El dinero, el territorio y el silencio alrededor del poder
Las «Fábulas del Poder» es una publicación del Centro deEstudios del Poder y Diestra La Revista
Guatemala se aproxima a las elecciones generales de 2027 mientras el crimen organizado, el narcotráfico y su posible penetración en la política comienzan a ocupar un espacio cada vez mayor en la discusión pública. La advertencia ya no proviene de una sola fuente: el presidente Bernardo Arévalo ha señalado el riesgo de la narcopolítica; Estados Unidos ha elevado públicamente el tono frente a narcotraficantes y quienes les proporcionen cobertura política; el Ministerio Público ha reconocido amenazas contra fiscales que investigan estructuras criminales, y sectores empresariales y periodísticos también han comenzado a pronunciarse.
Por eso, el problema que analiza hoy el Centro de Estudios del Poder no es únicamente quién habló, quién aparece mencionado en un audio o quién será candidato. La pregunta es más profunda: ¿cómo transforma una organización criminal el dinero obtenido mediante actividades ilícitas en capacidad de influencia sobre la sociedad, la economía, las instituciones y, finalmente, la política?
EL PROBLEMA NO COMENZÓ CON LOS AUDIOS
El narcotráfico y las organizaciones criminales no penetran la política el día que aparece una grabación, se captura a un dirigente o un gobierno extranjero emite una advertencia. Para entonces, probablemente una parte importante del proceso ya ocurrió.
El poder criminal comienza a construirse mucho antes.
Comienza con territorio.
Una organización necesita rutas, lugares donde operar, estructuras para transportar y distribuir, personas que colaboren, mecanismos de protección y formas de introducir los recursos obtenidos ilícitamente dentro de la economía.
Cuando logra consolidar esas capacidades deja de representar exclusivamente un problema policial.
Comienza a convertirse en un actor de poder.
Controla territorio. Produce dinero. Obtiene información. Construye relaciones. Intimida adversarios. Compra voluntades.
Y cuanto mayor se vuelve ese poder, mayor es también su necesidad de protección.
Allí comienza una segunda etapa, potencialmente más peligrosa para una democracia: el acercamiento a las instituciones y a la política.
No necesariamente ocurre mediante la captura abierta de un gobierno. Puede comenzar silenciosamente: información privilegiada, protección territorial, funcionarios tolerantes, intermediarios empresariales, operadores locales, financiamiento de actividades y relaciones con personas que aspiran a ejercer poder público.
El crimen organizado puede descubrir entonces algo fundamental:
resulta menos costoso influir en el poder que enfrentarlo.
DEL TERRITORIO AL DINERO Y DEL DINERO A LA POLÍTICA
Las organizaciones criminales no necesitan financiar completamente una campaña electoral.
El dinero puede entrar fragmentado. Vehículos. Publicidad. Combustible.Movilización. Operadores. Proveedores. Estructuras territoriales. Actividades. O aportes realizados mediante terceros. Una contribución aparentemente limitada puede ser suficiente para establecer una relación futura.
Porque quien introduce dinero ilícito en una campaña no necesariamente lo hace por simpatía ideológica.
Puede estar realizando una:
INVERSIÓN DE PODER.
La rentabilidad puede buscarse después de las elecciones: acceso, información, protección, contratos, nombramientos, reducción de controles, influencia territorial o simplemente la posibilidad de comunicarse con quienes tomarán decisiones.
Por eso el financiamiento ilícito de campañas no constituye únicamente un problema electoral.
Es también un problema de seguridad, gobernabilidad y posible captura institucional.
LOS AUDIOS: NO SON SENTENCIA, PERO PUEDEN SEÑALAR CAMINOS
Dentro de ese contexto adquieren relevancia conversaciones que han circulado públicamente y que posteriormente inspiraron parte del relato presentado por Las Fábulas del Poder.
Un audio no debe convertirse automáticamente en sentencia.
Una grabación puede ser auténtica y necesitar contexto. Sus participantes pueden exagerar, mentir, atribuirse capacidades inexistentes o presentar versiones interesadas. Su legalidad, admisibilidad y eventual valor como prueba corresponden a fiscales, abogados y jueces. Y aquí nuestra pregunta, por qué han dejado transcurrir tantas semanas sin avanzar en las investigaciones, porque los involucrados, parece que siguen en la misma práctica, aún cuando ya hubo un asesinato y los entes investigadores han escogido silencio antes de avanzar. Son muchos los tentáculos?
Aunque existe una diferencia fundamental entre utilizar un audio como prueba de culpabilidad y comprobar los acontecimientos descritos dentro de una conversación.
Si una conversación menciona reuniones, personas, negocios, recursos, publicidad, compromisos y aspiraciones políticas, muchas de esas circunstancias pueden verificarse independientemente del audio.
¿Existieron las reuniones? ¿Existieron los negocios mencionados? ¿Hubo aportes? ¿Quién entregó los recursos? ¿Quién los recibió? ¿Para qué fueron solicitados? ¿Existieron los espacios publicitarios ofrecidos? ¿Aparecieron los anuncios? ¿Existieron comunicaciones entre los participantes? ¿Puede reconstruirse el recorrido del dinero?
Responder esas preguntas no significa condenar.
Significa investigar.
EL SILENCIO TAMBIÉN DEJA SEÑALES
Aquí aparece uno de los elementos que más interesan al Centro de Estudios del Poder.
No solamente importa estudiar qué dijo una persona.
También resulta revelador observar:
¿QUIÉN DEJÓ DE HABLAR DESPUÉS?
Si alguien paga por un servicio que no recibe, normalmente reclama.
Si una organización política considera falsa una acusación grave, normalmente intenta demostrarlo.
Si una institución conoce indicios de posibles delitos, corresponde determinar si existe fundamento para investigar.
Sin embargo, alrededor de determinados acontecimientos aparece otra conducta:
El Silencio.
Silencio de quienes pudieron participar. Silencio de quienes pudieron resultar afectados. Silencio empresarial. Silencio político. Silencio institucional.
Y, con el paso del tiempo, silencio dentro de la discusión pública.
Pero el CEP hace una distinción indispensable:
El silencio no demuestra culpabilidad ni complicidad.
Puede significar temor. Puede responder a conveniencia. Puede existir dependencia económica. Puede haber cálculo político. Puede obedecer a relaciones personales. Puede reflejar falta de información. Puede ser simplemente la decisión de no involucrarse.
Y también puede existir miedo frente a estructuras capaces de ejercer violencia.
Precisamente porque existen diferentes explicaciones, el silencio debe investigarse y estudiarse, no sentenciarse.
¿SIGUEN TODOS EN SILENCIO?
La respuesta, después de revisar los acontecimientos recientes, es:
No.
Y reconocerlo fortalece este estudio.
El presidente Bernardo Arévalo advirtió públicamente sobre la narcopolítica y sostuvo que la búsqueda de recursos para campañas puede abrir espacio al dinero procedente de corrupción y crimen organizado. También señaló el papel de la ciudadanía, la prensa y el Ministerio Público frente a ese riesgo. Una declaració2n que es mu genérica, pero algo es algo.
El Congreso tampoco puede calificarse como completamente inactivo. En junio aprobó el Decreto 15-2026, Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo, y el Decreto 16-2026, que asignó recursos para fortalecer al Tribunal Supremo Electoral de cara al proceso de 2027.
Sectores empresariales y gremiales periodísticos también se han pronunciado frente a recientes denuncias y amenazas relacionadas con investigaciones sobre narcopolítica.
Y el Ministerio Público informó que fiscales que investigan organizaciones relacionadas con narcotráfico, extorsión y tráfico de armas han recibido amenazas y que se adoptaron medidas de protección.
Por tanto, la fotografía actual muestra declaraciones pero aún faltan las acciones, pero los audios incriminan a muchos, de los que no aparecen pero todos saben quienes son.
Hay voces.
La pregunta ahora es:
¿EXISTE UNA RESPUESTA?
Porque pronunciarse no equivale todavía a construir una estrategia nacional.
Lo que sigue sin observarse con suficiente claridad es una discusión articulada entre Gobierno, Congreso, partidos políticos, instituciones electorales, sector privado, centros de pensamiento, academia, prensa y sociedad civil alrededor de una pregunta específica:
¿Cómo impedir que recursos provenientes de estructuras criminales penetren las campañas electorales de 2027?
El problema ha evolucionado.
Ya no estamos únicamente frente al silencio.
Estamos frente a voces dispersas que todavía necesitan convertirse en una respuesta institucional coordinada.
ESTADOS UNIDOS ELEVA LA ADVERTENCIA
El contexto cambió nuevamente esta semana.
La Embajada de Estados Unidos en Guatemala advirtió públicamente, antes de las elecciones de 2027, que Washington mantiene “cero tolerancia” frente a narcotraficantes y quienes les proporcionen cobertura política.
Es una declaración que debe analizarse por su contenido y por el momento en que se produce.
No habla únicamente de narcotráfico.
Introduce expresamente una segunda dimensión:
cobertura política.
Y coloca el mensaje dentro del horizonte electoral de 2027.
La pregunta para Guatemala, sin embargo, no debería limitarse a:
¿Qué hará Estados Unidos?
La pregunta fundamental debe ser:
¿QUÉ HARÁ GUATEMALA?
Una democracia no puede delegar en otro país la protección de la integridad de sus elecciones.
DE LA COOPERACIÓN A LAS OPERACIONES CONTRA LAS ESTRUCTURAS
Guatemala y Estados Unidos ya fortalecen mecanismos de cooperación bilateral contra narcotráfico y crimen organizado transnacional.
El Ministerio de Gobernación informó en junio que ambos países avanzan en coordinación estratégica, intercambio de capacidades y esfuerzos contra redes criminales; Guatemala participa además en la Coalición contra los Cárteles de las Américas.
Ese esfuerzo es necesario. Pero la estrategia debe evolucionar.
El modelo tradicional persigue:
DROGA → CARGAMENTO → RUTA → TRAFICANTE
El nuevo escenario exige agregar:
DINERO → INTERMEDIARIO → EMPRESA → OPERADOR → CAMPAÑA → RELACIÓN POLÍTICA
Porque decomisar droga golpea una operación.
Seguir el dinero puede revelar la estructura de poder.
Las acciones coordinadas de las fuerzas de seguridad deben continuar contra rutas, organizaciones y estructuras territoriales, pero acompañadas por inteligencia financiera y capacidades investigativas que permitan determinar hacia dónde se desplazan los recursos generados por esas organizaciones.
LA LEY ANTILAVADO: UNA HERRAMIENTA, NO LA SOLUCIÓN COMPLETA
Guatemala cuenta ahora con una herramienta adicional.
La nueva legislación integral contra el lavado de dinero actualizó un marco jurídico que tenía más de dos décadas y fortaleció, entre otros componentes, las capacidades de la Intendencia de Verificación Especial.
Según información divulgada por el Congreso, la IVE reportó el año anterior posibles operaciones relacionadas con lavado por más de Q15 mil 802 millones, vinculadas a 2,592 personas.
La magnitud permite comprender el problema. El dinero criminal necesita moverse. Necesita convertirse. Necesita esconder su origen. Y eventualmente puede intentar transformarse en influencia. Por eso la legislación antilavado no debería analizarse separadamente de la seguridad y de las elecciones.
Las tres dimensiones forman parte del mismo sistema preventivo.
ANTES DE 2027: SEIS ACCIONES
El Centro de Estudios del Poder considera que esperar al inicio formal de la campaña electoral sería un error.
Guatemala puede actuar desde ahora en seis áreas:
- Inteligencia sobre financiamiento ilícito. Integrar, dentro del marco legal, información financiera, criminal y electoral para identificar patrones de riesgo.
- Seguir el dinero. Examinar no solamente aportes declarados, sino proveedores, publicidad, transporte, combustible, movilización territorial y gastos efectuados mediante terceros.
- Profundizar la cooperación internacional. Intercambiar inteligencia sobre narcotráfico, lavado de activos, organizaciones transnacionales y movimientos financieros, preservando las competencias y soberanía de las instituciones guatemaltecas.
- Crear alertas electorales tempranas. Identificar gastos anómalos, estructuras territoriales desproporcionadas, proveedores recurrentes y movimientos financieros incompatibles con los recursos declarados.
- Proteger a quienes pueden romper el silencio. Fiscales, periodistas, empresarios, funcionarios, denunciantes y testigos difícilmente proporcionarán información si consideran que hacerlo puede costarles la vida. Las amenazas reconocidas recientemente contra fiscales muestran que esta dimensión no es teórica.
- Mantener el seguimiento periodístico. Una revelación no debe desaparecer porque al día siguiente aparezca otra noticia.
PRENSA: CUANDO TERMINA EL ESCÁNDALO COMIENZA LA INVESTIGACIÓN
El periodismo puede cometer un error cuando considera que su trabajo termina después de publicar un audio. En realidad, allí debería comenzar la segunda etapa. ¿Quiénes aparecen?¿Qué relaciones existen? ¿Qué negocios fueron mencionados? ¿Qué documentos pueden comprobarse? ¿Qué ocurrió con los recursos? ¿Qué autoridades conocieron la información? ¿Se abrió una investigación? ¿Qué ocurrió tres meses después? ¿Qué ocurrió seis meses después?
El poder conoce perfectamente el ciclo informativo.
Muchas veces ni siquiera necesita desmentir.
Le basta con esperar.
Mañana habrá otra noticia.
La responsabilidad del periodismo de investigación consiste precisamente en evitar que el paso del tiempo sustituya las respuestas.
Y las recientes denuncias de amenazas contra periodistas y fiscales recuerdan que investigar estructuras criminales puede tener costos reales.
EL VERDADERO RIESGO: NORMALIZAR LA PENETRACIÓN
El mayor peligro no consiste solamente en que un narcotraficante conozca a un político.
El problema aparece cuando alrededor de esas relaciones puede construirse un ecosistema donde:
el dinero compra acceso;
el territorio proporciona influencia;
el temor produce silencio;
la conveniencia reduce las preguntas;
y las instituciones reaccionan cuando el daño ya ocurrió.
En ese momento, el crimen organizado deja de actuar exclusivamente fuera del Estado.
Comienza a moverse:
ALREDEDOR DEL PODER.
Y cuando eso ocurre, capturar delincuentes ya no es suficiente.
Hay que proteger las instituciones.
DEL SILENCIO A LA COORDINACIÓN
Guatemala llega al período previo a 2027 con señales contradictorias.
Existe una advertencia presidencial.
Existe una advertencia estadounidense.
Existe una nueva legislación contra el lavado de dinero.
Existe cooperación bilateral en seguridad.
Existen investigaciones.
Existen periodistas haciendo preguntas.
Existen sectores empresariales que han comenzado a pronunciarse.
Y existen fiscales que, según el propio Ministerio Público, han recibido amenazas mientras investigan organizaciones criminales.
Por eso sería incorrecto concluir simplemente que Guatemala está en silencio.
El diagnóstico es más complejo y quizá más importante:
Guatemala está hablando, pero todavía debe convertir esas voces en una estrategia.
Gobierno por un lado.
Fuerzas de seguridad por otro.
Congreso por otro.
Sector privado.
Prensa.
Ministerio Público.
Sociedad civil.
Cada actor posee una parte del problema.
El desafío consiste en conectarlas antes de que las organizaciones criminales conecten las suyas.
LA PREGUNTA QUE DEBE RESPONDER EL PAÍS
El objetivo de este estudio no es fabricar culpables.
Tampoco convertir conversaciones en sentencias.
Ni asumir que cada silencio demuestra complicidad.
El propósito es identificar señales de riesgo, estudiar cómo funciona el poder y proponer mecanismos que permitan actuar antes de que las consecuencias sean irreversibles.
Porque el dinero criminal puede comprar mucho más que bienes.
Puede comprar acceso.
Puede comprar información.
Puede comprar protección.
Puede financiar estructuras.
Puede generar miedo.
Y, en determinadas circunstancias, puede intentar comprar influencia política.
Por eso, después de seguir el territorio, el dinero, las organizaciones criminales, la política, la prensa, las instituciones y el silencio, queda una pregunta que Guatemala debería comenzar a responder antes, y no después, de las elecciones:
¿ESTÁ GUATEMALA PREPARADA PARA IMPEDIR QUE EL DINERO CRIMINAL SE CONVIERTA EN PODER POLÍTICO EN 2027?
Y frente a los casos concretos que han generado indicios y preguntas permanece otra:
¿SERÁN INVESTIGADOS?
Porque investigar no significa condenar.
Significa saber.
CENTRO DE ESTUDIOS DEL PODER
El poder deja señales. Nosotros las estudiamos.
Conocimiento para fortalecer la gobernanza democrática.
