COCA · TERRITORIO · VIOLENCIA · POLÍTICA
¿Qué ocurre cuando una organización criminal comienza a ejercer funciones de seguridad y control social que corresponden al Estado?
Por Diestra La Revista y el Centro de Estudios del Poder.
Colombia enfrenta un problema que va mucho más allá de cuánta coca produce o cuánta cocaína logra salir de sus costas. En diferentes regiones, estructuras armadas ilegales disputan corredores, economías ilícitas y territorios, mientras comunidades enteras quedan sometidas a reglas, restricciones y mecanismos de coerción que no necesariamente proceden del Estado. La pregunta comienza entonces a cambiar: ya no es solamente cuánto crimen existe, sino quién tiene realmente la capacidad de imponer el orden.
El fenómeno ocurre mientras el país continúa registrando una enorme superficie dedicada a la coca. El informe más reciente del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI), elaborado por el Gobierno colombiano y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), identificó 261 mil hectáreas de coca en 2024, frente a 253 mil en 2023, un incremento de 3.5%. La región Pacífico alcanzó 121,612 hectáreas y Catatumbo 48,739; simultáneamente, las incautaciones de cocaína aumentaron de 746,285 kilos en 2023 a 889,201 kilos en 2024.
LA COCA CRECE, PERO EL PROBLEMA ES EL TERRITORIO
En 2022 Colombia registraba unas 230 mil hectáreas cultivadas con coca; en 2023 la cifra aumentó a 253 mil y el monitoreo correspondiente a 2024 la situó en 261 mil. El cambio resulta todavía más significativo al observar una década completa: frente a las aproximadamente 69 mil hectáreas registradas en 2014, la superficie cultivada en 2024 fue casi 3.8 veces mayor, lo que equivale a un incremento cercano al 278%.
Pero las hectáreas solamente cuentan una parte de la historia.
La coca necesita territorio. Necesita caminos, ríos, laboratorios, corredores hacia las costas, fronteras, protección logística y mecanismos para transformar posteriormente la producción en dinero. Por eso, estudiar el narcotráfico únicamente contando plantaciones o toneladas incautadas puede ocultar una dimensión fundamental: la capacidad territorial de las organizaciones que participan de esas economías ilegales.
La Defensoría del Pueblo viene documentando durante 2026 múltiples escenarios de expansión, consolidación y disputa entre estructuras armadas. En Atrato, Chocó, por ejemplo, advirtió sobre control territorial del ELN en áreas rurales y la expansión del autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) en busca del control de minería ilegal y rutas del narcotráfico.
En Cáchira y La Esperanza, Norte de Santander, la institución fue todavía más explícita: señaló que las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada habían pasado de una presencia discreta a un “control territorial efectivo”, aprovechando el repliegue de otra organización y condiciones de vulnerabilidad institucional.
CUANDO CONTROLAR EL TERRITORIO SIGNIFICA CONTROLAR A LA GENTE
Aquí aparece un fenómeno todavía más profundo.
Una organización criminal no necesita sustituir completamente al Estado para ejercer poder. Puede convivir con alcaldías, policías, juzgados, escuelas y otras instituciones públicas y, simultáneamente, imponer determinadas reglas sobre una comunidad.
La Defensoría ha empleado conceptos que ayudan a dimensionar el problema. En una alerta correspondiente a Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta describió un escenario donde confluyen conflicto armado y criminalidad organizada alrededor de economías ilegales, fragmentación de actores y “mecanismos de regulación coercitiva” sobre la población.
En otras palabras, la organización ya no solamente delinque.
Regula.
Decide quién puede operar.
Puede imponer horarios o restricciones.
Puede extorsionar.
Puede controlar determinados negocios.
Puede limitar movimientos.
Puede castigar a quien incumple sus órdenes.
Y, en determinadas circunstancias, incluso puede intentar controlar formas de delincuencia común dentro del territorio que domina.
Aquí aparece una de las grandes paradojas de la seguridad contemporánea:
Un territorio puede parecer tranquilo y, sin embargo, encontrarse profundamente sometido.
MENOS DELINCUENCIA NO SIEMPRE SIGNIFICA MÁS ESTADO
Cuando una organización pretende controlar un territorio, el delincuente independiente también puede convertirse en un problema para ella. Robos, agresiones o conflictos desordenados atraen policías, generan denuncias, alteran negocios y desafían la autoridad que esa estructura intenta ejercer.
Por eso existen escenarios de gobernanza criminal en los que determinadas conductas son prohibidas o castigadas por actores ilegales.
El resultado puede resultar engañoso.
Puede disminuir cierto delito callejero.
Los comercios pueden funcionar.
Las calles pueden aparentar tranquilidad.
Pero la pregunta correcta no sería solamente:
¿hay menos delincuencia?
Sino:
¿QUIÉN IMPONE ESE ORDEN?
Porque si una comunidad obedece no a la ley sino a las reglas de una estructura armada, la aparente tranquilidad puede esconder algo mucho más grave: el desplazamiento parcial de una función esencial del Estado.
EL PRECIO DEL ORDEN CRIMINAL
La diferencia entre seguridad pública y control criminal es fundamental.
El Estado está sometido constitucionalmente a leyes, jueces, procedimientos, controles y derechos ciudadanos. Una organización armada ilegal impone su autoridad mediante capacidad coercitiva.
Y las consecuencias pueden ser devastadoras.
En El Litoral del San Juan, Chocó, la Defensoría documentó este año el confinamiento forzado de 1,367 personas pertenecientes a 465 familias, afectadas por restricciones de movilidad impuestas en medio de la disputa entre estructuras armadas. Las comunidades reportaron dificultades incluso para pescar, cazar y cultivar. El territorio es considerado estratégico para rutas hacia el Pacífico, minería ilegal y otras economías.
En Popayán, una alerta emitida el pasado 23 de agosto identificó riesgos para las nueve comunas y los 23 corregimientos de la ciudad por los intereses de control territorial de grupos armados ilegales y estructuras criminales. La Defensoría señaló además la importancia de corredores que conectan Cauca con Huila, Nariño y Valle del Cauca.
Y el 9 de agosto, la misma institución expresó preocupación por ataques, hostigamientos y hechos relacionados con explosivos registrados en diferentes departamentos, especialmente Cauca y Nariño, pero también Cesar, Antioquia, Tolima, Huila, Arauca, Caldas, Bolívar, Meta y Guaviare.
No se trata, por tanto, de un solo territorio ni de una sola organización.
Es un mapa de poder en permanente movimiento.
COCA, DINERO Y PODER
La relación puede entenderse como un círculo:
COCA → DINERO → CAPACIDAD ARMADA → TERRITORIO → CONTROL SOCIAL → PROTECCIÓN DE ECONOMÍAS ILEGALES → MÁS DINERO.
No significa que toda zona productora de coca esté gobernada por criminales ni que todas las organizaciones funcionen de la misma manera.
Pero sí explica por qué el control territorial resulta tan importante.
Balboa, Cauca, ofrece otro ejemplo. La Defensoría lo describe como corredor estratégico para estructuras armadas debido a su conexión con otras zonas del Cauca, Nariño y el Pacífico y por el interés en rentas provenientes de minería ilegal y tráfico de coca.
En Sitionuevo, Magdalena, la disputa entre estructuras armadas está vinculada al interés por la Ciénaga Grande de Santa Marta como corredor para el tránsito de estupefacientes y armas.
El territorio produce entonces algo más valioso que una simple posición en el mapa:
Produce poder.
EL ESTADO SIGUE PRESENTE: EXISTE UNA DISPUTA
Sería incorrecto concluir que el Estado colombiano ha desaparecido de esos territorios.
Colombia mantiene Fuerzas Militares, Policía, Fiscalía, instituciones territoriales, operaciones contra organizaciones ilegales, incautaciones y destrucción de infraestructura utilizada para producir drogas. Las propias cifras de 2024 muestran un incremento del 19% en las incautaciones de cocaína, hasta superar las 889 toneladas, mientras fueron destruidos 5,226 laboratorios ilegales.
Por eso la palabra correcta es disputa.
En algunos territorios el Estado conserva capacidad predominante; en otros enfrenta organizaciones que buscan expandirse; y existen lugares donde la propia Defensoría documenta consolidación, control social o autoridad de facto.
Ese matiz resulta esencial.
“Cuando el crimen quiere gobernar” no significa que el crimen gobierne Colombia.
Significa que determinadas organizaciones pueden aspirar a ejercer, en determinados territorios, funciones de autoridad que corresponden al Estado.
PAZ TOTAL: ¿QUÉ OCURRIÓ EN LOS TERRITORIOS?
Esta realidad obliga también a examinar la política de Paz Total desarrollada durante el gobierno de Gustavo Petro.
La pregunta no debe plantearse ideológicamente.
Debe responderse con datos:
¿Qué organizaciones negociaron?
¿Cuáles redujeron sus acciones?
¿Cuáles se fragmentaron?
¿Cuáles aumentaron su presencia territorial?
¿Qué ocurrió durante los ceses al fuego?
¿Qué territorios ganó o perdió cada estructura?
Y especialmente:
¿alguna organización utilizó los espacios proporcionados por las negociaciones para fortalecerse?
Eso no puede darse por demostrado sin reconstruir organización por organización y territorio por territorio.
La discusión sigue teniendo efectos concretos. En mayo de este año, la Defensoría intervino en el debate sobre las Zonas de Ubicación Temporal y las suspensiones de órdenes de captura para integrantes de organizaciones involucradas en procesos de paz, recordando que esas decisiones extraordinarias tienen límites constitucionales y legales.
Y ENTONCES APARECIERON LOS AUDIOS
Aquí comienza otro capítulo.
Grabaciones divulgadas en junio atribuidas a conversaciones sostenidas en 2022 por el entonces alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, con interlocutores relacionados con el Clan del Golfo abrieron interrogantes sobre los primeros contactos que precedieron a las negociaciones de Paz Total.
Los audios han provocado además versiones contradictorias entre antiguos funcionarios. El exministro de Defensa Iván Velásquez negó públicamente varias afirmaciones que Rueda habría realizado durante esas conversaciones.
Pero DIESTRA LA REVISTA considera que los audios no deben analizarse mediante interpretaciones aisladas.
Deben convertirse en una cronología verificable.
¿QUÉ DIJERON?
Hay que escuchar las grabaciones completas y establecer qué palabras corresponden a cada interlocutor.
¿QUÉ SE OFRECIÓ O ACORDÓ?
Debe diferenciarse entre una propuesta, una conversación exploratoria, un compromiso político y un acuerdo formal.
¿QUÉ OCURRIÓ DESPUÉS?
Hay que comparar las conversaciones con decisiones posteriores del Gobierno, Ministerio de Defensa, Fuerzas Militares y organismos responsables de la política de paz. Aunque aqui, el aún embajador de Colombia en el Vaticano, si confirmó el cese de operaciones aéreas con la justificación de la presencia de menores de edad en las filas rebeldes. Y en efecto hubo cese de operaciones, pero ademas los audios hablaban de purgas en manos del Ejército y la Policía y estos también sucedieron. Decir que los audios son una cosa y las acciones otras, es tratar de cerrarle a los colombianos los ojos y oídos.
¿QUIÉN INVESTIGÓ?
Finalmente debe establecerse qué actuaciones emprendieron Fiscalía, Procuraduría u otras autoridades; contra quiénes; por qué hechos y con qué resultados. Aquí aparece otro elemento que requiere análisis mas serio y profundo, la Fiscal General registra haber sido subalterna del exministro de la Defensa, Ivan Velázquez, la pregunta que surge: estará siendo juez y parte?
Y existe una última pregunta inevitable:
¿QUIÉN PERSIGUE A QUIÉN: LA LEY, LOS ADVERSARIOS POLÍTICOS O AMBOS EN DISTINTOS MOMENTOS?
La respuesta no puede anticiparse.
Debe demostrarla la evidencia.
Ese será el objeto de una siguiente entrega de DIESTRA LA REVISTA.
LAS CÁRCELES TAMBIÉN SON TERRITORIO
La discusión colombiana forma parte además de un problema latinoamericano más amplio.
Un informe estratégico sobre fronteras sudamericanas incorporado a nuestra documentación plantea que el crimen organizado debe entenderse como un ecosistema donde convergen drogas, armas, lavado, contrabando, trata, fronteras porosas y corrupción institucional. En el caso ecuatoriano identifica puertos y cárceles como centros de gravedad, advirtiendo que controlar solamente las fronteras resulta insuficiente.
El concepto merece atención.
Una prisión debería representar uno de los espacios de mayor control estatal.
Pero si una organización mantiene desde ella capacidad de mando, comunicación, extorsión o dirección exterior, aparece una contradicción:
El Estado puede controlar el edificio sin controlar completamente el poder que opera dentro de él.
Colombia, Ecuador, México, Brasil y Guatemala presentan experiencias diferentes que DIESTRA LA REVISTA y el Centro de Estudios del Poder analizarán separadamente.
CUANDO EL CRIMEN QUIERE GOBERNAR
Durante décadas Colombia ha combatido diferentes manifestaciones de un mismo problema.
Cambiaron los grandes carteles.
Se desmovilizaron organizaciones.
Aparecieron nuevas estructuras.
Se firmaron acuerdos de paz.
Surgieron disidencias.
Cambió la política antidrogas.
Cambió nuevamente la estrategia de seguridad.
Pero la coca permanece y las economías ilegales continúan generando recursos suficientes para alimentar nuevas estructuras de poder.
Por eso quizás la pregunta que Colombia enfrenta ya no sea solamente cómo reducir los cultivos o detener la cocaína antes de que alcance los mercados internacionales.
Existe otra pregunta anterior:
¿QUIÉN CONTROLA EL TERRITORIO?
Porque cuando una organización criminal comienza a decidir qué está permitido, quién puede operar, cómo debe comportarse una comunidad y qué castigo recibe quien desobedece, el problema deja de ser exclusivamente policial.
Se convierte en una disputa sobre autoridad, soberanía y poder.
Y entonces aparece la pregunta que da nombre a esta investigación:
¿QUÉ OCURRE CUANDO EL CRIMEN QUIERE GOBERNAR?
DIESTRA LA REVISTA continuará esta investigación con una segunda entrega dedicada a los audios: qué dijeron, qué se habría acordado, qué ocurrió después y qué hicieron las instituciones encargadas de investigar. Reconstruiremos la historia detrás de los audios que rodearon los primeros contactos de la política de Paz Total: qué se dijo, quiénes participaron, qué compromisos se plantearon, qué decisiones se tomaron después y qué actuaciones emprendieron las instituciones encargadas de investigar. La pregunta será tan importante como los propios audios: ¿lo ocurrido después coincide con lo que se habló antes?
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