GOBIERNO DE GUATEMALA EN CRISIS: OLA DE VIOLENCIA IMPARABLE
El asesinato del diputado de oposición Julio César Portillo Paz y de tres agentes de la Policía Nacional Civil, durante un ataque armado perpetrado a plena luz del día frente a una instalación policial en Zacapa, profundiza los cuestionamientos a la política de seguridad del Gobierno de Bernardo Arévalo. Mientras los hechos criminales se acumulan, crecen las exigencias de respuestas inmediatas, cambios en el gabinete de seguridad y resultados concretos de las instituciones encargadas de proteger a los guatemaltecos.
Diestra La Revista | Pensando en voz alta | 7 de noviembre de 2026
Aún los guatemaltecos no se reponían del asombro y la indignación provocados por el asesinato del abogado y exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa, cuando otro hecho criminal vuelve a poner al descubierto las graves deficiencias de la política de seguridad pública del actual Gobierno del presidente Bernardo Arévalo.
Mientras algunos seguidores de Arévalo en las plataformas digitales se ufanaban de la crisis política del presidente Santiago Peña en Paraguay y de los resultados adversos para los republicanos en las elecciones estadounidenses de medio período, ahora llama la atención el silencio de ciertas voces que habitualmente defienden la gestión gubernamental.
Resulta inevitable preguntarse si quienes mantienen vínculos políticos o laborales con el Gobierno están dispuestos a ejercer el mismo rigor crítico frente a las deficiencias de la administración que respaldan.
El ataque contra el diputado de oposición Julio César Portillo Paz y los tres agentes de la Policía Nacional Civil que lo acompañaban representa un acontecimiento de extraordinaria gravedad para la seguridad nacional.
El viernes 6 de noviembre, el legislador fue víctima de un ataque armado en Río Hondo, Zacapa, en el kilómetro 137 de la ruta al Atlántico. Tres agentes policiales murieron durante la agresión, mientras que el diputado falleció posteriormente en el Hospital Regional de Zacapa.
El atentado ocurrió a plena luz del día, contra un vehículo presuntamente blindado y frente a una instalación de la propia Policía Nacional Civil.
¿Qué mensaje recibe la población cuando hombres armados son capaces de perpetrar un ataque de semejante magnitud frente a una sede policial, provocar cuatro muertes y poner nuevamente en evidencia las vulnerabilidades de los mecanismos de seguridad?
UN VEHÍCULO ACRIBILLADO: LA EVIDENCIA VISUAL DE LA VIOLENCIA
La fotografía del vehículo en el que se transportaba el diputado Julio César Portillo Paz permite apreciar la violencia del ataque armado. El automotor, de color blanco, presenta múltiples perforaciones aparentemente provocadas por proyectiles de arma de fuego en el costado izquierdo, principalmente en la puerta del conductor, mientras que el parabrisas exhibe extensas fracturas y numerosos puntos de impacto.
La concentración de daños evidencia la intensidad de la agresión y plantea interrogantes sobre el armamento utilizado, la cantidad de disparos y la capacidad de protección del vehículo.
Por las características visibles de las perforaciones, no puede descartarse el empleo de armas de alto poder; corresponderá a los peritajes balísticos determinar el calibre de los proyectiles y el tipo de armas utilizadas.
La imagen constituye un testimonio visual de la gravedad del atentado y refuerza la necesidad de esclarecer cómo pudo ejecutarse una agresión de semejante magnitud frente a una instalación de la propia Policía Nacional Civil.
El vehículo quedó marcado por los impactos, pero las consecuencias fueron mucho más profundas: cuatro personas perdieron la vida y el país volvió a enfrentarse a preguntas que las autoridades están obligadas a responder.
EL GOBIERNO DE ARÉVALO FRENTE A SUS RESPONSABILIDADES
La gravedad de lo ocurrido exige mucho más que comunicados de condena y promesas de investigación.
El presidente Bernardo Arévalo debe comprender que la responsabilidad de gobernar no se limita a administrar el Estado, participar en reuniones oficiales o cumplir compromisos internacionales.
También implica garantizar que las instituciones encargadas de proteger a los ciudadanos funcionen con eficacia.
El presidente debe poner sus barbas en remojo.
La sucesión de hechos violentos exige una evaluación profunda de la estrategia nacional de seguridad.
El asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa, los acontecimientos de Huité, la fuga de veinte integrantes del Barrio 18, las muertes de Nahualá aparentemente por disparos desde un helicóptero y ahora la muerte de un diputado y tres policías constituyen episodios diferentes, pero todos demandan respuestas institucionales.
No existen pruebas públicas suficientes para vincularlos como parte de una misma operación criminal. Sin embargo, cada uno obliga a examinar posibles fallas en los sistemas de prevención, inteligencia, investigación y control.
El presidente tiene que tomar decisiones. Y debe hacerlo con prontitud.
Corresponde evaluar la actuación de su equipo de seguridad, empezando por los ministros de Gobernación y de la Defensa Nacional, así como por los responsables de la inteligencia civil y militar.
Si existen deficiencias graves en su gestión, deberán adoptarse los cambios que correspondan, incluidas las destituciones que resulten justificadas.
La permanencia de funcionarios cuestionados plantea una interrogante fundamental:
¿Se privilegia la capacidad profesional y la eficacia institucional, o pesan más la confianza personal, la cercanía política y el compadrazgo?
El país necesita respuestas, no solamente explicaciones.
Porque mientras las autoridades discuten responsabilidades, los ciudadanos continúan expuestos a una violencia que no distingue profesiones, cargos públicos ni condiciones sociales.
¿Y EL MINISTERIO PÚBLICO?
El Ministerio Público tiene la obligación de investigar los hechos delictivos, identificar a sus responsables y ejercer la persecución penal con independencia.
El caso de Huité, Zacapa, donde murieron ocho personas durante acontecimientos violentos, mantiene abiertas interrogantes sobre las actuaciones de las fuerzas de seguridad y las responsabilidades que puedan establecerse. Han pasado muchas semanas y poco a nada se sabe de quienes son responsables, porque se presume que fueron agentes del Estado, en otros países por menos son relevados los responsables de las instituciones que no responden a las circunstancias jurídicas y de seguridad pública.
El Gobierno informó que 107 militares fueron puestos a disposición de las investigaciones del Ministerio Público y que se adoptaron medidas administrativas dentro de las estructuras militares de la región. Aquí la justicia ha sido mas lenta, separados del cargo pero no procesados aun cuando las evidencias visuales ponen a soldados en la escena de los hechos.
Los familiares de las víctimas y la ciudadanía necesitan conocer qué ocurrió y cuáles son los resultados de las diligencias.
Las autoridades deben determinar si existieron actuaciones ilegales de agentes del Estado y, de comprobarse, identificar a quienes las ordenaron, facilitaron o ejecutaron.
El silencio institucional, cuando se prolonga sin explicaciones suficientes, alimenta la desconfianza ciudadana.
La reserva legal de una investigación no elimina la obligación de rendir cuentas en los términos permitidos por la ley.
La independencia del Ministerio Público debe demostrarse mediante investigaciones rigurosas y resultados verificables, no por su cercanía o distancia política respecto del presidente de la República o seguirá el fantasma de la corrupción o el de la sumisión.
LOS RECURSOS PÚBLICOS Y LAS PRIORIDADES DEL GOBIERNO
Otro aspecto que merece atención es la administración de los recursos públicos.
El Gobierno ha manejado presupuestos de considerable magnitud, se habla de mas de mil millones de dólares en operaciones de financiamiento, incluidos préstamos internacionales, mientras persisten cuestionamientos sobre la ejecución de proyectos, la infraestructura nacional y los resultados de determinadas políticas públicas.
¿En qué se han invertido esos recursos? ¿Cuánto se ha destinado realmente al fortalecimiento de la seguridad? ¿Qué avances concretos pueden demostrar las instituciones responsables?
Los fondos públicos deben administrarse con transparencia y someterse a mecanismos efectivos de fiscalización, algunos ya señalan que muchos de esos recursos están en México
Cualquier denuncia sobre posibles irregularidades en su utilización debe investigarse y documentarse, sin anticipar conclusiones de responsabilidad penal.
Pero tampoco puede pretenderse que las cifras presupuestarias sustituyan la evaluación de los resultados.
Porque la eficiencia de un gobierno no se mide solamente por la cantidad de recursos que administra, sino por las soluciones que logra para sus ciudadanos.
Mientras tanto, importantes sectores de Guatemala continúan enfrentando problemas de inseguridad, infraestructura y acceso a servicios esenciales.
UNA CRISIS QUE EXIGE RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL
El asesinato del político Julio César Portillo Paz representa un desafío adicional para las autoridades.
La condición de diputado de oposición de la víctima obliga a investigar todas las hipótesis pertinentes, incluida cualquier posible motivación política. También debe establecerse si existieron labores previas de vigilancia, quiénes ejecutaron la agresión, qué armas utilizaron y si participaron otras personas en su planificación.
La muerte de los tres agentes policiales merece el mismo rigor investigativo.
La Policía Nacional Civil perdió a tres integrantes de sus filas mientras cumplían funciones de protección, y sus familias tienen derecho a conocer la verdad y obtener justicia.
La investigación no puede detenerse en identificar a quienes dispararon. Debe procurar esclarecer quiénes pudieron haber ordenado el ataque y cuál fue su verdadero propósito.
El Ministerio de Gobernación, la Policía Nacional Civil, los organismos de inteligencia y el Ministerio Público tienen responsabilidades diferentes, pero complementarias.
La ciudadanía tiene derecho a exigir que trabajen de manera coordinada, con resultados verificables.
No basta con que cada institución explique cuáles son sus competencias mientras los ciudadanos esperan respuestas.
¿CUÁNTO MÁS PUEDE SOPORTAR GUATEMALA?
La sucesión de acontecimientos violentos plantea una pregunta que trasciende las disputas partidarias:
¿Qué piensan los guatemaltecos que viven diariamente bajo el temor de la delincuencia?
¿Qué piensan las familias que han perdido a sus seres queridos?
¿Qué sienten los ciudadanos cuando observan que incluso quienes cuentan con protección policial pueden convertirse en víctimas de ataques armados?
La población no puede quedar relegada a ser espectadora de discusiones políticas mientras las instituciones deciden cómo enfrentar los problemas de seguridad.
Los medios de comunicación también tenemos una responsabilidad: escuchar a los ciudadanos, investigar sus denuncias y evitar que el debate nacional quede reducido a las declaraciones de quienes ejercen el poder.
Guatemala necesita respuestas efectivas.
Y cuando las instituciones no ofrecen resultados suficientes, los ciudadanos tienen el derecho constitucional de manifestarse pacíficamente para exigir seguridad, justicia y rendición de cuentas, es decir; SALIR A LAS CALLE EN DEMANDA DE MEJORAS EN LA SEGURIDAD PÚBLICA.
La protesta ciudadana no debe confundirse con una amenaza contra el orden constitucional. Es un mecanismo democrático para expresar inconformidad y demandar soluciones.
Guatemala no puede acostumbrarse a contar cadáveres mientras espera explicaciones.
EL PRESIDENTE TIENE LA PALABRA
El presidente Bernardo Arévalo debe comprender que la legitimidad obtenida mediante las elecciones no sustituye la obligación permanente de responder por los resultados de su gestión.
La seguridad pública no puede convertirse en una promesa que se renueva después de cada tragedia.
Si el equipo gubernamental tiene la capacidad para enfrentar esta crisis, corresponde demostrarlo mediante objetivos, acciones y resultados.
Si las evaluaciones evidencian deficiencias graves, deberán adoptarse las decisiones necesarias para corregirlas.
Porque ningún compromiso político, vínculo personal o conveniencia partidaria puede estar por encima de la vida de los guatemaltecos.
El país necesita conocer quiénes asesinaron al diputado Julio César Portillo Paz y a los tres agentes policiales.
Necesita conocer qué ocurrió en Huité, quiénes fueron responsables de las irregularidades investigadas en otros acontecimientos y cuáles son las acciones concretas para evitar nuevas tragedias.
La responsabilidad de gobernar no consiste únicamente en ejercer el poder. Consiste en responder por su ejercicio.
El Gobierno tiene la obligación de actuar dentro de la Constitución y la ley, mientras los ciudadanos conservan el derecho de exigir que sus autoridades cumplan sus responsabilidades.
La pregunta final resume la preocupación que atraviesa esta columna:
¿LO RESUELVE EL PRESIDENTE O TENDRÁ QUE SALIR EL PUEBLO A LAS CALLES? USTED ESCOGE.
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