Brasil, México y Colombia insistieron este jueves en que las autoridades de Venezuela deben mostrar las actas de la elección presidencial y señalaron que le corresponde hacerlo al Consejo Nacional Electoral (CNE), y no al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
En un comunicado conjunto, las cancillerías de los tres países -gobernados por líderes de izquierda- volvieron a marcar la necesidad de que se presenten los resultados de las elecciones “desglosados por mesa de votación”.
En un primer comunicado firmado por los tres países el 1 de agosto ya habían hecho un “llamado a las autoridades electorales de Venezuela para que avancen de forma expedita y den a conocer públicamente los datos desglosados por mesa de votación”.
Tras las elecciones del 28 de julio, el CNE proclamó al presidente Nicolás Maduro reelecto con el 51.95% de los votos frente a un 43.18% del candidato Edmundo González Urrutia, respaldado por la líder opositora María Corina Machado.
El CNE no hizo públicas las pruebas de ese resultado, sino que este lunes se las entregó al TSJ tras un recurso interpuesto por Maduro.
La oposición alega que un conteo paralelo realizado con las copias de las actas de escrutinio del 83.5% de las mesas arrojó un triunfo de González Urrutia con el 67% de los votos ante el 30% obtenido por Maduro.
En su petición de este jueves, los tres países latinoamericanos precisaron que los resultados mesa por mesa deben ser publicados por el CNE y no por otro ente.
“Al tomar nota del proceso iniciado ante el TSJ de Venezuela en torno al proceso electoral, (los cancilleres) parten de la premisa de que el CNE es el órgano al que le corresponde, por mandato legal, la divulgación transparente de los resultados electorales“, dijeron en el comunicado.
Reafirmaron, además, la “conveniencia de que se permita la verificación imparcial de los resultados, respetando el principio fundamental de la soberanía popular”.
Los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia) y Andrés Manuel López Obrador (México) han intentado mediar en busca de una salida al conflicto desatado entre el chavismo y la oposición tras los comicios.
Es por ello que en la misiva de este jueves solicitaron que tanto partidos políticos como organizaciones sociales “ejerzan la máxima cautela y moderación en manifestaciones en eventos públicos“.
También pidieron que las fuerzas de seguridad venezolanas permitan libremente la protesta social si no se cometen delitos.
“El respeto a los derechos humanos debe prevalecer en cualquier circunstancia”.
La oposición y organizaciones internacionales han denunciado la detención arbitraria de militantes después de las elecciones.
La Fiscalía General de Venezuela inició esta semana investigaciones contra González y Machado porque “falsamente anuncian un ganador de las elecciones presidenciales distinto al proclamado por el CNE, único órgano calificado para hacerlo”, y por una “abierta incitación a funcionarios policiales y militares a la desobediencia de las leyes”.
También investiga a los responsables del sitio web donde la oposición publicó más de 25.000 actas por “falsificación y forjamiento [invención, fabricación] de documentos públicos”.
A diferencia del primer comunicado de los líderes regionales, que no incluía la palabra democracia, el texto conjunto de este jueves hace referencia a ello en dos oportunidades.
El oficialismo en Venezuela sostiene que el TSJ es el lugar donde se debe dirimir la controversia, y alega que el CNE no publicó las actas porque sufrió un “hackeo masivo”.