Quien llega a la función pública por decisión de otro puede sentir gratitud. Lo que jamás puede hacer es convertir esa gratitud en obediencia. Cuando quienes deben controlar el poder comienzan a temer incomodarlo, el Estado de derecho empieza a perder sus contrapesos.
En la función pública existe una línea que ningún funcionario debería cruzar.
Quien recibe un nombramiento puede sentir gratitud hacia quien confió en él. Puede existir respeto, reconocimiento e incluso lealtad personal. Lo que no puede existir es subordinación institucional, temor a contrariar al benefactor o la sensación de que alcanzar el cargo creó una deuda que ahora debe pagarse desde la institución.
Por Diestra La Revista|Opinión
La lealtad termina exactamente donde comienza la obligación constitucional.
Ese principio adquiere especial importancia en Guatemala, donde algunas actuaciones de funcionarios e instituciones obligan a preguntarnos si estamos comenzando a confundir independencia con conveniencia y lealtad con sumisión.
No afirmamos que exista una orden presidencial detrás de cada decisión que favorezca los intereses del Ejecutivo. Sostenerlo sin pruebas sería irresponsable.
El problema puede ser incluso más complejo. Un funcionario no necesita recibir una llamada de Casa Presidencial para intentar complacer al poder. Puede bastarle saber quién lo llevó al cargo.
EL TIEMPO TAMBIÉN EJERCE PODER
Los cuestionamientos sobre actuaciones de la Corte de Constitucionalidad merecen particular atención porque hablamos precisamente de la institución llamada a proteger el orden constitucional y establecer límites al ejercicio del poder.
Una comunicación presentada ante la propia Corte cuestiona actuaciones dentro de la tramitación de un expediente y reclama el cumplimiento de los procedimientos correspondientes. El fondo jurídico tendrá que resolverse donde corresponde. Pero existe un aspecto que trasciende ese expediente: los tiempos.
Desde la llegada de la nueva presidencia de la Corte, el manejo de los tiempos comienza a generar una preocupación que no debería ser ignorada. Porque una resolución no produce consecuencias únicamente por lo que dice.
También por cuándo se dicta.
Una decisión inmediata puede cambiar una realidad política o jurídica. Exactamente la misma resolución, pronunciada semanas después, puede llegar cuando sus efectos prácticamente desaparecieron. Un expediente acelerado produce consecuencias. Uno detenido también.
Por eso el tiempo procesal no puede convertirse en una herramienta discrecional.
El reloj de una Corte también ejerce poder.
Y cuando aparecen cuestionamientos sobre la velocidad con que unos asuntos avanzan frente a otros, la institución debería tener especial interés en explicar sus actuaciones.
QUIEN NOMBRA NO SE CONVIERTE EN DUEÑO
El sistema constitucional permite que distintas autoridades participen en la integración de instituciones que posteriormente deberán actuar con absoluta independencia.
Pero nombrar no significa adquirir. Quien propone a un funcionario no compra su voluntad. No obtiene derecho de veto. No adquiere obediencia.
Y mucho menos debería esperar que ese funcionario interprete la Constitución pensando en quién le permitió llegar al cargo. En el instante en que una persona presta juramento, cambia el destinatario de su lealtad institucional.
Ya no se debe a quien la nombró.
Se debe a la Constitución.
Un Presidente puede molestarse con una resolución. Puede considerarla equivocada. Puede criticarla públicamente. Eso forma parte del ejercicio democrático.
Lo que no debería ocurrir jamás es que un magistrado, fiscal o funcionario independiente se pregunte cuál será la reacción del gobernante antes de tomar una decisión.
Porque entonces deja de funcionar el contrapeso.
LA SUMISIÓN NO SIEMPRE NECESITA UNA ORDEN
Aquí aparece uno de los mayores peligros. La subordinación institucional no siempre necesita instrucciones. Existe algo mucho más difícil de identificar: la autocensura del funcionario que procura no incomodar a quien contribuyó a llevarlo al cargo.
Nadie necesita llamarlo. Nadie necesita escribirle. Nadie necesita ordenarle nada.
Le basta anticipar lo que el poder desea.
Entonces comienza a preguntarse qué decisión agradará, cuál molestará, qué expediente debería avanzar, cuál puede esperar y cuándo resulta conveniente actuar.
La gratitud termina transformándose silenciosamente en obediencia.
Y ese comportamiento puede resultar tan dañino para el Estado de derecho como una orden expresa, precisamente porque es mucho más difícil demostrarlo.
HUÍTÉ: NUEVE DÍAS DESPUÉS, EL SILENCIO TAMBIÉN COMUNICA
Nueve días después de los hechos de Huité, Zacapa, fue la propia vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, quien volvió a colocar sobre la mesa una palabra fundamental: justicia.
Al referirse a la Caminata por la Memoria y recordar a quienes perdieron la vida, Herrera expresó su rechazo a la violencia y manifestó su confianza en que las investigaciones permitan esclarecer los hechos, establecer responsabilidades y hacer justicia.
El mensaje es importante no solamente por venir de la Vicepresidencia.
También lo es por el momento en que se produce.
Han transcurrido nueve días y Guatemala todavía espera conocer qué ocurrió realmente en Huité.
Ocho personas murieron en los hechos del 27 de septiembre. El Ministerio Público procesó cuatro escenas y reportó la recolección de 77 indicios balísticos. El propio presidente Bernardo Arévalo reconoció posteriormente la presencia de elementos del Ejército y ordenó al Ministerio de la Defensa integrar una comisión multidisciplinaria para establecer el alcance y modalidad de la actuación militar.
Mientras tanto, continúan incorporándose elementos a la investigación. La Dirección General de Aeronáutica Civil entregó al Ministerio Público información relacionada con vuelos registrados durante el horario y en el área solicitada por los investigadores, en medio de las interrogantes surgidas por los helicópteros observados durante aquellos acontecimientos.
Es decir, la investigación existe y las diligencias continúan.
Precisamente por eso resulta difícil comprender la escasa comunicación pública del ente investigador.
Nadie responsable puede exigir al Ministerio Público que revele una investigación penal en curso. No debe anticipar sindicaciones, comprometer testigos, divulgar estrategias investigativas ni publicar información cuya reserva sea necesaria para establecer responsabilidades.
Pero una cosa es preservar una investigación y otra muy diferente convertir la reserva en silencio administrativo.
El propio Ministerio Público afirmó inicialmente que informaría oportunamente a la población sobre los avances de la investigación.
Y ahí está precisamente el problema.
Comunicar no significa revelar.
El MP puede explicar qué diligencias generales ha practicado, qué instituciones han entregado información, cuáles peritajes continúan pendientes y qué aspectos pueden hacerse públicos sin comprometer el expediente.
Puede hacerlo porque algunas de esas actuaciones ya son conocidas.
Lo que resulta cada vez más difícil de justificar es que, frente a uno de los acontecimientos más graves ocurridos recientemente en Guatemala, sean otras instituciones, funcionarios, medios de comunicación y familiares de las víctimas quienes mantengan vivo el reclamo de respuestas mientras el organismo constitucionalmente encargado de dirigir la investigación penal mantiene una comunicación limitada.
El silencio también comunica.
No prueba encubrimiento. No demuestra subordinación. No permite concluir que exista una instrucción política.
Afirmar cualquiera de esas cosas sin evidencia sería irresponsable.
Pero nueve días de incertidumbre frente a ocho muertes sí justifican preguntas sobre transparencia, comunicación institucional y confianza pública.
Y aquí volvemos al problema central de esta columna.
La independencia no se demuestra únicamente proclamándola.
Se demuestra cuando ejercerla resulta incómodo para el poder.
Huité es precisamente uno de esos casos.
Porque las preguntas alcanzan actuaciones de instituciones del propio Estado y porque el Gobierno reconoció que unidades militares estuvieron presentes en el área, aunque todavía permanece pendiente determinar exactamente qué hicieron, cuándo llegaron y cuál fue su participación. El Ejecutivo sostiene que las investigaciones deben establecer esos extremos.
Por eso la declaración de la vicepresidenta Herrera adquiere un significado particular.
Si desde la propia Vicepresidencia se pide confiar en que las investigaciones permitirán esclarecer los hechos y establecer responsabilidades, corresponde que las instituciones encargadas de investigar ayuden también a construir esa confianza.
No revelando aquello que debe permanecer reservado. Informando aquello que puede ser informado. Porque justicia sin investigación sería arbitrariedad.
Investigación sin independencia sería simulación.
Y una investigación rodeada durante demasiado tiempo de silencio puede terminar destruyendo la confianza que necesita para que sus conclusiones sean creíbles.
En Huité murieron ocho personas. Sus familias no necesitan especulaciones. Tampoco necesitan versiones políticas.
Necesitan respuestas. Y Guatemala también.
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