Después de años en los que organizaciones armadas disputaron rutas, economías ilegales y espacios al Estado, Colombia ha colocado nuevamente el control territorial en el centro de su estrategia de seguridad. La verdadera medida del éxito, sin embargo, no estará solamente en las bajas, capturas o incautaciones: estará en determinar si las comunidades pueden volver a vivir sin miedo.
https://youtube.com/shorts/MupjLFO4Vfc
Por Diestra La Revista
Durante demasiado tiempo, hablar de determinadas regiones de Colombia significó hablar de una realidad que muchas veces resultaba distante para quienes observaban desde las grandes ciudades. Allí donde la presencia institucional era débil, otros poderes encontraron espacio para crecer. Grupos armados, organizaciones dedicadas al narcotráfico y estructuras criminales convirtieron caminos, ríos, poblaciones y economías locales en escenarios de una disputa que terminó afectando, sobre todo, a quienes simplemente querían vivir, trabajar y criar a sus familias.
Ese es el verdadero significado de la batalla por el territorio.
No se trata únicamente de kilómetros cuadrados sobre un mapa. Un territorio comienza a perderse cuando una familia teme denunciar, cuando un comerciante debe pagar para poder abrir su negocio, cuando un campesino modifica su vida por las órdenes de un grupo armado o cuando un joven descubre que el poder que encuentra frente a su casa no es el de la ley, sino el de un fusil.
Una orden: recuperar el territorio
El gobierno del presidente Abelardo De La Espriella ha decidido colocar esa realidad en el centro de su política de seguridad. El 30 de agosto, el mandatario ordenó a la cúpula militar y policial recuperar el control territorial, fortalecer la autoridad estatal, proteger a la población, atacar las estructuras criminales y perseguir sus finanzas.
La directriz no quedó solamente en el discurso. Ese mismo fin de semana, el Gobierno reportó 111 capturas en la denominada Operación Diamante contra estructuras vinculadas al secuestro y la extorsión, además de otras acciones contra organizaciones armadas. De acuerdo con la información oficial, 71 de esas detenciones estaban relacionadas con extorsión y 25 con secuestro.
En el suroriente del país, la ofensiva tiene además una dimensión territorial particularmente importante. El Ejército informó que durante los primeros siete meses de 2026 desarrolló operaciones en Meta, Guaviare y Vaupés dirigidas a debilitar organizaciones criminales, afectar economías ilícitas y fortalecer el control institucional.
El 25 de agosto, por ejemplo, Ejército y Policía reportaron la captura de 11 personas en Puerto Gaitán, Meta, entre ellas dos señaladas como dirigentes de una estructura de la Segunda Marquetalia. Ese mismo día, otra operación en La Macarena terminó con la destrucción de una instalación que, según el Ejército, era utilizada para procesar pasta base de cocaína.
Pero el episodio que terminó por demostrar la intensidad de esta nueva fase ocurrió en Guaviare.
Guaviare: la ofensiva sube de intensidad
La denominada Operación Azarías, desarrollada en Miraflores contra el Frente Carolina Ramírez, estructura vinculada a las disidencias de Iván Mordisco, incluyó operaciones militares y bombardeos.
El balance presentado por el Gobierno el 2 de septiembre elevó a 23 el número de integrantes de la estructura que las autoridades reportaron como “neutralizados”, además de seis capturados. Según la Presidencia, fueron incautados 28 fusiles, cuatro ametralladoras, tres pistolas y explosivos; un menor fue puesto bajo protección del ICBF. Estas cifras corresponden al balance oficial del Gobierno y deben entenderse como tales.
La operación es militarmente relevante.
Pero existe una pregunta mucho más importante.
¿Qué ocurre al día siguiente?
¿Qué pasa cuando los helicópteros se retiran, cuando termina el operativo y las cámaras abandonan el lugar?
Ahí comienza posiblemente la batalla más difícil.
Recuperar no significa solamente entrar
Un Estado puede desplegar tropas en cuestión de horas. Construir autoridad duradera requiere mucho más.
Significa carreteras transitables, escuelas funcionando, jueces capaces de actuar, policías presentes, oportunidades económicas legales, instituciones que permanezcan y ciudadanos convencidos de que denunciar a un delincuente no significará firmar su propia sentencia.
Por eso recuperar territorio y ocupar territorio son cosas distintas.
Si después de una operación militar el Estado desaparece y la organización criminal regresa, el problema solamente fue interrumpido. Si, en cambio, detrás de la Fuerza Pública llegan la justicia, los servicios públicos, la inversión y las oportunidades, el equilibrio comienza verdaderamente a cambiar.
Y ahí aparece una palabra fundamental:
Gobernabilidad.
El propio Ejército vincula sus operaciones en Meta, Guaviare y Vaupés con la protección de la población y el fortalecimiento del control institucional del territorio. La seguridad, por tanto, no debería ser entendida únicamente como la ausencia momentánea de hombres armados. Es también la capacidad efectiva del Estado para permanecer.
La paz también pertenece a quienes tuvieron miedo
Durante décadas, Colombia ha discutido cómo alcanzar la paz. Quizá otra pregunta deba acompañar ahora esa discusión:
¿Paz para quién?
Para una comunidad sometida a extorsiones, amenazas, secuestros o reclutamiento, la paz no puede ser únicamente un documento firmado lejos de su territorio.
La paz tiene una dimensión cotidiana.
Es poder abrir un negocio sin pagar una cuota criminal.
Es recorrer una carretera sin preguntar previamente quién controla el camino.
Es que un campesino pueda producir sin que una estructura armada determine qué puede transportar.
Es que un padre pueda enviar a su hijo a estudiar sin temor a que termine reclutado.
Es que un ciudadano pueda acudir a un policía, un fiscal o un juez convencido de que la autoridad legítima es más fuerte que quien lo amenaza.
Eso también es paz.
Y posiblemente sea la que durante años esperaron miles de colombianos que quedaron atrapados entre el abandono estatal y el poder de organizaciones que aprendieron a gobernar mediante el miedo.
No convertir la seguridad en venganza
Existe, sin embargo, una frontera que Colombia no debería cruzar.
La recuperación de la autoridad del Estado adquiere legitimidad precisamente porque el Estado no puede comportarse como las organizaciones que combate.
La Fuerza Pública está sometida a la Constitución, la ley y las obligaciones de protección de la población civil. El propio Gobierno ha presentado su estrategia bajo ese marco jurídico.
La firmeza no debería significar ausencia de controles. Y defender a la población exige también vigilar que las operaciones no terminen convirtiendo nuevamente a esa misma población en víctima.
Porque recuperar el territorio no debería significar reemplazar un miedo por otro.
Debe significar terminar con el miedo.
Colombia vuelve a plantear una pregunta para América Latina
Lo que está ocurriendo en Colombia trasciende sus fronteras.
En distintos puntos del continente, el crimen organizado ha dejado de comportarse únicamente como una actividad clandestina. Algunas estructuras buscan controlar rutas, puertos, economías, comunidades y espacios geográficos. Allí donde el Estado retrocede, aparece alguien dispuesto a ocupar ese vacío.
Por eso esta discusión ya no es solamente sobre narcotráfico.
Es sobre poder.
Es sobre territorio.
Es sobre soberanía.
Y, finalmente, es sobre gobernabilidad.
Colombia parece haber decidido que la recuperación de esos espacios vuelve a ser una prioridad. Los resultados iniciales muestran una ofensiva significativa; determinar si esta consigue producir seguridad duradera requerirá observar lo que ocurra después de las operaciones.
Porque la victoria no debería medirse únicamente por cuántos criminales fueron capturados, cuántas armas fueron decomisadas o cuántos laboratorios fueron destruidos.
La verdadera victoria llegará cuando una familia que durante años vivió bajo amenazas pueda cerrar la puerta de su casa por la noche sin miedo.
Cuando el comerciante deje de pagar extorsión.
Cuando el campesino vuelva a decidir sobre su tierra.
Cuando los niños puedan crecer sin que un grupo armado determine su futuro.
Cuando la ley vuelva a ser más poderosa que el fusil.
Entonces podremos hablar no solamente de territorio recuperado.
Podremos hablar de paz recuperada.
TERRITORIOS DEL PODER
COLOMBIA
¿QUIÉN MANDA AQUÍ?
En la próxima entrega, la investigación se desplaza hacia el Pacífico. Allí, Ecuador está golpeando otro componente esencial del poder criminal: las rutas y la logística que permiten que el narcotráfico siga funcionando.
DIESTRA LA REVISTA
Lea también: https://diestralarevista.com/colombia-cuando-el-crimen-quiere-gobernar/
Además: https://diestralarevista.com/puede-una-frontera-detener-esta-ruta-cocaina-·-dinero-·-poder/
Si no leyó: https://diestralarevista.com/la-mafia-de-los-intereses-parte-ii-si-la-obra-espera-que-hace-el-dinero/
