Bernardo Arévalo, persisten problemas de inseguridad, cuestionamientos sobre la capacidad de gestión pública, denuncias del escandaloso aumento de la corrupción y una creciente discusión sobre los resultados del gobierno.
Los hechos violentos, las controversias institucionales y los señalamientos de incompetencia administrativa deberían provocar una fiscalización ciudadana tan rigurosa como la que se exigía a los gobiernos anteriores.
Es cierto que Guatemala continúa registrando manifestaciones y bloqueos. Pero resulta legítimo cuestionar si todos los movimientos sociales mantienen el mismo nivel de exigencia frente a cualquier administración.
Si antes se bloqueaban carreteras por decisiones gubernamentales cuestionables, ¿por qué ahora algunos sectores parecen dispuestos a tolerar problemas de mayor gravedad?
La corrupción no deja de ser corrupción porque el funcionario pertenezca a un gobierno que se autodenomina progresista. La incompetencia tampoco se transforma en virtud por razones ideológicas.
Y la ciudadanía no debería resignarse a esperar que termine un período presidencial para exigir las respuestas que necesita hoy.
NICARAGUA: CUANDO EL SILENCIO ES CONSECUENCIA DEL MIEDO
Nicaragua representa una realidad todavía más grave.
El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha consolidado un sistema caracterizado por la concentración del poder, las restricciones a las libertades públicas y la persecución de sectores opositores, según reiterados señalamientos de organismos internacionales de derechos humanos.
Allí, la ausencia de grandes manifestaciones no puede interpretarse simplemente como indiferencia ciudadana.
Cuando protestar puede representar persecución, encarcelamiento o exilio, el silencio adquiere un significado diferente.
La situación nicaragüense demuestra hasta dónde puede llegar un gobierno cuando desaparecen los mecanismos efectivos de control político y la población pierde la posibilidad de ejercer libremente sus derechos.
Un pueblo que no puede protestar vive bajo una amenaza contra su libertad. Pero un pueblo que puede hacerlo y renuncia a exigir resultados enfrenta otro problema: el debilitamiento de su conciencia ciudadana.
USAID: ¿SE TERMINARON LOS RECURSOS O DESAPARECIERON LAS CONVICCIONES?
El desmantelamiento de buena parte de los programas de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, agrega un elemento que merece investigación.
Durante décadas, numerosas organizaciones no gubernamentales, programas de fortalecimiento institucional y proyectos de participación ciudadana recibieron cooperación internacional.
La reducción de esos recursos plantea una pregunta que no debería incomodar a quienes defienden la transparencia: ¿cuántas organizaciones dependían financieramente de esos programas y cómo cambió su capacidad de movilización después de perderlos?
No existe evidencia suficiente para concluir que USAID financiara directamente actos violentos, incendios de instalaciones oficiales o bloqueos ilegales. Una acusación de esa naturaleza exige pruebas específicas y no puede sostenerse únicamente en coincidencias temporales.
Pero tampoco debería considerarse improcedente investigar el origen de los recursos, los objetivos de los programas financiados y la relación entre cooperación internacional, organizaciones sociales y actividad política.
Porque si una organización necesita permanentemente financiamiento externo para defender los derechos de una población, cabe preguntar qué ocurre con su compromiso cuando desaparecen esos recursos.
La protesta legítima debe responder a las necesidades de los ciudadanos, no a la conveniencia de sus patrocinadores ni a los intereses de una corriente política.
¿QUÉ LE FALTA A LA SOCIEDAD QUE NO SE IDENTIFICA CON LA IZQUIERDA?
Esta es probablemente la pregunta más importante.
Durante años, distintos movimientos de izquierda han demostrado capacidad para organizar sindicatos, agrupaciones estudiantiles, organizaciones campesinas, colectivos y estructuras territoriales que permiten convocar manifestaciones y ejercer presión política.
Sin embargo, amplios sectores que no se identifican con esas corrientes parecen carecer, en muchos casos, de mecanismos equivalentes de participación ciudadana.
Se indignan, critican, denuncian y expresan su frustración en redes sociales, pero pocas veces logran convertir esa inconformidad en organizaciones duraderas, propuestas concretas y mecanismos efectivos de fiscalización.
¿Qué les falta? ¿Organización? ¿Recursos? ¿Liderazgo?
Quizá les falta algo todavía más importante: comprender que la democracia no termina cuando se deposita un voto en las urnas.
Un ciudadano no entrega sus derechos al elegir un presidente. Tampoco renuncia a exigir resultados porque el candidato que apoyó haya perdido las elecciones.
La democracia necesita una sociedad organizada, capaz de cuestionar a cualquier gobierno, sin importar su ideología.
La protesta pacífica no es propiedad de la izquierda. La defensa de las libertades tampoco pertenece exclusivamente a la derecha.
Ambas son responsabilidades de una ciudadanía que comprende que el poder político debe responder ante quienes lo hicieron posible.
¿LAS PROTESTAS DEBEN VOLVER A LAS CALLES?
Sí, cuando existan razones legítimas para exigir justicia, seguridad, transparencia y respeto a los derechos ciudadanos.
Pero no se trata de promover violencia, incendiar instalaciones públicas, destruir propiedad privada o paralizar indiscriminadamente la vida económica de una nación.
Se trata de recuperar la capacidad de organización pacífica, de ejercer presión democrática, de exigir rendición de cuentas y de recordar a los gobernantes que ocupar un cargo público no significa recibir un cheque en blanco.
Las sociedades necesitan líderes que convoquen, pero también ciudadanos que participen. Necesitan organizaciones independientes, pero también propuestas y objetivos claros.
Una manifestación sin propósito puede convertirse en espectáculo. Una protesta sin liderazgo puede diluirse. Y una organización sin independencia puede terminar defendiendo los intereses de quienes la financian en lugar de representar a los ciudadanos.
La verdadera fortaleza de la protesta no está en la cantidad de carreteras bloqueadas, sino en su capacidad para lograr respuestas institucionales y cambios verificables.
CUANDO EL PUEBLO NO SABE EL PODER QUE TIENE
Los gobiernos pasan. Los presidentes terminan sus mandatos. Los partidos ganan y pierden elecciones. Pero las consecuencias de las malas decisiones permanecen en la vida de millones de ciudadanos.
La inseguridad no pregunta por quién votó una víctima. La corrupción no distingue entre familias de izquierda o de derecha. El desempleo, el encarecimiento de los alimentos y el deterioro de los servicios públicos afectan a personas con distintas convicciones políticas.
Por eso resulta tan preocupante que determinadas sociedades parezcan haber convertido la inconformidad en una reacción selectiva, más vinculada a las simpatías partidarias que a los resultados de quienes gobiernan.
México necesita ciudadanos que exijan seguridad. Guatemala necesita una sociedad que reclame eficiencia, transparencia y justicia. Nicaragua necesita recuperar las libertades que permitan a su población manifestarse sin temor a represalias.
Y toda América Latina necesita comprender que la participación ciudadana no puede limitarse a las campañas electorales.
El problema no es únicamente que algunos movimientos dejen de protestar cuando gobierna la izquierda. El problema es que otros sectores de la sociedad parecen esperar que alguien más defienda los derechos que les pertenecen.
No basta con indignarse frente a una pantalla. No basta con compartir denuncias. No basta con esperar que un nuevo candidato prometa resolver aquello que la sociedad no ha sido capaz de exigir a quienes ya gobiernan.
La ciudadanía tiene derecho a organizarse, manifestarse pacíficamente, fiscalizar y reclamar resultados.
Porque el poder de un pueblo no nace de sus gobernantes. Nace de sus ciudadanos.
EL PUEBLO NO PIERDE SU PODER CUANDO DEJA DE GOBERNAR. LO PIERDE CUANDO DEJA DE EJERCERLO.
Y quizá la mayor ventaja de quienes gobiernan sea precisamente esa:
EL PUEBLO NO SABE EL PODER QUE TIENE… Y EL PODER SABE QUE EL PUEBLO NO LO SABE.
DIESTRA LA REVISTA
Las groserías de Grose-Landia: cuando el poder cambia de rostro, pero no de costumbres
