Los audios que dejaron una pregunta abierta en Colombia: ¿hasta dónde llegaron los acuerdos con el Clan del Golfo?
DIESTRA LA REVISTA reconstruye una conversación ocurrida al inicio del gobierno de Gustavo Petro, las decisiones que quedaron bajo cuestionamiento y las investigaciones que cuatro años después buscan determinar si se cruzaron los límites de una negociación de paz.
BOGOTÁ.— “Juguemos a los congelados”. La frase parece pertenecer a una fábula, pero fue pronunciada en una conversación real. El 2 de septiembre de 2022, apenas unas semanas después de la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia de Colombia, el entonces alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, sostuvo un encuentro con Luis Armando Pérez, alias “Jerónimo”, integrante del Clan del Golfo. En las grabaciones reveladas en junio de 2026 por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol aparece una conversación que hoy obliga a revisar hasta dónde podían llegar los acercamientos del Estado con una organización criminal.
Cuando Rueda propuso “jugar a los congelados”, su interlocutor preguntó si aquello incluía al Ejército y la Policía. Rueda respondió afirmativamente. Pero la conversación fue más allá. Según los audios publicados, se discutieron el cese de bombardeos, operaciones de la Fuerza Pública y una denominada “limpieza” o “depuración” en la inteligencia policial. En otro momento, Rueda afirmó que había hablado con el entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, sobre operaciones con bombardeos. También se abordaron órdenes de captura y extradición dentro de un eventual proceso de negociación.
¿NEGOCIAR LA PAZ O COMPROMETER AL ESTADO?
Buscar una salida negociada a un conflicto no constituye por sí mismo una ilegalidad. El problema que dejan planteado las grabaciones es diferente: ¿qué podía ofrecer legítimamente un comisionado de Paz y qué decisiones correspondían a otras autoridades del Estado?
La investigación periodística de Noticias Caracol sostiene que en la conversación se ofrecieron medidas relacionadas con operaciones militares y policiales. El propio material publicado recoge la petición de retirar grupos de infiltración de zonas donde operaba el Clan del Golfo y las respuestas de Rueda sobre bombardeos y depuración de inteligencia.
Eso abre una cuestión que trasciende a sus protagonistas: si una organización criminal pide modificaciones sobre las estructuras que la persiguen, ¿puede el Estado aceptar esas condiciones y bajo qué autoridad?
La pregunta no equivale a una sentencia. Determinar si existieron conductas ilegales, extralimitación de funciones, abuso de autoridad, favorecimiento o cualquier otra responsabilidad corresponde a los organismos competentes y, eventualmente, a los tribunales.
VELÁSQUEZ LO NIEGA…PERO?
El exministro Iván Velásquez ha rechazado una parte sustancial de la interpretación surgida de las grabaciones. Sostuvo que Danilo Rueda no tuvo participación ni conocimiento en su evaluación de oficiales y que las conversaciones del entonces comisionado no determinaron sus decisiones. También defendió que la política sobre bombardeos estaba relacionada con la protección de menores reclutados por organizaciones armadas. Pero aquí la contradicción, si hubo un cese total de los ataques aéreos a las bases en la selva colombiana del Clan del Golfo. Los registros muestran que esa petición de los criminales se ejecutó; entonces la realidad muestra la verdad por encima de las declaraciones.
Rueda, por su parte, ha sostenido que se trataba de una conversación exploratoria y que aquellos intercambios no tuvieron los efectos que se les atribuyen.
Tenemos entonces los audios y las explicaciones posteriores de quienes aparecen vinculados al episodio. Resolver las contradicciones entre unos y otras ya no corresponde al debate político: corresponde a la investigación.
LA JUSTICIA YA ABRIÓ EL EXPEDIENTE
Un día después de hacerse públicas las grabaciones, la Procuraduría abrió una indagación contra cuatro exfuncionarios: Danilo Rueda, Iván Velásquez, Jorge Lemus y Ricardo Rey Rosanía. El organismo comenzó a recopilar elementos relacionados con los ofrecimientos que habrían sido realizados durante aquellos acercamientos.
La Fiscalía General de la Nación también incorporó una indagación contra Rueda, Velásquez y otros exfuncionarios para determinar si se cometió algún delito alrededor de los supuestos ofrecimientos de beneficios al Clan del Golfo. La actuación fue asumida por la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia. Una indagación no supone culpabilidad: precisamente su objeto es establecer qué ocurrió y si existe fundamento para avanzar penalmente. Aunque hay un temor latente, la objetividad de la Jefe de la Fiscalía General, Luz Adriana Camargo, contra quien se han levantado acusaciones de mala practica, no solamente en Colombia, también en Guatemala, sobretodo porque por muchos años fue subalterna del aun embajador ante el Vaticano y exministro de la Defensa Ivan Velazquez. A Camargo y a Velázquez, junto a grupo de exfuncionarios judiciales y abogados guatemaltecos, se les señala de una negociación bajo la mesa en el tema de la constructora brasileña Oderbecht, Guatemala fue el país que nunca recibió una compensación, aun cuando fue defraudada por casi 400 millones de dólares. El país recibió poco mas de 17 millones de dólares, que nunca se confirmó si ingresaron a las arcas de la nación centroamericana
Por ello, DIESTRA LA REVISTA no pretende sustituir a los jueces ni anticipar una conclusión penal. Pero los hechos conocidos permiten formular preguntas que el Estado colombiano deberá responder.
¿Existieron acuerdos que excedían las facultades de quienes negociaban?
¿Hubo decisiones legítimas dentro de una estrategia de paz?
¿Existió abuso de autoridad?
Porque los relevos de oficiales del Ejército y de la policía colombiana fueron inmediatos y en una cifra considerable, cerca de 50 entre generales y coroneles, fueron enviados a retiro antes de su tiempo de servicio. Hechos hay, lo que falta es conocer el avance de las investigaciones.
¿Alguna estructura criminal consiguió influir sobre decisiones de seguridad del Estado?
¿O los audios reflejan conversaciones exploratorias que nunca llegaron a convertirse en decisiones, como sostiene Rueda?
La justicia tendrá que establecerlo.
DEL MINISTERIO AL VATICANO
Existe además una circunstancia política que añade otra dimensión al expediente. Iván Velásquez ya no es ministro de Defensa. Actualmente representa a Colombia como embajador ante la Santa Sede, según la propia Cancillería colombiana.
El nombramiento diplomático no constituye prueba de protección ni implica responsabilidad alguna por los hechos investigados. Pero mientras existe una indagación que busca determinar lo ocurrido durante su paso por Defensa, resulta legítimo preguntar por qué un exfuncionario incluido en esas actuaciones continúa representando internacionalmente al Estado colombiano y qué consecuencias institucionales deberían producirse si las investigaciones avanzan.
La cuestión es especialmente importante porque un cargo puede terminar y otro puede comenzar, pero la responsabilidad por las decisiones tomadas durante el ejercicio del poder no desaparece con un nombramiento.
¿QUIÉN INVESTIGA A QUIÉN?
Existe todavía otro elemento que merece escrutinio público.
La fiscal general Luz Adriana Camargo y Velásquez poseen una extensa historia profesional compartida. Trabajaron en investigaciones de parapolítica en la Corte Suprema de Justicia y, posteriormente, Camargo integró la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Entre 2014 y 2017 fue jefa del Departamento de Investigación y Litigio de esa comisión, cuando Velásquez estaba al frente de la institución.
Ese antecedente no demuestra falta de independencia, encubrimiento ni irregularidad alguna. Tampoco permite concluir que la fiscal general intervenga personalmente en las actuaciones contra Velásquez; la indagación reportada está en manos de fiscales delegados ante la Corte Suprema.
Pero en una investigación que involucra a antiguos altos funcionarios, la independencia de quienes investigan, y la confianza pública en esa independencia, adquiere particular relevancia.
La pregunta, por tanto, no debe formularse como una acusación contra Camargo, sino como una exigencia institucional:
¿QUIÉN INVESTIGA A QUIENES TUVIERON EL PODER?
Y, sobre todo:
¿EXISTEN SUFICIENTES GARANTÍAS PARA QUE LA INVESTIGACIÓN LLEGUE HASTA DONDE DEBA LLEGAR?
CUATRO AÑOS DESPUÉS
Desde aquella conversación del 2 de septiembre de 2022 han transcurrido más de cuatro años. Las grabaciones, sin embargo, solamente se conocieron públicamente en junio de 2026; por eso sería incorrecto describir todo ese período como cuatro años de inacción judicial. Las investigaciones comenzaron después de hacerse públicas las revelaciones.
Pero el tiempo importa.
Importa porque durante esos años Colombia continuó enfrentando el crecimiento y transformación de sus organizaciones criminales. Importa porque las decisiones de seguridad producen consecuencias que pueden prolongarse mucho después de que sus responsables abandonan los cargos. E importa porque una democracia necesita saber si quienes ejercieron el poder lo hicieron dentro de los límites que establece la ley.
El poder puede cambiar de manos.
Los cargos pueden terminar.
Pero las preguntas permanecen.
Será la justicia colombiana la que determine si detrás de aquellos audios hubo decisiones legítimas de una política de paz, extralimitaciones, conductas eventualmente ilegales o responsabilidades de otra naturaleza.
DIESTRA LA REVISTA no dicta esa sentencia.
Pero después de escuchar las grabaciones, reconstruir las decisiones, conocer las respuestas de los involucrados y observar quiénes tienen ahora la responsabilidad de investigar, queda una pregunta que resume El Reino de los Congelados:
¿LOS ALCANZARÁ LA JUSTICIA?
Y quizá otra todavía más inquietante:
¿O TAMBIÉN LA JUSTICIA TERMINARÁ CONGELADA?
LAS FÁBULAS DEL PODER
DIESTRA LA REVISTA
Esta investigación continuará en TERRITORIOS DEL PODER y será objeto de seguimiento analítico por el CENTRO DE ESTUDIOS DEL PODER.
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