Por Rodrigo Vielmann
Abogado y Notario, Embajador de carrera del servicio exterior de la República de Guatemala.
Columnista invitado
Durante mucho tiempo analizamos nuestra política desde categorías nacionales: izquierda y derecha en Argentina; uribismo y petrismo en Colombia; socialismo y oposición en Chile; PSOE y PP en España; las particularidades de México y de cada democracia centroamericana.
Esas categorías siguen siendo importantes. Pero quizá estamos entrando en una etapa en la que determinadas preocupaciones ciudadanas atraviesan fronteras: seguridad, migración, costo de vida, empleo, vivienda, corrupción, identidad, capacidad del Estado y confianza en las instituciones.
Son asuntos distintos, pero terminan conduciendo a una pregunta extraordinariamente sencilla: ¿Está funcionando el sistema para mí? Cuando suficientes ciudadanos responden negativamente, comienza la transformación política.
Y allí surge una pregunta todavía mayor para nuestro hemisferio. ¿Quién será el próximo elector en cambiar de rumbo? México y Guatemala enfrentarán sus propios momentos políticos.
México tiene por delante un proceso más largo hacia la sucesión presidencial de 2030, mientras atraviesa importantes transformaciones institucionales y electorales. Guatemala celebrará elecciones generales en 2027. En ambos casos, sus ciudadanos tendrán la oportunidad de decidir entre continuidad, corrección o cambio.
No sabemos qué decidirán. Y precisamente allí reside el valor de una democracia: el cambio de rumbo pertenece al elector.
Pero existen otros países de nuestro hemisferio donde la pregunta es anterior. Antes de preguntarnos qué decidirán sus ciudadanos debemos preguntarnos en qué condiciones podrán decidir.
Nicaragua atraviesa un progresivo cierre de los espacios de competencia política. La Organización de los Estados Americanos acaba de reclamar el restablecimiento de libertades civiles y condiciones que permitan nuevamente una participación política efectiva.
Venezuela vive una situación diferente y particularmente dinámica. Su gobierno interino ha anunciado una transición hacia una “democracia plena” y la celebración futura de elecciones, pero todavía permanecen pendientes cuestiones fundamentales sobre autoridades electorales, participación política, garantías institucionales y la incorporación efectiva de todos los sectores de oposición.
Cuba plantea el desafío más estructural. Su Constitución continúa reconociendo al Partido Comunista como fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado. Allí la discusión no consiste todavía en determinar qué alternativa ganará una elección competitiva, sino en si algún día existirán condiciones institucionales para que distintas alternativas políticas puedan competir libremente por la voluntad ciudadana.
Son tres realidades diferentes y deben analizarse como tales. Pero comparten una cuestión fundamental: el derecho a cambiar de rumbo solamente existe plenamente cuando también existe la libertad de proponer otro rumbo. Una responsabilidad hemisférica.
Aquí la reflexión deja de ser exclusivamente electoral y adquiere dimensión diplomática. La democracia no puede imponerse desde el exterior. Cada sociedad debe construir sus propias instituciones y decidir soberanamente su futuro.
Pero soberanía tampoco debería convertirse en argumento para que nuestro hemisferio permanezca indiferente ante la ausencia de libertades políticas fundamentales.
La comunidad interamericana dispone de instrumentos diplomáticos, políticos y multilaterales para promover condiciones de participación democrática: diálogo, observación electoral, defensa de los derechos humanos, libertad de prensa, garantías para la oposición, liberación de personas detenidas por razones políticas cuando corresponda y fortalecimiento de instituciones electorales independientes.
Esa gestión hemisférica debería perseguir un objetivo sencillo: que ningún gobierno decida por anticipado aquello que corresponde decidir a sus ciudadanos.
No se trata de determinar desde Washington, Ciudad de México, Brasilia, Madrid o cualquier otra capital quién debe gobernar Nicaragua, Venezuela o Cuba. La responsabilidad internacional debería ser distinta: contribuir diplomáticamente a que puedan expresarse, organizarse, competir y votar sin temor, y a que su decisión pueda producir consecuencias políticas reales.
Porque existe una diferencia fundamental entre promover un determinado resultado electoral y promover las condiciones para que una elección sea verdaderamente libre.
Lo primero corresponde al ciudadano. Lo segundo pertenece también a la defensa internacional de la democracia. El derecho a cambiar
Brasil deberá decidir nuevamente en las urnas. España también lo hará. Guatemala se prepara para 2027 y México recorrerá su propio camino político hacia 2030. No sabemos qué decidirán sus ciudadanos; tampoco deberíamos anticiparlo. Pero Nicaragua, Venezuela y Cuba nos obligan a incorporar otra dimensión a esta reflexión.
El fenómeno político más importante de nuestro tiempo quizá no sea simplemente que una parte del electorado se esté desplazando hacia la derecha. Es que millones de ciudadanos están redescubriendo algo mucho más elemental: su capacidad para cambiar de rumbo.
Una democracia debe permitirles conservarlo si así lo desean. Debe permitirles corregirlo. Y debe permitirles cambiarlo completamente. Por eso, la gran pregunta para el mundo hispano no es únicamente quién será el próximo en girar hacia la izquierda o hacia la derecha.
Es algo mucho más importante: ¿tendrán todos nuestros ciudadanos la libertad de escoger hacia dónde quieren ir? Porque antes que de izquierda o de derecha, existe un principio que debería unir a cualquier sociedad democrática: el rumbo pertenece al elector.
La Rueda y la Ronda: veinte fugados, nueve prófugos y los nueve días del poder. GUATEMALA
