Seguridad, territorio, representación y el costo de tres décadas de decisiones comienzan a explicar un cambio político que no necesariamente significa que los latinoamericanos hayan cambiado de ideología. Quizá cambiaron sus prioridades.
DIESTRA LA REVISTA presenta La Casa Quedó Abierta, un nuevo análisis que busca retroceder casi treinta años para intentar comprender un fenómeno que comienza a expresarse nuevamente en las urnas latinoamericanas: el crecimiento del respaldo a propuestas políticas que ofrecen seguridad, autoridad, control territorial, fronteras más vigiladas, instituciones fuertes y recuperación de la capacidad del Estado.
La explicación podría ser bastante más compleja que afirmar simplemente que América Latina está girando hacia la derecha. Los pueblos no necesariamente cambian de ideología de un día para otro. A veces cambian sus prioridades cuando los problemas que condicionan su vida cotidiana permanecen sin respuesta durante demasiado tiempo.
CUANDO TERMINARON LAS GUERRAS
Para comprender lo que ocurre hoy hay que regresar a las décadas de 1980 – 1990, cuando Centroamérica comenzó a cerrar uno de los períodos de su historia.
Los conflictos armados llegaban a su fin y los procesos de paz impulsaron una profunda transformación institucional. Países acostumbrados durante décadas a estructuras de seguridad condicionadas por guerras internas debían construir democracias con instituciones civiles fuertes, elecciones periódicas, respeto a los derechos humanos y Fuerzas Armadas subordinadas al poder civil.
Era una transformación necesaria.
En Guatemala, los Acuerdos de Paz de 1996 redefinieron la arquitectura de seguridad. El Ejército debía concentrarse fundamentalmente en la defensa nacional mientras la seguridad pública sería responsabilidad de instituciones civiles.
Los acuerdos contemplaron una reducción de 33% del Ejército y una reorganización de su despliegue, mientras comenzaba a desarrollarse la nueva Policía Nacional Civil.
La lógica parecía clara: menos participación militar en seguridad interior y mayor capacidad civil para proteger al ciudadano.
Pero casi tres décadas después aparece una pregunta que merece ser examinada:
¿Creció la capacidad civil del Estado con la misma velocidad con que disminuyeron algunas de sus capacidades militares?
GUATEMALA FUE MÁS LEJOS
Durante el gobierno de Óscar Berger, Guatemala profundizó considerablemente la reducción militar. En 2004, la fuerza autorizada pasó de más de 27 mil integrantes a aproximadamente 15,500 efectivos, dentro de una reorganización que también implicó cierres y transformaciones de unidades militares.
Aquella política fue presentada como parte de la modernización de unas Fuerzas Armadas adaptadas a un país que había dejado atrás el conflicto interno.
La discusión histórica no debería concentrarse en si Guatemala necesitaba democratizar sus estructuras de seguridad.
Necesitaba hacerlo.
Tampoco en si el Ejército debía abandonar las funciones extraordinarias que había desempeñado durante el conflicto armado.
También debía hacerlo.
La pregunta fundamental es diferente:
¿Se construyó simultáneamente una capacidad estatal suficientemente fuerte para ocupar los espacios que aquella transformación dejaba?
Porque reducir una institución no significa únicamente disminuir el número de hombres que la integran.
También significa modificar presencia territorial, movilidad, infraestructura, comunicaciones, vigilancia fronteriza, inteligencia, capacidad aérea, equipamiento y posibilidades de reacción ante acontecimientos ocurridos lejos de los principales centros urbanos.
Democratizar la seguridad no debía significar debilitar al Estado.
Era perfectamente posible disminuir la participación militar en seguridad pública mientras se construían mejores policías, investigación criminal, inteligencia, controles fronterizos, sistemas penitenciarios, comunicaciones y presencia territorial.
El problema aparece cuando una capacidad se retira antes de que la siguiente esté completamente preparada para sustituirla.
EL EJÉRCITO SE FUE. LA POLICÍA NO SIEMPRE LLEGÓ.
Esa podría ser una de las claves para comprender parte de lo ocurrido posteriormente.
No significa que los militares debieran continuar indefinidamente realizando funciones policiales.
Ese no es el argumento.
Significa que en determinados territorios el Estado redujo una capacidad mientras la nueva estructura civil todavía necesitaba personal, presupuesto, tecnología, inteligencia, movilidad y presencia suficientes para ocupar completamente esos espacios.
Era como cambiar el sistema de seguridad de una casa.
Se retiró al antiguo guardia.
Pero las nuevas cerraduras todavía no estaban instaladas.
La casa quedó abierta.
Y alguien terminó entrando.
EL CRIMEN TAMBIÉN ESTABA CAMBIANDO
Mientras los Estados latinoamericanos reorganizaban sus instituciones para superar las amenazas del siglo XX, las amenazas del siglo XXI comenzaron a desarrollarse.
El narcotráfico transformó rutas.
Las pandillas crecieron.
La extorsión comenzó a convertirse en una economía criminal.
El tráfico de personas adquirió dimensiones transnacionales.
El contrabando desarrolló estructuras más sofisticadas.
El lavado de dinero conectó actividades ilícitas con economías legales.
Y las organizaciones criminales comprendieron algo elemental:
«El territorio es poder».
Controlar una carretera facilita mover mercancías.
Controlar una frontera permite construir rutas.
Controlar una comunidad proporciona información.
Controlar transportistas permite cobrar extorsiones.
Controlar economías locales proporciona recursos.
Y controlar poblaciones mediante el miedo permite construir una forma de autoridad paralela.
El crimen organizado dejó entonces de limitarse a esconderse del Estado.
En algunos territorios comenzó a disputarle espacios.
LOS APLAUSOS AFUERA, LAS LÁGRIMAS ADENTRO
También corresponde analizar las decisiones políticas.
Transformar un Estado después de décadas de conflicto requería planificación, experiencia y visión estratégica. Sin embargo, algunos gobiernos latinoamericanos parecieron medir el éxito de determinadas transformaciones por el reconocimiento internacional que producían, sin evaluar con la misma intensidad las capacidades que necesitaban conservar o construir dentro de sus propios países.
Reducir ejércitos generaba reconocimiento.
Cerrar instalaciones militares simbolizaba una nueva época.
Disminuir presupuestos podía presentarse ante organismos y foros internacionales como evidencia del avance democrático.
Pero ninguna transformación podía evaluarse exclusivamente por los aplausos recibidos afuera.
También debía medirse por lo que comenzaba a ocurrir adentro.
Los aplausos sonaban afuera.
Las lágrimas crecían adentro.
EL CRIMEN NO ESPERÓ
Las organizaciones criminales no esperaron a que concluyera la transformación institucional.
El Salvador terminó mostrando uno de los escenarios más dramáticos. Durante años hubo comunidades donde pandillas establecieron fronteras invisibles, comerciantes y transportistas pagaron extorsiones, familias abandonaron viviendas y jóvenes quedaron expuestos al reclutamiento criminal.
Las circunstancias son diferentes en cada país y sería incorrecto atribuir el crecimiento del crimen organizado únicamente a la reducción de las Fuerzas Armadas.
Intervinieron muchos otros factores: corrupción, instituciones judiciales débiles, sistemas penitenciarios deficientes, pobreza, exclusión, deportaciones, migración, economías ilícitas y la expansión internacional del narcotráfico.
Pero reconocer esa complejidad no elimina una pregunta necesaria:
¿Facilitó la pérdida de determinadas capacidades estatales que organizaciones criminales ocuparan espacios donde la presencia del Estado era insuficiente?
Hoy Guatemala continúa enfrentando pandillas, extorsión y narcotráfico. Honduras ha sufrido durante décadas el impacto de organizaciones criminales. Costa Rica enfrenta una transformación preocupante de sus condiciones de seguridad y Ecuador ha experimentado una expansión particularmente violenta de estructuras vinculadas al crimen organizado.
Los países son diferentes.
Las causas también.
Pero existe una pregunta común:
¿Qué ocurre cuando el crimen desarrolla capacidades más rápidamente que el Estado encargado de combatirlo?
TAMBIÉN SE PERDIÓ REPRESENTACIÓN
La inseguridad, sin embargo, no explica por sí sola el cambio político.
Existe también una crisis de representación.
Una parte de la ciudadanía latinoamericana comenzó a percibir que los políticos hablaban entre ellos, negociaban entre ellos y discutían problemas cada vez más alejados de la vida cotidiana del ciudadano.
Incluso algunos sectores empresariales parecieron olvidar un principio elemental: sin consumidor no existe empresa.
El ciudadano paga impuestos.
Paga servicios.
Paga alimentos.
Paga vivienda.
Y en algunas comunidades termina pagando además extorsión.
Después observa un Estado que no siempre consigue garantizar algo mucho más básico: que pueda vivir, trabajar, producir y regresar a casa con seguridad.
Entonces deja de sentirse únicamente inseguro.
También comienza a sentirse poco representado.
TREINTA AÑOS DESPUÉS LLEGA LA URNA
El ciudadano probablemente no recuerda cuánto era el presupuesto militar en 2004.
Quizá tampoco recuerde cuántos destacamentos fueron cerrados o cada una de las reformas institucionales aprobadas durante las últimas tres décadas.
Pero conoce su barrio.
Sabe si puede abrir un negocio sin pagar extorsión.
Sabe si puede caminar de noche.
Sabe si la Policía llega cuando la llama o no aparecen porque son parte de los malos.
Sabe si denunciar sirve para algo.
Sabe quién controla realmente determinadas comunidades.
Y recuerda si quienes gobernaron resolvieron sus problemas.
Cuando esas respuestas permanecen negativas durante demasiado tiempo, las prioridades electorales pueden cambiar.
Entonces adquieren fuerza candidatos que ofrecen orden, autoridad, seguridad, control territorial, disciplina fiscal, fronteras y fortalecimiento de las instituciones.
Para algunos ciudadanos esas propuestas representan una respuesta.
Para otros representan el riesgo de concentración del poder, debilitamiento de controles institucionales o restricciones de derechos.
Esa tensión probablemente será uno de los grandes debates políticos de América Latina durante los próximos años.
Porque recuperar la autoridad del Estado no puede significar abandonar la democracia.
Pero defender la democracia tampoco debería significar resignarse a un Estado incapaz de ejercer autoridad.
¿AMÉRICA LATINA SE VOLVIÓ CONSERVADORA?
Quizá esa sea la pregunta equivocada.
Los pueblos no necesariamente cambian de ideología.
A veces cambian sus prioridades.
Después de años de inseguridad, falta de representación y ausencia de resultados, una parte del electorado podría estar buscando respuestas diferentes.
Por eso, antes de preguntar por qué regresan las propuestas conservadoras, quizá corresponda formular una pregunta mucho más incómoda:
¿Qué hicieron, o dejaron de hacer, quienes gobernaron para que millones de ciudadanos comenzaran nuevamente a buscarlas?
Durante años algunos dirigentes escucharon aplausos en grandes foros internacionales.
Mientras tanto, en determinadas comunidades latinoamericanas las familias escuchaban algo diferente:
Disparos.
Amenazas.
Extorsiones.
Puertas cerrándose por miedo.
Los aplausos sonaban afuera.
Las lágrimas crecían adentro.
Y casi treinta años después, una parte de aquellas lágrimas podría comenzar a expresarse frente a las urnas.
Porque cuando el miedo entra por la puerta de una casa, la primera pregunta deja de ser quién está a la izquierda y quién está a la derecha.
La pregunta se vuelve mucho más sencilla:
¿quién puede volver a cerrar la puerta?
LA CASA QUEDÓ ABIERTA
Seguridad, territorio, representación y el cambio político de América Latina.
Una producción especial de DIESTRA LA REVISTA.
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