Una exfiscal colombiana denuncia presiones alrededor de la investigación contra Nicolás Petro. Sus señalamientos alcanzan a la fiscal general Luz Adriana Camargo y vuelven a colocar bajo escrutinio una trayectoria profesional que años atrás pasó por Guatemala, donde trabajó bajo la dirección de Iván Velásquez.
Por Diestra La Revista
Los nombres de ambos aparecerían posteriormente alrededor del controvertido expediente Odebrecht. Diestra La Revista comienza a reconstruir una historia que atraviesa política, justicia y poder.
Durante décadas, Colombia ha librado una batalla contra el narcotráfico que ha costado miles de vidas y enormes recursos.
Capos fueron capturados.
Carteles desaparecieron y otros ocuparon su lugar.
Toneladas de cocaína fueron decomisadas.
Pero existe una batalla considerablemente más compleja que perseguir cargamentos: impedir que el dinero ilegal, sus intereses y sus redes de influencia se aproximen a las estructuras políticas e institucionales.
Colombia conoce perfectamente ese riesgo.
Y una nueva denuncia obliga nuevamente a observarlo.
Una exfiscal rompe el silencio
Lucy Laborde, exfiscal encargada de la investigación contra Nicolás Petro, hijo del expresidente Gustavo Petro, formuló graves señalamientos sobre lo ocurrido mientras estuvo al frente del expediente.
En entrevista con la revista Semana, Laborde aseguró que la fiscal general, Luz Adriana Camargo, le planteó retirar el delito de lavado de activos del proceso contra Nicolás Petro.
Según Laborde, ella se negó.
La exfiscal ha descrito además reuniones y conversaciones internas alrededor de las consecuencias que podía tener una eventual condena por lavado de activos.
Entre sus revelaciones más recientes sostiene que existía preocupación por las consecuencias internacionales que una condena de esa naturaleza podía generar para Nicolás Petro, incluyendo su eventual inclusión en la denominada Lista Clinton.
Son acusaciones de Laborde.
No constituyen una sentencia ni demuestran por sí mismas responsabilidad de Camargo.
La Fiscalía colombiana ha rechazado que hayan existido instrucciones destinadas a afectar la autonomía e independencia de los fiscales.
Las dos versiones deben ser examinadas.
Pero la controversia plantea una pregunta inevitable:
¿qué ocurre cuando una investigación por presunto lavado de activos alcanza los alrededores del poder político?
Una historia que conduce hasta Guatemala
Para Guatemala, el nombre de Luz Adriana Camargo no es nuevo.
Entre 2014 y 2017 ocupó la jefatura de Investigación y Litigio de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG.
El comisionado que dirigía aquella estructura era también colombiano:
Iván Velásquez.
La relación profesional y jerárquica entre ambos está documentada.
Velásquez dirigía la Comisión.
Camargo encabezaba una de sus áreas fundamentales de investigación y litigio.
Años después, ambos alcanzarían posiciones importantes dentro del Estado colombiano.
Camargo llegó a dirigir la Fiscalía General.
Velásquez fue ministro de Defensa.
Posteriormente pasó al servicio diplomático y actualmente figura oficialmente como embajador de Colombia ante la Santa Sede.
Pero entre Guatemala y Colombia existe un capítulo que merece ser reconstruido.
3 de agosto de 2017
El nombre es conocido en prácticamente toda América Latina:
Odebrecht.
La constructora brasileña protagonizó uno de los mayores escándalos de corrupción transnacional del continente mediante el pago de sobornos para obtener contratos públicos.
Guatemala no fue la excepción.
Documentos conocidos posteriormente permiten reconstruir comunicaciones desarrolladas durante las negociaciones relacionadas con los acuerdos de colaboración eficaz del expediente guatemalteco.
Uno de esos documentos está fechado el 3 de agosto de 2017.
Se trata de un correo enviado por el abogado Juan Pablo Carrasco de Groote a un destinatario identificado como Guillermo, en el que resumía una reunión celebrada ese mismo día.
En esa reunión aparecen nombres importantes:
Iván Velásquez.
Luz Adriana Camargo.
Y representantes relacionados con el proceso guatemalteco de Odebrecht.
Los documentos divulgados posteriormente describen discusiones alrededor del procedimiento y de los acuerdos que se encontraban en negociación. Otros correos de aquel período muestran comunicaciones relacionadas con revisiones y modificaciones a esos acuerdos.
La existencia de esos documentos no demuestra, por sí misma, que Camargo o Velásquez hayan cometido un delito.
Pero permite establecer algo fundamental:
«Ambos tuvieron participación institucional en acontecimientos relacionados con el manejo del expediente Odebrecht durante su paso por Guatemala».
La carretera que Guatemala todavía recuerda
El caso Odebrecht no fue una discusión abstracta para los guatemaltecos.
Tuvo una obra concreta.
La empresa brasileña recibió un contrato de aproximadamente US$399 millones para ampliar a cuatro carriles la carretera CA-2 Occidente, desde Cocales hacia Tecún Umán, en la frontera con México.
El proyecto quedó inconcluso.
Posteriormente las investigaciones establecieron la existencia de pagos ilícitos relacionados con la adjudicación de la obra.
Odebrecht llegó a ofrecer una reparación de US$17.9 millones al Estado guatemalteco, equivalente al monto de los sobornos identificados entonces.
Pero existe una pregunta que Diestra investigará por separado:
¿cuánto recuperó finalmente Guatemala y cuál fue el verdadero costo que dejó una obra multimillonaria inconclusa? Y que ahorra en el abandono se destruye.
Porque medir el daño únicamente por el valor del soborno puede contar solamente una parte de la historia.
También existen carreteras sin terminar, recursos desembolsados, años perdidos y costos posteriores para concluir aquello que originalmente debía haber sido entregado.
Los cuestionamientos llegaron después
Las actuaciones relacionadas con Odebrecht desarrolladas durante el período de CICIG fueron cuestionadas posteriormente por el Ministerio Público guatemalteco.
Los señalamientos alcanzaron tanto a Camargo como a Velásquez.
En junio de 2025, la justicia guatemalteca llegó a emitir órdenes de captura contra ambos dentro del expediente.
Camargo y Velásquez han rechazado esos señalamientos y han defendido la legalidad de sus actuaciones durante su paso por Guatemala.
Velásquez sostuvo públicamente que actuó con transparencia y dentro del marco de la ley.
También han existido fuertes cuestionamientos nacionales e internacionales sobre las actuaciones posteriores emprendidas por las autoridades guatemaltecas contra antiguos integrantes de CICIG.
Por eso esta historia requiere documentos y no consignas.
Casi una década después
El escenario ahora es Colombia.
El expediente es diferente.
Los protagonistas investigados son otros.
Y sería incorrecto afirmar que Odebrecht y el caso Nicolás Petro constituyen una misma trama.
No existe evidencia que permita hacerlo.
Pero existe una coincidencia institucional que merece ser observada.
En Guatemala, Camargo ocupó una posición desde la cual participó en investigaciones y decisiones de enorme trascendencia bajo la dirección de Iván Velásquez.
Hoy ocupa la posición más importante del Ministerio Público colombiano.
Y una fiscal que tuvo bajo su responsabilidad un expediente políticamente explosivo sostiene que desde los niveles superiores de la institución se intentó modificar una acusación por lavado de activos.
Eso debe investigarse.
Las rutas oscuras del poder
El narcotráfico moderno no puede comprenderse únicamente observando cultivos, laboratorios, avionetas o cargamentos.
Hay que seguir el dinero.
Hay que observar las instituciones.
Hay que revisar las decisiones.
Y cuando aparecen denuncias, hay que preguntar quién decidió, quién obtuvo un beneficio y bajo qué fundamentos se adoptó cada determinación.
No significa que toda decisión favorable a una persona investigada constituya corrupción.
Tampoco significa que una acusación sea automáticamente verdadera.
Significa que cuando política, dinero e instituciones coinciden en un mismo expediente, el escrutinio debe ser mayor.
Diestra comienza a reconstruir la historia
Esta es solamente la primera entrega.
Durante los próximos días, Diestra La Revista reconstruirá documentos y acontecimientos ocurridos en Colombia y Guatemala.
Revisaremos las denuncias de Lucy Laborde.
El expediente Nicolás Petro.
La trayectoria conjunta de Camargo y Velásquez.
Los correos de 2017.
Las negociaciones de Odebrecht.
La carretera inconclusa en Guatemala.
Y posteriormente otras decisiones adoptadas desde las estructuras políticas, judiciales y de seguridad colombianas.
No partimos de una sentencia.
Partimos de documentos, denuncias y preguntas.
Porque existen rutas del narcotráfico que pueden observarse en un mapa.
Otras solamente aparecen cuando se sigue el dinero.
Y existen algunas considerablemente más difíciles de reconstruir:
las rutas que conducen hacia el poder.
LA TRILOGÍA DEL PODER
Colombia • México • Guatemala
Diestra reconstruye las rutas oscuras del poder.
Pero Colombia no es la única ruta que Diestra comenzará a recorrer. La investigación se mueve ahora hacia México, un país que durante décadas ha combatido a poderosos carteles mientras permanece abierta una pregunta todavía más difícil: ¿hasta dónde logró penetrar el narcotráfico los espacios políticos, institucionales y de seguridad del Estado?Capturas, extradiciones, acusaciones contra funcionarios y políticos, testimonios y expedientes han alimentado durante años una historia en la que algunas veces resulta difícil establecer dónde termina el poder criminal y dónde comienza el poder político.
Una película recientemente estrenada por Netflix vuelve precisamente sobre uno de esos momentos: la captura de Joaquín “El Chapo” Guzmán y la historia de los policías que tuvieron al narcotraficante más buscado de México bajo su custodia. Netflix recrea aquel episodio. Diestra irá más allá de la película para preguntar qué ocurrió después y qué está ocurriendo ahora. Porque capturar a un capo puede cerrar una operación policial, pero no necesariamente termina con las redes construidas alrededor de su poder. La próxima ruta conduce a México. Y la pregunta será todavía más incómoda: cuando el narcotráfico consigue acercarse al poder, ¿quién captura realmente a quién?
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