Un gobierno puede sobrevivir a una crisis. Lo difícil es recuperar la confianza cuando la verdad llega tarde.
EDITORIAL | DIESTRA LA REVISTA
¿Cuánto pesa la credibilidad de un gobierno?
Probablemente es imposible medirla mientras existe. No aparece en un presupuesto, no puede contabilizarse como una obra pública y tampoco depende exclusivamente de los números de una encuesta. Sin embargo, constituye uno de los principales activos de cualquier administración: permite que una sociedad crea en la palabra de sus autoridades incluso cuando enfrenta una crisis.
El problema comienza cuando esa palabra deja de ser suficiente.
En América Latina no son desconocidos los episodios violentos en los que la actuación de integrantes de las fuerzas de seguridad queda bajo cuestionamiento. Son hechos graves que deben investigarse, establecer responsabilidades y, cuando corresponda, sancionar a los responsables.
Pero una crisis adquiere otra dimensión cuando el problema deja de ser únicamente lo ocurrido y comienza a ser también la manera en que el poder administra la verdad.
Huité puede convertirse en uno de esos casos.
OCHO MUERTOS Y DEMASIADAS PREGUNTAS
El 27 de septiembre, ocho personas perdieron la vida en distintos puntos de Huité, Zacapa.
La gravedad de lo sucedido exigía una reacción inmediata del Estado, no solamente en materia de seguridad e investigación criminal, sino también de información pública.
Sin embargo, las primeras versiones oficiales no resolvieron las preguntas.
Las multiplicaron.
Inicialmente se negó la participación militar. Posteriormente se reconoció que vehículos observados en imágenes pertenecían al Ejército, aunque se sostuvo que las unidades militares no habían ingresado a Huité.
Finalmente, casi sesenta horas después de los hechos, el presidente Bernardo Arévalo reconoció públicamente que sí existió presencia militar y ordenó establecer qué ocurrió.
La rectificación era necesaria.
Pero también dejó abierta una pregunta inevitable:
¿por qué fueron necesarias casi sesenta horas para reconocer algo que el propio Estado debía estar en condiciones de establecer mediante su cadena de mando desde las primeras horas?
No afirmamos que haya existido una decisión deliberada de ocultar información. Eso tendría que probarse.
Pero tampoco puede ignorarse que cada hora de silencio, cada explicación incompleta y cada modificación de una versión oficial agrega peso sobre algo mucho más difícil de recuperar que una cifra de popularidad:
LA CREDIBILIDAD.
CUANDO LA VERDAD PUEDE TENER UN COSTO POLÍTICO
Todos los gobiernos conocen el impacto de una crisis de seguridad.
Conocen sus encuestas.
Observan los niveles de aprobación del presidente y de sus funcionarios.
Saben que reconocer errores, fallas operativas o posibles responsabilidades dentro de las fuerzas del Estado puede producir consecuencias políticas.
Precisamente por eso la información de interés público no puede administrarse de acuerdo con su conveniencia política.
Una encuesta puede medir temporalmente la popularidad de un funcionario.
No puede determinar cuándo debe conocerse la verdad.
Si la preocupación por proteger una imagen pública llegara alguna vez a imponerse sobre la obligación de informar, el problema dejaría de ser solamente comunicacional.
Se convertiría en un problema institucional.
Porque una crisis puede afectar la popularidad de un gobierno durante algunos días.
Perder credibilidad puede perseguirlo durante mucho más tiempo.
CASI DIEZ DÍAS DESPUÉS
El tiempo comienza ahora a convertirse en otro componente de Huité.
Casi diez días después, las preguntas fundamentales continúan esperando respuestas públicas suficientes.
¿Qué ocurrió exactamente?
¿Quién ordenó los desplazamientos?
¿Cuál era la misión de las unidades militares presentes en el área?
¿Qué conocían los mandos y en qué momento lo conocieron?
¿Qué relación existió, si alguna, entre la presencia militar y los hombres armados observados en el lugar?
¿Quiénes dispararon?
¿Por qué murieron ocho personas?
Existen investigaciones.
Eso no significa que existan respuestas.
El Ministerio Público informó inicialmente sobre el procesamiento de escenas y la recolección de indicios balísticos. Esa actividad investigativa es fundamental y deberá producir resultados verificables.
Paralelamente, el Ejecutivo anunció una comisión multidisciplinaria dentro del Ministerio de la Defensa para establecer el alcance de la actuación militar.
Y allí aparece otro elemento que aumenta el peso sobre la credibilidad institucional.
¿QUIÉN VIGILA AL VIGILANTE?
Una comisión interna puede ser útil.
Puede reconstruir movimientos, revisar órdenes, establecer horarios, analizar protocolos, examinar bitácoras, determinar quién autorizó un desplazamiento y establecer posibles responsabilidades administrativas.
Pero existe una realidad imposible de ignorar:
la institución cuya actuación está bajo cuestionamiento participa también en la investigación administrativa de esa actuación.
Eso no demuestra que la comisión vaya a actuar parcialmente.
Tampoco significa que sus conclusiones deban rechazarse anticipadamente.
Pero sí plantea un problema de percepción pública.
En asuntos de semejante gravedad no basta con que una investigación sea imparcial.
También importa que pueda ser percibida como independiente por la ciudadanía.
Por eso la pregunta permanece:
¿Quién vigila al vigilante?
La respuesta institucional debería encontrarse, principalmente, fuera de la estructura militar.
Y allí aparece el Ministerio Público.
EL MP Y EL PESO DEL SILENCIO
La investigación penal no corresponde a una comisión del Ministerio de la Defensa.
Corresponde al Ministerio Público determinar los hechos, individualizar posibles responsabilidades y establecer si existieron conductas constitutivas de delito.
El MP informó inicialmente sobre diligencias realizadas, escenas procesadas e indicios recolectados.
Pero conforme pasan los días, también resulta necesario conocer, sin comprometer diligencias reservadas, si existen avances sustanciales que puedan comunicarse a la sociedad.
Guardar reserva sobre una investigación puede ser indispensable.
Guardar silencio indefinidamente sería diferente.
Algunos analistas y sectores críticos comienzan a señalar una percepción que, precisamente por su gravedad, debería preocupar al propio Ministerio Público: que frente a determinados acontecimientos de alto impacto que pueden comprometer políticamente al actual Gobierno, la institución comunica poco o permanece en silencio durante períodos prolongados.
Una percepción no constituye una prueba.
Y DIESTRA LA REVISTA no la presenta como tal.
Pero las instituciones tampoco pueden ignorar las percepciones que generan sus propias actuaciones.
Si esa impresión llegara a confirmarse mediante una sucesión documentada de casos, el daño al sistema de justicia sería considerable.
Un Ministerio Público debe mantener independencia frente a empresarios, partidos políticos, crimen organizado, grupos de presión, oposición y cualquier otro poder.
Pero también frente al gobierno de turno.
La justicia selectiva no necesariamente se percibe solamente cuando una institución persigue.
También puede comenzar a percibirse cuando, frente a determinados casos, no informa, no explica o deja que el tiempo sustituya las respuestas.
EL TIEMPO NO PUEDE SER LA INVESTIGACIÓN
Existe otro riesgo.
Que transcurran las semanas.
Que una comisión continúe investigando.
Que otra institución mantenga reserva.
Que las noticias nuevas sustituyan a Huité en la agenda pública.
Y que finalmente la sociedad termine acostumbrándose a no conocer qué ocurrió.
Ese sería probablemente el peor desenlace institucional.
Porque el entramado creado para esclarecer los hechos podría terminar produciendo el efecto contrario:
Diluir responsabilidades hasta que el tiempo sustituya a la verdad.
La transparencia no exige revelar una investigación completa antes de terminarla.
Exige algo mucho más elemental: demostrar que las instituciones están buscando respuestas y que esas respuestas serán conocidas independientemente de quién pueda resultar afectado.
Si integrantes de las fuerzas de seguridad actuaron correctamente, una investigación verdaderamente independiente permitirá demostrarlo.
Si existieron errores operativos, deberán conocerse.
Si funcionarios proporcionaron información equivocada porque todavía desconocían los hechos, deberán explicarlo.
Si existieron responsabilidades individuales, tendrán que establecerse.
Y si alguien conocía información relevante y deliberadamente decidió ocultarla, la gravedad sería todavía mayor.
LA VERDAD NO PUEDE DEPENDER DE UNA ENCUESTA
La tentación de cualquier gobierno es controlar una crisis antes de que la crisis controle al gobierno.
Es comprensible políticamente.
Pero existe una frontera que ninguna estrategia de comunicación debería cruzar.
Una cosa es administrar responsablemente la información.
Otra muy distinta sería administrar la verdad.
Un gobierno puede controlar una conferencia de prensa.
Puede decidir quién comparece.
Puede escoger cuándo responder.
Puede medir sus palabras.
Puede estudiar sus encuestas.
Puede calcular el impacto político de reconocer un error.
Lo que no puede controlar indefinidamente es el peso de aquello que todavía no ha explicado.
Huité dejó ocho muertos.
Pero puede dejar algo más.
Puede convertirse en una prueba sobre la capacidad del Estado guatemalteco para decir la verdad cuando esa verdad resulte incómoda para quienes ejercen el poder.
La credibilidad de un gobierno no se pierde necesariamente porque ocurra una crisis.
Puede perderse cuando el ciudadano comienza a sospechar que no le están contando toda la verdad.
Y una vez instalada esa duda, cada contradicción agrega peso.
Cada silencio agrega peso.
Cada día sin respuestas agrega peso.
Cada investigación cuya independencia no resulte suficientemente clara agrega peso.
Hasta que aquello que parecía intangible comienza a convertirse en una carga política real.
La credibilidad no se protege escondiendo una crisis.
Se protege enfrentándola.
La confianza en la justicia tampoco se construye pidiendo paciencia indefinidamente.
Se construye investigando, explicando y demostrando que, sin importar quién gobierne o quién resulte involucrado, la verdad no necesita permiso para salir a la luz.
Huité dejó ocho muertos.
Casi diez días después, también dejó preguntas.
Y cada pregunta sin respuesta agrega peso.
¿Cuánto puede cargar un gobierno antes de que la credibilidad se vuelva demasiado pesada?
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