La agrupación socio-politica Poder Ciudadano presentó más de 16 mil firmas para reformar la justicia. La Corte ordenó verificarlas y los promotores retiraron la propuesta. Las amenazas denunciadas deben investigarse. El respaldo ciudadano invocado también debe comprobarse.
DIESTRA LA REVISTA | Opinión
Poder Ciudadano presentó el 14 de junio de 2026 una propuesta para cambiar la forma en que Guatemala elige a sus autoridades de justicia. Sus promotores, Edgar Ortiz y Marjorie von Ahn Scheel, sostenían que las comisiones de postulación dejaban demasiado margen para negociaciones políticas y conflictos de interés. Propusieron eliminarlas, modificar la selección de magistrados de las altas cortes y convertir la carrera judicial en la vía de acceso a las Cortes de Apelaciones. La iniciativa tocaba una cuestión de poder: quién elige a quienes imparten justicia y con qué criterios lo hace.
Del borrador a las 16 mil firmas
Después de abrir el borrador a comentarios, Poder Ciudadano inició la recolección de firmas el 4 de julio. Según la asociación, al 26 de julio más de 300 voluntarios habían participado en 31 jornadas en 11 departamentos. En agosto, el grupo anunció que había superado las 12 mil adhesiones y que su propuesta contemplaba modificar 24 artículos. Su apuesta era llevar la reforma a consulta popular, incluso como una eventual «sexta papeleta» en las siguientes elecciones. Antes de llegar a las urnas, la propuesta tendría que obtener el respaldo de dos tercios del Congreso, es decir, 107 diputados.
El 28 de septiembre, la organización entregó al Congreso la propuesta con más de 16 mil firmas, según sus propios datos. Escogió la vía del artículo 277, inciso d), de la Constitución, que exige el respaldo de al menos cinco mil ciudadanos debidamente empadronados. La cifra anunciada le dio peso político a la iniciativa. Para acreditar el respaldo constitucional, correspondía comprobar cuántas adhesiones cumplían los requisitos.
Lo que la Corte mandó verificar
El 5 de noviembre, la Corte de Constitucionalidad concedió dos amparos provisionales promovidos por el Centro para la Defensa de la Constitución (CEDECON), (institución de la que fue fundadora y presidenta la actual presidenta de la Corte de Constitucionalidad magistrada Gladys Anabella Morfín) y suspendió temporalmente el trámite de dos propuestas. Una era la de Poder Ciudadano. La otra, la de Carlos René Pineda, del movimiento Menos Privilegios, Más País. Cualquier acusación de represalia debe sostenerse con hechos y tener en cuenta que la Corte dispuso controles en ambos expedientes.
La Corte ordenó revisar que los nombres fueran legibles, que no hubiera duplicidades y que los firmantes estuvieran empadronados y en ejercicio de sus derechos. Dispuso consultar al Renap para establecer si aparecían personas fallecidas y a Migración para verificar si algún firmante estaba fuera del país en la fecha en que se le atribuye la firma. También exigió acreditar qué texto se mostró durante la recolección y si coincide con el que llegó al Congreso. Esa comprobación importa tanto como el conteo. Una persona puede apoyar la idea de reformar la justicia y discrepar del proyecto concreto que se presenta en su nombre. El 11 de noviembre, la Corte aclaró que el cotejo corresponde al Registro de Ciudadanos del TSE y que ese trámite puede realizarse sin peritajes grafotécnicos.
La resolución también ordenó habilitar una consulta que permita a los ciudadanos comprobar si sus datos fueron incluidos, con protección de la información sensible y sin que se utilice para fines electorales o comerciales. Si aparecen indicios de delito, corresponde denunciarlos ante el Ministerio Público. Quien firmó tiene derecho a saber qué texto respaldó. Quien jamás firmó tiene derecho a saber si alguien usó su nombre.
El retiro deja preguntas
La asamblea de Poder Ciudadano acordó retirar la propuesta el 4 de noviembre y Ortiz lo comunicó al Congreso al día siguiente, antes de que se conociera públicamente el amparo. ¿Supo Ortiz de antemano qué resolvería la Corte? Si lo supo, ¿quién se lo comunicó y cuándo? La cercanía de las fechas justifica preguntar. La información pública disponible todavía deja abierta la respuesta. Ortiz atribuyó el retiro a amenazas e intimidaciones contra su familia y los voluntarios, que ya había denunciado desde octubre, y sostuvo que la recolección fue rigurosa. Puede defender esa afirmación con una posición clara: ¿respalda que se cotejen las hojas ya entregadas y se informe cuántas adhesiones son válidas?
También corresponde preguntar quién financió la campaña. ¿Quién pagó la impresión, el transporte y la difusión? ¿Toda la recolección fue voluntaria o hubo personal remunerado? Si hubo patrocinadores, ¿qué papel tuvieron en la elaboración del texto? Ortiz anunció que buscaría que diputados retomaran la propuesta. Si los legisladores la hacen suya, deberán explicar qué texto presentan y quiénes participaron en su redacción. El cambio de vía deja intactas las preguntas sobre el origen, el financiamiento y el contenido de la reforma.
Que se investiguen las amenazas y se verifiquen las firmas
Dice el refrán que se han visto muertos acarrear basura. En Guatemala ya se han visto hojas de adhesión con nombres de muertos. En el caso de Movimiento Semilla, el Ministerio Público reportó 40 adhesiones atribuidas a personas fallecidas. En ese proceso hubo condenas por aceptación de cargos y el TSE publicó la cancelación del partido en marzo de 2026. Ese antecedente obliga a aplicar el mismo rigor a cada expediente. En el caso de Poder Ciudadano, cualquier irregularidad deberá establecerse mediante el cotejo y las diligencias que correspondan.
El abogado Edgar Ortiz debe poder defender su propuesta sin intimidaciones y responder con la misma firmeza al escrutinio que ordenó la Corte. La denuncia de amenazas es seria. El Ministerio Público debe investigarla de oficio y el Ministerio de Gobernación debe evaluar el riesgo y brindar protección oportuna a las personas amenazadas. Esperar a que ocurra otra tragedia para actuar sería una falla del Estado. La Corte, por su parte, debe reforzar los controles de acceso a sus resoluciones antes de la notificación oficial y esclarecer cualquier indicio de divulgación anticipada.
El derecho a opinar existe y la obligación de verificar permanece. El retiro de la iniciativa no debería cerrar la puerta al cotejo de las firmas ya entregadas. El Congreso debe preservar las hojas originales y explicar, conforme a la ley y a lo resuelto por la Corte, cómo procederá. Quien invoca la voluntad de miles de guatemaltecos para reformar la Constitución debe estar dispuesto a que se compruebe quiénes firmaron y qué texto respaldaron. Que se proteja a los amenazados, que se investiguen las amenazas y que se verifiquen las firmas. El Estado debe responder por las tres cosas.
Por eso no caben «DENUNCIAS ESPURIAS», la seriedad exige transparencia de los promotores porque pretender ocultar intenciones, solamente los expondrá en su justa dimensión.
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