RENUNCIA X CRISIS: Mientras Paraguay enfrenta un juicio político contra su presidente tras una renuncia no aceptada, Guatemala se encuentra ante interrogantes, como la independencia del Congreso y la actuación del Ministerio Público y la lentitud de la Corte Suprema para entrar a conocer solicitudes para retirar el derecho de antejuicio contra el ciudadano presidente.
Diestra La Revista | Pensando en voz alta
Hay momentos en la vida de las naciones en los que las crisis dejan de ser simples acontecimientos políticos para convertirse en pruebas de la fortaleza de sus instituciones. Paraguay y Guatemala atraviesan circunstancias diferentes, pero ambas permiten plantear una interrogante fundamental: ¿qué sucede cuando quienes ejercen el poder son sometidos al escrutinio de las instituciones que constitucionalmente deben fiscalizarlos?
En Paraguay, el presidente Santiago Peña presentó su renuncia el 5 de noviembre de 2026, en medio de una grave crisis financiera y política relacionada con Ueno Bank. La dimisión quedó sin resolución definitiva y el Congreso avanzó hacia un juicio político. El mandatario anunció que ejercerá su derecho de defensa frente a los señalamientos formulados en su contra.
En Guatemala, el presidente Bernardo Arévalo enfrenta cuestionamientos relacionados con la seguridad pública, la conducción gubernamental y la responsabilidad de las instituciones frente a hechos criminales que permanecen bajo investigación.
Dos escenarios diferentes. Dos mandatarios enfrentados a circunstancias de enorme trascendencia. Y una misma pregunta: ¿están las instituciones al servicio de la Constitución o de los intereses de quienes ejercen el poder?
I. LAS SOLICITUDES DE ANTEJUICIO: ¿SERÁN ESPURIAS?
Fuentes judiciales señalan que existirían 29 solicitudes de antejuicio contra el presidente Bernardo Arévalo, de las cuales, según esas mismas fuentes, siete contendrían elementos suficientes para justificar un examen jurídico más profundo.
Este escenario obliga a plantear interrogantes sobre el funcionamiento del sistema de justicia guatemalteco. No solamente las cortes, todo en su conjunto, desde el mismo Colegio de abogados.
La figura del antejuicio tiene como propósito el proteger el ejercicio de la función pública frente a denuncias infundadas o motivadas por persecución política, sin impedir que los funcionarios respondan ante la justicia cuando existan fundamentos legales suficientes.
Una solicitud de antejuicio no convierte al presidente en culpable. Pero la investidura presidencial tampoco convierte automáticamente una denuncia en espuria.
Si alguna solicitud supera el procedimiento establecido y llega al Congreso, corresponderá al Organismo Legislativo cumplir sus atribuciones constitucionales. El eventual retiro de inmunidad no representa una condena ni implica automáticamente la separación del cargo.
La ciudadanía tiene derecho a conocer qué sucede con los expedientes y cuáles son los fundamentos jurídicos que determinan su destino.
La justicia no puede depender de quién presenta una denuncia ni de quién resulta denunciado.
II. EL CONGRESO: ¿INDEPENDENCIA O NEGOCIACIÓN DEL PODER?
Aquí surge una segunda interrogante, posiblemente tan trascendental como la primera.
¿Tendría el Congreso de la República la independencia necesaria para examinar una solicitud de antejuicio contra el presidente?
En los oscuros corredores del frío y añejo edificio del Organismo Legislativo circulan voces sepulcrales que denuncian sobre negociaciones políticas, asignaciones presupuestarias y contratos de obras que presuntamente acompañan la construcción de acuerdos entre bancadas.
Algunas voces hablan incluso de sobres y compromisos económicos que supuestamente formarían parte de determinadas negociaciones y que usaran en la campaña electoral del 2027.
Ahora surge una pregunta que no puede quedar sepultada entre rumores y explicaciones oficiales: ¿qué papel desempeñan los recursos públicos en la construcción de las mayorías parlamentarias?
El diputado oficialista José Carlos Sanabria ha aparecido en investigaciones periodísticas relacionadas con negociaciones legislativas y gestiones políticas vinculadas con obras públicas, según lo documento me medio La Hora.
¿Se vota por convicción? ¿Por disciplina partidaria? ¿Por acuerdos legítimos de gobernabilidad? ¿O existen compromisos que deberían ser investigados por las autoridades competentes?
El Congreso no puede convertirse en una dependencia política del Ejecutivo, como tampoco debe utilizar sus facultades constitucionales para perseguir adversarios.
Su independencia debe demostrarse mediante decisiones transparentes, legalmente fundamentadas y orientadas al interés nacional.
Porque cuando una institución llamada a fiscalizar al poder depende de los acuerdos que mantiene con ese mismo poder, surge una preocupación legítima sobre la efectividad de sus controles.
Y esa preocupación adquiere una dimensión todavía mayor cuando lo que eventualmente debe examinarse es la responsabilidad del presidente de la República.
III. EL MINISTERIO PÚBLICO: ¿DEL PACTO DE CORRUPTOS AL PACTO DE SILENCIO?
Durante buena parte de su mandato, el presidente Bernardo Arévalo cuestionó al Ministerio Público dirigido por la Fiscal General Consuelo Porras, al que relacionó políticamente con lo que denominó el pacto de corruptos.
En mayo de 2026 designó a Gabriel Estuardo García Luna como nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público.
El nombramiento abrió expectativas sobre el fortalecimiento de la independencia institucional, la objetividad de las investigaciones y la recuperación de la confianza pública.
Ahora corresponde preguntar por los resultados.
El asesinato del abogado Juan Francisco Solórzano Foppa y del deportista Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, ocurrido el 17 de octubre en el Campo Marte, puso nuevamente bajo cuestionamiento la capacidad de las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y esclarecer los delitos.
Dos hermanos indígenas, Rigoberto y Daniel Zaqueo Choc Toz, fueron capturados inicialmente como sospechosos y posteriormente recuperaron su libertad por falta de mérito.
Siete integrantes de la Policía Nacional Civil quedaron ligados a proceso penal por presuntas irregularidades relacionadas con aquellas detenciones.
El caso contiene circunstancias especialmente delicadas.
Una carabina supuestamente incautada durante el procedimiento estaba registrada a nombre de un particular y no tenía reporte de robo. Las investigaciones incluyen señalamientos sobre una posible colocación irregular del arma para incriminar a los detenidos.
¿Quién era su propietario? ¿Cómo llegó al procedimiento policial? ¿Quién tuvo acceso a ella? ¿Existieron instrucciones de terceros? ¿Se trató de una actuación aislada o de un intento coordinado de desviar las investigaciones?
Todas son preguntas que requieren respuestas sustentadas en pruebas.
En una entrevista con el diario español El País, el presidente Arévalo planteó la hipótesis de que el doble asesinato pudo constituir una operación del crimen organizado destinada a generar desestabilización política.
Es una afirmación de enorme gravedad.
Pero si el crimen organizado estuvo detrás del asesinato, ¿cuáles son los elementos que permiten sostener esa hipótesis? ¿Existe alguna conexión demostrable entre los responsables del ataque y las presuntas irregularidades cometidas durante las detenciones por miembros de la misma Policía Nacional?
La autoridad presidencial no convierte automáticamente una hipótesis en verdad judicial.
A estos acontecimientos se suman otros que requieren respuestas institucionales: la fuga de veinte Jefes del Barrio 18 de una prisión guatemalteca, la posterior salida del país del exministro de Gobernación Francisco Jiménez Irungaray en la se mantuvo en el cargo, an después de haber sido relevado. Las mentes desconfiadas dicen que fue para que no dejara baches que lo incriminaran y aún parece que Jiménez sigue teniendo injerencia en el Ministerio de Gobernación, aunque dicen que se fue, pero no se fue porque sigue allí, en la misma Ciudad de Guatemala, aún cuando es requerido por la justicia, y los acontecimientos de Nahualá y Huité, donde se han formulado denuncias relacionadas con actuaciones de fuerzas estatales.
Son casos diferentes, con investigaciones y circunstancias propias. No existe evidencia pública suficiente para afirmar que constituyan una misma operación.
Pero todos obligan a examinar la eficacia de los controles institucionales, las responsabilidades de las autoridades y los mecanismos de supervisión de las fuerzas de seguridad.
¿Qué resultados ofrece el Ministerio Público? ¿Qué responsables han sido identificados? ¿Qué medidas se han adoptado para evitar nuevas irregularidades?
La reserva judicial puede justificar que determinados elementos permanezcan temporalmente fuera del conocimiento público. Pero no elimina la obligación de rendir cuentas en los términos permitidos por la ley.
Si antes se denunciaba un pacto de corruptos, hoy corresponde preguntar si la ausencia de explicaciones suficientes está alimentando la percepción de un pacto de silencio!.
La expresión plantea una interrogante editorial, no la existencia demostrada de un acuerdo clandestino.
El Ministerio Público debe actuar con independencia del presidente que nombró a su titular. Su responsabilidad no consiste en proteger al Gobierno ni en combatirlo políticamente.
Consiste en investigar los hechos, ejercer la acción penal cuando corresponda y procurar que la justicia funcione sin privilegios ni exclusiones.
IV. RENUNCIA X CRISIS: EL CARÁCTER DEL PODER FRENTE A SUS RESPONSABILIDADES
La renuncia presentada por Santiago Peña constituye un acontecimiento extraordinario en la vida política paraguaya.
El mandatario afirmó que su decisión respondía a la necesidad de preservar la estabilidad institucional, mientras el Congreso avanzó hacia un juicio político relacionado con el escándalo financiero de Ueno Bank.
En Guatemala, el mandatario Bernardo Arévalo permanece en el ejercicio de la Presidencia y defiende su gestión mientras enfrenta cuestionamientos sobre los resultados gubernamentales, la inseguridad y la actuación de las instituciones.
No corresponde concluir que presentar una renuncia demuestra culpabilidad o que permanecer en el cargo representa una negativa a rendir cuentas.
Pero ambas situaciones permiten formular una reflexión sobre el carácter de quienes gobiernan.
¿Cómo responde un presidente cuando la realidad cuestiona los resultados de su administración?
¿Reconoce las deficiencias? ¿Exige responsabilidades? ¿Presenta información verificable? ¿Permite que las instituciones investiguen con independencia?
¿O convierte cada cuestionamiento en una controversia política que termina alejando la atención de los problemas que necesitan solución?
El verdadero desafío del poder no consiste únicamente en conservar la autoridad. Consiste en ejercerla dentro de los límites de la Constitución y responder ante la ciudadanía.
V. ¿AGUANTARÁ GUATEMALA HASTA EL 14 DE ENERO DE 2028?
Más allá de las decisiones presidenciales, las negociaciones del Congreso y las resoluciones judiciales, permanece una pregunta fundamental:
¿Qué piensan los ciudadanos?
¿Qué piensa el trabajador que sale de madrugada y teme ser víctima de la delincuencia? ¿Qué piensa la familia que espera justicia por un asesinato? ¿Qué piensa el ciudadano que observa las disputas institucionales sin encontrar respuestas a sus problemas cotidianos?
Guatemala no puede convertirse en un escenario donde solamente tengan voz los funcionarios, los partidos políticos y los grupos que poseen acceso a las instituciones.
Los medios de comunicación también tenemos una responsabilidad: escuchar a la población, investigar sus denuncias y evitar que el debate público quede reducido a las declaraciones de quienes ejercen el poder.
El 14 de enero de 2028 concluye constitucionalmente el actual período presidencial.
Pero ninguna nación debería depender exclusivamente de la llegada de esa fecha para obtener respuestas sobre su seguridad, sus instituciones y la responsabilidad de sus gobernantes.
La Constitución establece mecanismos de control para que la legalidad funcione durante todo el ejercicio del mandato.
La ciudadanía tiene derecho a exigir que las instituciones actúen hoy, no solamente cuando termine un gobierno.
VI. LO ESPURIO NO LO DECIDE EL PRESIDENTE
Regresamos entonces a la palabra que originó este análisis: ESPURIO.
Cuando el presidente utiliza ese calificativo para describir una detención presuntamente sustentada en hechos falsos, la expresión puede tener un significado jurídicamente comprensible.
Pero las palabras no sustituyen las pruebas.
Si una captura fue ilegal, corresponde demostrarlo. Si existió fabricación de evidencia, corresponde identificar a los responsables. Si una organización criminal participó en un asesinato, corresponde sustentar esa conclusión mediante una investigación.
Y si se presentan solicitudes de antejuicio contra el presidente, corresponde resolverlas conforme a la Constitución y la ley, sin prejuicios políticos.
¿Serán espurias las solicitudes de antejuicio contra Bernardo Arévalo?
La respuesta no debe depender de la voluntad presidencial, de los intereses del Congreso ni de las preferencias políticas de los funcionarios judiciales.
Debe encontrarse en los expedientes, en las pruebas y en las resoluciones legalmente fundamentadas.
Guatemala necesita instituciones capaces de investigar sin temor, decidir sin compromisos políticos y responder a los ciudadanos con hechos verificables.
Porque la crisis más profunda de una democracia no comienza necesariamente cuando un presidente presenta su renuncia.
Comienza cuando los ciudadanos dejan de confiar en que sus instituciones puedan ejercer justicia con independencia.
Ningún presidente está por encima de la Constitución. Ningún Congreso debe estar por encima de la ley. Y ningún Ministerio Público puede reemplazar las pruebas por el silencio.
La justicia debe ser igual para quienes gobiernan y para quienes son gobernados.
Porque un Estado de derecho no puede funcionar con una justicia para unos y otra para los demás.
DIESTRA LA REVISTA
PENSANDO EN VOZ ALTA
Comprender cambia la manera de ver el mundo.
© 2026 — Derechos Reservados — USA
PARAGUAY: RENUNCIA EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA SANTIAGO PEÑA
El PODER que el pueblo olvidó ante los Gobiernos Socialistas
ELECCIONES DE MEDIO TÉRMINO: ¿DERROTA DEFINITIVA O LLAMADA DE ATENCIÓN?
