Seguridad, familia, educación y trabajo. La demanda de gobiernos firmes crece donde el crimen ha ocupado el espacio que las instituciones abandonaron.
Por DIESTRA LA REVISTA
Una madre que teme enviar a sus hijos a la escuela, un comerciante obligado a pagar extorsión y un trabajador que arriesga la vida en el transporte público tienen razones concretas para exigir un gobierno firme. Cuando los delincuentes determinan los horarios, controlan los caminos y cobran por permitir trabajar, la libertad depende de su permiso. En esas condiciones, recuperar la seguridad se convierte en una urgencia.
Nuestra lectura es que parte del cambio político latinoamericano responde a ese cansancio. Muchos ciudadanos buscan autoridades capaces de enfrentar al crimen y devolverles tranquilidad. Los dirigentes que prometen hacerlo despiertan expectativas que después deberán satisfacer con resultados.
La familia debe ocupar el centro de esa tarea. Esto implica defender la vida desde la concepción, acompañar a las mujeres embarazadas y fortalecer la responsabilidad de papá y mamá en el cuidado de sus hijos. Ese compromiso requiere servicios de salud, escuelas que enseñen, vivienda y oportunidades de trabajo. También exige proteger a todos los niños y apoyar a quienes asumen su crianza.
La primera prevención comienza en el hogar, donde se aprenden límites, respeto y responsabilidad. La escuela debe acompañar esa formación con contenidos rigurosos, apropiados para cada edad y conocidos por los padres. En Guatemala, una lectura sobre un oso que se transforma en mujer provocó controversia. El pasaje pertenece a una antigua leyenda coreana y aparece en materiales escolares desde 2020. AFP y EFE verificaron su contexto. El debate deja una exigencia legítima para las autoridades educativas. Explicar el propósito de los textos y facilitar la participación informada de las familias.
La credibilidad del gobierno también se juega fuera de las aulas. Una carretera deteriorada, un centro de salud sin capacidad de atención y un negocio sometido a extorsión muestran las consecuencias de una administración que pierde sus prioridades. Cuando la contratación pública se decide por el tamaño del sobre largo, muy largo, las comunidades pagan el precio. El libre mercado necesita seguridad jurídica, competencia y autoridades que persigan a quienes cobran por dejar producir.
El Salvador explica buena parte del interés regional por la firmeza. Según su Fiscalía General, cerró 2025 con una tasa de 1,3 homicidios por cada 100 mil habitantes. El resultado merece estudiar la coordinación institucional y el control territorial del gobierno de Nayib Bukele.
La participación salvadoreña en Haití ha ampliado esa atención. El 18 de noviembre, el presidente Nayib Bukele anunció un ataque contra la residencia de un jefe de pandilla. AP reportó además manifestaciones de haitianos en apoyo al mandatario. La recuperación del país sigue abierta, pero ese respaldo expresa la desesperación de comunidades que necesitan volver a circular y trabajar bajo una autoridad capaz de protegerlas.
Chile también ofrece resultados que deben seguirse. José Antonio Kast asumió la Presidencia en marzo de 2026. Al 1 de noviembre, el Gobierno informó una reducción del 16,9 % en las víctimas de homicidio frente al mismo período de 2025. Es un balance parcial. Su valor dependerá de la continuidad de la reducción y de la capacidad para investigar los delitos que siguen afectando a la población.
En Perú, Keiko Fujimori llegó al poder con la promesa de combatir las extorsiones y los asesinatos que golpean a transportistas, comerciantes y pequeños empresarios. Al presentar sus primeros cien días, destacó una disminución preliminar de homicidios y reconoció que faltaba mucho por hacer. La prueba será sostener los avances y devolver protección a quienes hoy trabajan bajo amenaza.
Colombia cambió de dirección con la victoria de Abelardo de la Espriella en 2026. La seguridad volvió a ocupar un lugar central en el gobierno. Sobre Gustavo Petro, Reuters informó en marzo que su conducta había surgido en pesquisas estadounidenses relacionadas con narcotráfico. Petro negó haber recibido dinero de narcotraficantes. Las responsabilidades deben establecerse con pruebas y decisiones judiciales.
Ecuador muestra cuánto cuesta transformar la firmeza en seguridad duradera. Un observatorio especializado registró 4.154 homicidios en el primer semestre de 2026, 495 menos que un año antes. Aun así, fue el segundo primer semestre más violento de su historia. El gobierno de Daniel Noboa enfrenta una tarea que va más allá de los operativos. Debilitar las finanzas, las rutas y la protección institucional de las organizaciones criminales.
Argentina, bajo Javier Milei, mantiene una agenda de seguridad junto con reformas orientadas al mercado. Sus estadísticas oficiales registraron una reducción de la tasa de homicidios en 2025. Sostener esa tendencia y convertir la inversión en empleo e ingresos será determinante para las familias.
Estos procesos tienen condiciones y resultados distintos. Todos permiten examinar una exigencia que atraviesa la región. Recuperar instituciones capaces de proteger a la población. Eso requiere depurar policías, investigar mandos, controlar cárceles y perseguir el dinero del crimen. El apoyo militar, donde resulte necesario, debe tener objetivos definidos, supervisión y responsabilidad ante la ley.
La cooperación con Estados Unidos puede aportar tecnología, inteligencia financiera, formación e investigación transnacional. Su utilidad dependerá de objetivos verificables y autoridades responsables de ejecutarlos. A la vez, cada país debe invertir en infraestructura y vincular la capacitación juvenil con empleos bien remunerados. Una comunidad recuperada necesita oportunidades para que sus jóvenes puedan construir allí su futuro.
Las familias tienen una responsabilidad particular ante las elecciones. Deben examinar la preparación, la trayectoria y el equipo de cada candidato, así como sus propuestas sobre seguridad, educación y cuidado de los hijos. El descontento merece una respuesta capaz de gobernar. Elegir exige evaluar con el mismo rigor a quienes ejercen el poder y a quienes prometen reemplazarlos.
Desde el Centro de Estudios del Poder, esa debe ser una línea de análisis constante. Qué decisiones reducen el control criminal, cómo se evalúan sus resultados y qué instituciones permiten sostenerlos. La firmeza se comprobará cuando el comerciante pueda abrir sin pagar extorsión, los hijos regresen seguros a casa y el joven encuentre un trabajo digno.
México y Guatemala merecen especial atención en este debate sobre la recuperación del Estado. En Guatemala, los homicidios superaron los registros mensuales de 2025 durante cinco meses consecutivos, de junio a octubre. Según el CIEN, el acumulado de los primeros diez meses quedó apenas 15 casos por debajo del año anterior, con el riesgo de perder esa diferencia al cierre de 2026. En México, las cifras oficiales muestran una reducción interanual, aunque persisten focos de violencia. Ambos países deben demostrar que los avances estadísticos se traducen en comunidades protegidas y territorios bajo autoridad legítima.
La presencia de organizaciones criminales exige a sus gobernantes perseguir sus finanzas, investigar sus redes de protección y explicar los resultados de cada intervención. Cualquier indicio de colaboración, tolerancia o encubrimiento desde las instituciones debe investigarse, alcance a quien alcance. Una comunidad sometida a los criminales merece un gobierno que la defienda. Cada territorio donde el delincuente cobra, amenaza y decide representa una deuda del Estado con sus ciudadanos.
«A veces miramos a los candidatos que están, pero no observamos al que llegará a gobernar». reflexión de autor desconocido.-

