Ciudad de Guatemala, 21 agosto (Diestra).- El Ministerio Público (MP) a través de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), solicitó este miércoles el retiro de la inmunidad al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, por fomentar la corrupción y la impunidad.
El titular de la FECI, Rafael Curruchiche, dijo en rueda de prensa que la petición se presentó en el Centro Administrativo del Organismo Judicial por la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad, usurpación de atribuciones y resoluciones violatorias a la Constitución.
El fiscal explicó que cuenta con una testigo del caso que denomina «Mecanismo Corrupción MICIVI», la exministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, a quien el mandatario habría ordenado hacer pagos millonarios a empresas que supuestamente están implicada en la investigación B410 develada la semana pasada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Curruchie presentó en la rueda de prensa varias evidencias, recogidas de publicaciones de los medios de comunicación guatemaltecos, sobre la órdenes que le giró a De La Vega para que hiciera millonarios pagos a empresas que le prestan servicios al Estado y que estarían implicadas en el pasado en casos de corrupción.
En la conferencia en la sede del MP que dirige la fiscal general María Consuelo Porras, Curruchiche estuvo acompañado de secretario general del Ministerio Público, Ángel Pineda y el jefe de la Fiscalía contra la Corrupción, Miguel Vásquez.
El fiscal aseguró que el presidente de Guatemala es el «principal responsable de fomentar la impunidad» al haber emitido una «orden ilegal» al haber creado un mecanismo de pago «arbitrario» fuera del marco de sus funciones y atribuciones establecidas en la Constitución.
Explicó que quienes tienen que autorizar los pagos son los titulares de los ministerios a quienes los contratistas del Estado les prestan los servicios, en este caso el Ministerio de Infraestructura y Vivienda.
Entre los pagos que ordenó Arévalo figura uno por más de 67,95 millones de quetzales (8,77 millones de dólares) a favor de Overseas Engineering & Construction Guatemala, cuyo representante legal tiene vinculaciones con la Organización de Estados Americanos (OEA).
Respuesta oficial:
«Los señalamientos de la fiscalía de Rafael Curruchiche no tienen ninguna credibilidad pública, solidez jurídica, ni propósito legítimo», respondió la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.
El pronunciamiento oficial señala que «lLo único que sostiene estas acciones corruptas del MP es la participación de dos o tres jueces cómplices que, en este caso, no tendrán ningún rol. Los disparates del señor Curruchiche no tienen cabida en ninguna acción penal, mucho menos un antejuicio.»
«Estos actores no gozan de ninguna credibilidad y el pueblo de Guatemala lo sabe», expresó.
La conferencia del MO en el siguiente link:
