«Las Fábulas del Poder»: Política – Narco – Prensa, Capítulo 2
Washington habla de operaciones combinadas. Guatemala pone límites. Mientras las versiones chocan, una pregunta comienza a recorrer América Latina: ¿hasta dónde están dispuestos los gobiernos a llegar para impedir que el crimen organizado siga ocupando espacios de poder?
Por Diestra La Revista en alianza con Hardy Intelligence
El narcotráfico latinoamericano cambió. Y quizá una parte de los gobiernos de la región todavía no termina de comprender, o de reconocer públicamente, la dimensión de esa transformación.
Durante décadas se habló de rutas, cargamentos, pistas clandestinas, capos y decomisos. Hoy el problema es diferente. El crimen organizado posee recursos financieros, estructuras logísticas, armamento, tecnología, redes internacionales y capacidad para penetrar instituciones. La discusión ya no puede reducirse a cuántas toneladas de cocaína fueron incautadas.
La nueva batalla es por el poder.
Y Estados Unidos parece haber decidido cambiar las reglas para enfrentarla.
El secretario estadounidense Pete Hegseth afirmó durante la Coalición de las Américas Contra los Cárteles, celebrada en Panamá, que Guatemala y Honduras habían invitado a Estados Unidos a participar en operaciones combinadas contra organizaciones que Washington denomina “narcoterroristas”. No fue una filtración periodística ni una interpretación de terceros. La afirmación aparece en la transcripción oficial estadounidense y fue reproducida incluso por la Agencia Guatemalteca de Noticias.
Hegseth fue todavía más lejos al presentar la estrategia estadounidense como una extensión hacia tierra de la ofensiva desarrollada contra el narcotráfico en el ámbito marítimo. Estados Unidos está buscando ampliar las operaciones terrestres con gobiernos aliados de América Latina.
DOS VERSIONES DE UNA MISMA COOPERACIÓN
Aquí comienza el problema para Guatemala.
El Gobierno guatemalteco ha sostenido que la cooperación solicitada a Washington comprende equipos, capacitación, entrenadores, asesores e intercambio de información e inteligencia, y que las operaciones continuarían bajo conducción guatemalteca. En mayo incluso declaró expresamente que no existía un acuerdo que autorizara operaciones militares extranjeras dentro del territorio nacional.
El presidente Bernardo Arévalo reiteró posteriormente que la legislación guatemalteca no permite que fuerzas estadounidenses realicen operaciones militares armadas de la forma sugerida desde Washington.
Pero Hegseth utiliza otras palabras: “combined operations”, operaciones combinadas.
La diferencia no es semántica.
Si Washington entiende una cosa y Guatemala otra, corresponde explicar públicamente qué fue exactamente solicitado, qué fue aceptado, quién conduciría las operaciones, qué personal estadounidense podría participar, bajo qué reglas y cuáles serían los límites jurídicos de esa cooperación.
La contradicción genera una distorsión que no debería resolverse mediante silencios ni comunicados ambiguos.
Y abre una pregunta política inevitable: ¿por qué resulta tan difícil explicar con absoluta claridad un acuerdo cuyo objetivo declarado es combatir al narcotráfico?
No es necesario atribuir esa resistencia a una ideología determinada sin evidencia. La explicación también puede encontrarse en problemas constitucionales, soberanía, costo político interno y temor a una escalada militar. Pero precisamente por eso el Gobierno de Guatemala debe explicar los alcances del entendimiento.
EL NARCO YA NO TOCA LA PUERTA
Hay otra realidad mucho más incómoda.
La relación entre narcotráfico y política en América Latina dejó hace mucho tiempo de pertenecer exclusivamente al terreno de los rumores.
México, Centroamérica, Colombia, Ecuador y otros países sudamericanos han conocido investigaciones, procesos judiciales, extradiciones o acusaciones contra funcionarios, políticos, empresarios y operadores señalados por distintas formas de colaboración con organizaciones criminales.
Eso no significa que toda la política esté penetrada por el narcotráfico. Significa algo quizá más preocupante: las organizaciones criminales comprendieron que controlar territorios es importante, pero influir sobre quienes toman decisiones puede resultar mucho más rentable.
Ya no necesitan permanecer exclusivamente escondidas en la selva.
Pueden buscar abogados, empresarios, financistas, comunicadores, funcionarios, candidatos y estructuras capaces de proporcionarles legitimidad, información, contratos, protección o silencio.
El narcotráfico moderno no necesariamente pretende sustituir al Estado.
Le resulta más eficiente infiltrarlo.
POLÍTICA, NARCO Y PRENSA
La penetración tampoco termina necesariamente en los partidos políticos.
El crimen organizado necesita construir percepción.
Necesita silencio cuando conviene, ruido cuando interesa, descrédito contra adversarios y legitimidad para quienes protegen sus intereses.
Por eso los espacios de comunicación también adquieren valor estratégico.
Una democracia puede sobrevivir a un cargamento de cocaína.
Puede detener narcotraficantes.
Puede decomisar dinero.
Lo que resulta mucho más difícil de reparar es un sistema en el cual dinero criminal pueda comenzar a comprar influencia política, empresarial o comunicacional.
En ese momento el problema deja de ser exclusivamente criminal.
Se convierte en institucional.
¿Y SI LLEGAN SOLDADOS ESTADOUNIDENSES?
Esta es probablemente la pregunta que América Central tendrá que responder.
No sabemos todavía que tropas estadounidenses vayan a desplegarse en Guatemala para realizar operaciones armadas autónomas; de hecho, Guatemala niega haber autorizado algo semejante. Sería incorrecto presentarlo hoy como un hecho consumado.
Pero Washington sí está planteando una estrategia regional más agresiva y habla expresamente de operaciones combinadas.
¿Qué ocurriría si Estados Unidos propusiera llevar esa cooperación al siguiente nivel?
¿Aceptarían los gobiernos centroamericanos?
¿Se opondrían?
¿Y cuáles serían las razones?
La soberanía nacional constituye un argumento legítimo. También lo son los límites constitucionales y el riesgo de que una intervención extranjera produzca consecuencias no previstas.
Pero existe otra cara de la discusión.
¿Tiene Centroamérica capacidad suficiente para enfrentar sola a las nuevas estructuras criminales?
LA FACTURA DE LOS PROCESOS DE PAZ
Este debate obliga también a revisar una decisión histórica.
Después de los conflictos armados centroamericanos, los procesos de paz redujeron el papel, tamaño e influencia de las fuerzas armadas. Había razones políticas e históricas para hacerlo.
Décadas después apareció una amenaza diferente.
No ejércitos guerrilleros.
Ejércitos criminales.
Algunas organizaciones poseen armamento de alto poder, enormes recursos económicos, sistemas propios de inteligencia, comunicaciones sofisticadas, redes internacionales y capacidad para reclutar hombres continuamente.
No podemos afirmr, sin datos comparativos país por país, que los grupos criminales ya superan en número y capacidad de fuego a todos los ejércitos centroamericanos. Esa generalización necesita evidencia.
Pero sí existe una pregunta estratégica válida: ¿fueron diseñadas las actuales capacidades de seguridad centroamericanas para combatir organizaciones criminales transnacionales con recursos que hace treinta años eran inimaginables?
Probablemente no.
Y allí puede encontrarse una de las facturas pendientes de la posguerra: se redujeron capacidades concebidas para enfrentar amenazas del pasado, pero los Estados no siempre construyeron con igual velocidad las capacidades necesarias para enfrentar las amenazas del futuro.
EL DILEMA QUE VIENE
Estados Unidos parece haber tomado una decisión: tratar a cárteles y organizaciones criminales como una amenaza de seguridad hemisférica y utilizar herramientas militares junto con las tradicionales herramientas policiales.
Centroamérica deberá decidir cómo responde.
Aceptar sin condiciones implicaría riesgos para la soberanía?.
Rechazar toda cooperación militar también tendría consecuencias si las capacidades nacionales resultan insuficientes?.
Pero existe una tercera posibilidad: construir acuerdos transparentes, jurídicamente delimitados, bajo conducción nacional y sometidos a controles institucionales, que permitan aprovechar inteligencia, tecnología, entrenamiento y capacidad operativa estadounidense sin entregar la soberanía.
Ese debería ser el debate.
No izquierda contra derecha.
No liberales contra conservadores.
Estado contra crimen organizado.
Porque cuando una organización criminal adquiere suficiente dinero para comprar armas, suficiente violencia para controlar territorios, suficiente influencia para acercarse a la política y suficiente poder para condicionar lo que una sociedad conoce o desconoce, ya no estamos hablando simplemente de narcotráfico.
Estamos hablando de una amenaza a la democracia.
Y entonces la pregunta para Guatemala y para el resto de América Latina deja de ser si Estados Unidos quiere participar.
La pregunta verdaderamente incómoda es otra:
¿hasta dónde llegó el narcotráfico mientras los Estados discutían quién debía combatirlo?
Quién le teme a la guerra contra el narco?”
“Washington endurece su estrategia mientras Guatemala intenta delimitar el alcance de la cooperación. Detrás de la controversia aparece una discusión mayor: soberanía, capacidad militar y penetración criminal del poder.”
La investigación de la fábula plantea el caso concreto; esta pieza plantea el problema hemisférico.
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