El presidente salvadoreño llega como favorito a las elecciones de 2027. La caída de la violencia sostiene buena parte de su respaldo, mientras su participación en Haití y la experiencia penitenciaria de Costa Rica abren el debate sobre lo que sus vecinos pueden aprender de El Salvador.
Por DIESTRA LA REVISTA
20 de noviembre de 2026. San Salvador, El Salvador. El Presidente Nayib Bukele presentó el jueves ante el Tribunal Supremo Electoral su candidatura a un tercer mandato consecutivo, acompañado por el vicepresidente Félix Ulloa. A poco más de tres meses de las elecciones del 28 de febrero de 2027, su reelección parece muy probable. Una encuesta de TResearch, realizada entre el 28 de septiembre y el 2 de octubre, situó en 90 % la aprobación de su gestión. Su candidatura fue posible tras la reforma constitucional de 2025 que eliminó el límite a la reelección presidencial, amplió el mandato de cinco a seis años y suprimió la segunda vuelta.
Lo que distingue al Presidente Bukele
El presidente Bukele convirtió la seguridad en el centro de su gobierno y asumió personalmente la comunicación de sus resultados. Su principal capital político viene de un cambio que muchos salvadoreños pueden medir en su vida cotidiana: volver a transitar por barrios donde las pandillas imponían sus reglas. La ofensiva iniciada en 2022 debilitó a esas estructuras y redujo drásticamente la violencia.
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Haití y Costa Rica, dos formas de acercarse a El Salvador
En Haití, la participación salvadoreña se amplió en octubre, tras la desaparición de cuatro aerotécnicos salvadoreños en un ataque de pandillas. El Salvador desplegó alrededor de 2.500 efectivos, según Associated Press. Esta semana, miles de haitianos se manifestaron en respaldo a la presencia salvadoreña. El desafío de fondo es que las instituciones haitianas puedan mantener la seguridad en las comunidades cuando termine el despliegue extranjero.
Costa Rica tomó una medida concreta. El gobierno de Laura Fernández inauguró en octubre el Centro de Alta Contención y Crimen Organizado, una cárcel de máxima seguridad inspirada en la experiencia salvadoreña. Fernández explicó que la medida busca impedir que los cabecillas sigan ordenando delitos desde prisión. El resultado deberá medirse precisamente ahí: en la capacidad de cortar esas órdenes y reducir los delitos que se dirigen desde las cárceles.
¿Cuánto pesa la vanidad política?
En Guatemala, la violencia que llevó al estado de sitio en Zacapa e Izabal vuelve pertinente la pregunta. También en México, donde la extorsión y las disputas por el control del territorio siguen golpeando a muchas comunidades. Las redes del narcotráfico que operan en ambos países tienen características distintas de las pandillas que enfrentó El Salvador. Aun así, hay terreno para cooperar: impedir que se ordenen delitos desde las cárceles, coordinar el trabajo de policías y fiscales y mantener la presencia del Estado en las comunidades después de los operativos.
¿Por qué los gobernantes cuyas estrategias han dado resultados insuficientes no explican públicamente qué les impide buscar asistencia salvadoreña? ¿Les preocupa que, si esa cooperación ayuda a reducir la inseguridad, el mérito político se lo lleve Bukele? Las diferencias sobre el régimen de excepción y la concentración de poder merecen discutirse. También merece discutirse qué pueden aprender los gobiernos de una experiencia que redujo la violencia y que millones de salvadoreños han respaldado.
En campañas políticas en países vecinos veremos quién promete acercarse a Bukele y, después de las urnas, quién convierte esa oferta en un acuerdo de trabajo. Hay una pregunta más incómoda: ¿qué harán esos candidatos si una investigación documenta vínculos entre redes criminales y personas de su propio entorno político? La voluntad de combatir al crimen organizado se mide también por el respaldo que se dé a esas investigaciones cuando empiezan a incomodar. Si, pasadas las elecciones, nadie responde por lo prometido, las familias seguirán pagando la extorsión y, en el gobierno, lo que pasa es NADA.
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