El Gobierno confirmó el relevo del jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, adelantado en exclusiva por DIESTRA LA REVISTA. Nuevas informaciones apuntan a cambios en distintas brigadas y a una posible sustitución del ministro de la Defensa. La investigación por la muerte de ocho personas en Huité, Zacapa, abre interrogantes sobre las responsabilidades en los niveles superiores de la cadena de mando, incluido el presidente Bernardo Arévalo.
Por DIESTRA LA REVISTA
La información adelantada en exclusiva por DIESTRA LA REVISTA sobre el relevo del general de División José Geovani Martínez Milián de la jefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional fue confirmada posteriormente por el Gobierno de Guatemala. El movimiento representa el primer cambio conocido en la cúpula militar después de los acontecimientos registrados el pasado 27 de septiembre en Huité, Zacapa, donde ocho personas perdieron la vida en circunstancias que continúan bajo investigación.
El general Moisés Alexander López López, quien hasta este jueves ocupaba el cargo de viceministro de Política de Defensa y Planificación del Ministerio de la Defensa Nacional, fue designado para asumir la jefatura del Estado Mayor, en sustitución de Martínez Milián. Sin embargo, la reorganización no necesariamente terminaría con este nombramiento. Información conocida por DIESTRA LA REVISTA apunta a otros relevos en diferentes unidades militares, e incluso a la posibilidad de que los movimientos alcancen al actual ministro de la Defensa Nacional, Henry David Sáenz Ramos.
Nuevos movimientos en las brigadas militares
Entre los oficiales mencionados en las informaciones sobre la reorganización figura el general Raúl Ezequiel Zamora López, comandante de la Brigada de Infantería de Marina, cuyo relevo también ha sido señalado. A estos movimientos se sumarían el general Mynor Enrique Fernández Rivera, vinculado al mando de la Séptima Brigada de Infantería, y el general Juan Ángel Carrera Sandoval, comandante de la Segunda Brigada de Infantería.
Aunque el cambio en la jefatura del Estado Mayor ya fue confirmado, los movimientos adicionales requieren formalización y precisiones oficiales sobre sus alcances, los nuevos destinos de los oficiales y las razones que motivaron las decisiones.
La coincidencia temporal entre estos cambios y las investigaciones por Huité plantea una interrogante central: ¿se trata de una reorganización ordinaria del Ejército o de las primeras consecuencias administrativas de los acontecimientos que dejaron ocho personas fallecidas?
Hasta el momento, no se ha establecido públicamente que los relevos constituyan sanciones disciplinarias o que los oficiales mencionados tengan responsabilidad en los hechos investigados. Esa distinción es indispensable para evitar que una decisión administrativa sea interpretada anticipadamente como una determinación de culpabilidad.
¿También será sustituido el ministro de la Defensa?
Las informaciones sobre posibles cambios en el alto mando militar incluyen la eventual salida del ministro Henry David Sáenz Ramos, quien ha estado al frente de la cartera de la Defensa durante los acontecimientos de Huité y las posteriores investigaciones.
Entre los nombres mencionados para una posible sustitución figura el general Cristian Alfredo Smit Paredes, quien ha ocupado la subjefatura del Estado Mayor de la Defensa Nacional.
Su eventual nombramiento no ha sido confirmado oficialmente y, por tanto, continúa siendo una posibilidad sujeta a verificación.
El nombre de Smit Paredes adquiere relevancia adicional por su relación personal con Jenny Noemí Alvarado Tení, magistrada electa para presidir la Corte Suprema de Justicia y el Organismo Judicial durante el período 2026-2027, cuya toma de posesión está prevista para el 13 de octubre.
De concretarse su designación al frente del Ministerio de la Defensa, la coincidencia de responsabilidades superiores en dos instituciones del Estado justificaría examinar los mecanismos destinados a garantizar su independencia y prevenir posibles conflictos de interés. La relación personal, por sí misma, no constituye una irregularidad.
Huité: ocho muertos y preguntas todavía sin respuesta
Los cambios militares se producen once días después de los hechos violentos ocurridos en Huité, Zacapa, donde la presencia de unidades del Ejército en las inmediaciones del escenario generó cuestionamientos sobre sus desplazamientos y su posible relación con los acontecimientos.
El domingo 27 de septiembre se registró la incursión armada que dejó ocho personas fallecidas. Durante los días siguientes surgieron versiones e imágenes sobre la presencia de vehículos militares, mientras las explicaciones iniciales de las autoridades no lograron esclarecer completamente las circunstancias.
Fue hasta el miércoles 30 de septiembre cuando el presidente Bernardo Arévalo reconoció públicamente la presencia militar en el área y anunció la conformación de una comisión para investigar lo sucedido. El mandatario afirmó que había ordenado iniciar las investigaciones desde el lunes 28 de septiembre.
La diferencia entre el momento en que se habría ordenado investigar y la fecha de la explicación presidencial resulta importante. No demuestra por sí misma una actuación irregular, pero plantea preguntas sobre la información que recibió el Ejecutivo durante las primeras horas.
¿Qué unidades militares se desplazaron hacia Huité? ¿Quién autorizó sus movimientos? ¿Cuáles eran sus instrucciones? ¿Qué información recibieron el ministro de la Defensa y el jefe del Estado Mayor? ¿En qué momento fueron comunicados los acontecimientos al presidente de la República?
Estas preguntas deberán resolverse mediante registros operativos, comunicaciones institucionales, testimonios y las investigaciones correspondientes.
Una denuncia que alcanza a los altos mandos
A los cuestionamientos sobre la actuación militar se suma la denuncia presentada ante el Ministerio Público por el coronel de infantería Miguel Estuardo Barrios Martínez, quien solicitó investigar posibles responsabilidades del ministro Henry Sáenz y del entonces jefe del Estado Mayor, José Geovani Martínez Milián, relacionadas con los acontecimientos de Huité.
La presentación de una denuncia no constituye prueba de culpabilidad ni determina la existencia de responsabilidad penal. Corresponde al Ministerio Público establecer si existen elementos suficientes para desarrollar las investigaciones y, en su caso, promover las acciones legales pertinentes.
Sin embargo, la denuncia adquiere particular relevancia ante los movimientos que comienzan a producirse dentro de la estructura militar, especialmente porque uno de los altos oficiales mencionados ya fue relevado de su cargo.
La pregunta es si esos movimientos responden a decisiones administrativas independientes o si forman parte de una revisión más amplia de las actuaciones de los mandos militares durante los acontecimientos de Huité.
¿Podría la investigación alcanzar al comandante general del Ejército?
La sucesión de relevos abre una interrogante de mayor trascendencia institucional: ¿podría la investigación por los acontecimientos de Huité alcanzar también al comandante general del Ejército de Guatemala, cargo que constitucionalmente ejerce el presidente Bernardo Arévalo?
El artículo 246 de la Constitución Política de la República establece que el presidente es el comandante general del Ejército y que imparte sus órdenes militares por conducto del ministro de la Defensa Nacional.
Esto significa que la estructura superior de mando no termina en la jefatura del Estado Mayor. Comprende al ministro de la Defensa y, en su nivel constitucional más alto, al presidente de la República.
La condición de comandante general no implica responsabilidad penal automática por las actuaciones de los subordinados. Para establecer una eventual responsabilidad presidencial sería indispensable identificar hechos concretos, órdenes impartidas, conocimiento de posibles irregularidades, capacidad de intervención y los demás elementos exigidos por la legislación, mediante los procedimientos y garantías constitucionales correspondientes.
No obstante, si las investigaciones determinaran que existieron órdenes irregulares, omisiones relevantes o decisiones adoptadas desde niveles superiores, correspondería establecer hasta dónde llegó la información y quiénes tuvieron conocimiento de los acontecimientos.
Si los relevos militares responden a posibles responsabilidades por Huité, ¿la investigación se limitará a los mandos operativos y administrativos o examinará también las decisiones adoptadas en los niveles más altos de la cadena de mando?
La interrogante cobra especial importancia porque el propio presidente reconoció la presencia militar y aseguró haber ordenado una investigación desde el 28 de septiembre. Por ello, resulta pertinente establecer qué información recibió, cuándo tuvo conocimiento de los desplazamientos militares, qué instrucciones impartió y qué decisiones adoptó después de conocer los hechos.
Examinar esas circunstancias no equivale a atribuir responsabilidad al mandatario. Significa reconocer que una investigación sobre la cadena de mando debe reconstruir las decisiones institucionales de manera completa y sustentada en pruebas.
Los relevos no sustituyen las investigaciones
El nombramiento de Moisés Alexander López López y las informaciones sobre posibles cambios adicionales representan un movimiento relevante dentro de la estructura de conducción del Ejército de Guatemala.
Pero la reorganización administrativa no resuelve por sí misma las interrogantes surgidas tras los acontecimientos de Huité.
Continúa pendiente establecer la participación de las unidades militares presentes en el área, las órdenes recibidas, los mecanismos de coordinación con las demás fuerzas de seguridad y las responsabilidades que eventualmente pudieran determinar las autoridades competentes.
También falta conocer si el general Martínez Milián pasará a situación de retiro, recibirá otro destino dentro de la institución o quedará sujeto a algún procedimiento administrativo relacionado con los hechos.
La eventual sustitución del ministro de la Defensa abriría un escenario de mayor alcance político e institucional, especialmente si el Gobierno confirma que los cambios están relacionados con las investigaciones.
Ocho personas perdieron la vida en Huité. El relevo de un general, de varios comandantes o incluso de un ministro no puede sustituir la obligación de esclarecer los hechos.
Si los cambios responden a fallas detectadas en la conducción militar, el Gobierno deberá explicar cuáles fueron esas fallas y qué medidas se adoptaron para corregirlas. Si corresponden a una reorganización ordinaria, también deberá precisarlo para evitar interpretaciones que anticipen responsabilidades no establecidas.
La confirmación de la primera exclusiva publicada por DIESTRA LA REVISTA abre ahora una nueva etapa de seguimiento periodístico. Los posibles relevos adicionales, la continuidad del ministro Henry Sáenz y los resultados de las investigaciones determinarán el verdadero alcance de los movimientos en el alto mando militar.
La interrogante de fondo permanece: si las investigaciones por Huité llegan a establecer responsabilidades dentro de la cadena de mando, ¿hasta dónde deberán extenderse?
La respuesta no puede depender del rango de los oficiales ni de la posición política de quienes ejercen la autoridad. Debe surgir de los hechos, las pruebas y los procedimientos establecidos por la ley.
DIESTRA LA REVISTA continuará informando sobre los cambios en el Ejército, las decisiones del Ejecutivo y los avances de las investigaciones relacionadas con Huité, Zacapa.
EXCLUSIVA EN DESARROLLO.
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