El viernes pasado, la Corte Suprema determinó que el presidente Joe Biden puede establecer sus prioridades de deportación, dejando el camino libre a una política emitida el 30 de septiembre del 2022.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, celebró la decisión de los jueces del Máximo Tribunal y adelantó el restablecimiento de las pautas que él mismo dio a conocer en la fecha mencionada.
“El DHS espera restablecer estas pautas [para la deportación], que fueron aplicadas de manera efectiva […] para enfocar los recursos limitados y las acciones de cumplimiento en aquellos que representan una amenaza para nuestra seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad fronteriza”, señaló Mayorkas. “Las directrices permiten que el DHS cumpla de manera más efectiva su misión de aplicación de la ley con las autoridades y los recursos proporcionados por el Congreso”.
Aunque Mayorkas no lo menciona en su postura tras la decisión de la Corte Suprema, las pautas que ICE debe aplicar contemplan también la detención y deportación de inmigrantes que ingresaron a Estados Unidos a partir del 1 de noviembre del 2020, sin importar que no tengan récord criminal.
El DHS también estableció que funcionarios de agencias migratorias consideren varios aspectos antes de procesar a un inmigrante solamente por ser indocumentado, pero que no haya ingresado sin permiso a partir del 1 de noviembre del 2020.
La guía emitida por el secretario Mayorkas expone, en ese sentido, cuatro motivos para deportar a una persona:
1. Si el inmigrante representa una amenaza a la seguridad nacional, es decir, ser sospechoso de terrorismo o espionaje.
2. Si la persona puede ser una amenaza a la seguridad pública, es decir, aquellas personas con récord criminal, sobre todo de delitos graves.
3. Si el inmigrante es una amenaza a la seguridad fronteriza.
4. Si dicha persona ingresó a EE.UU. a partir del 1 de noviembre del 2020.
Defensores de inmigrantes celebraron la decisión de la Corte Suprema, pero se sugiere a los indocumentados que busquen ayuda legal, a fin de evitar contratiempos si es detenido por ICE.
La decisión del Máximo Tribunal fue por una demanda de los gobiernos de Texas y Louisiana.
