«la tardanza oficial envía un mensaje peligroso: que el poder puede esfumarse sin que nadie asuma responsabilidad..
Opinion: Diestra La Revista.
La madrugada del viernes pasado, veinte reos peligrosos atravesaron los muros de una cárcel guatemalteca y desaparecieron en la oscuridad. Cinco días después, el país sigue esperando que alguien —el presidente Bernardo Arévalo, su ministro de Gobernación o cualquier autoridad competente— tome el micrófono y asuma el liderazgo. Pero el silencio ha sido prolongado, casi ensordecedor.
No se trató de un motín sangriento ni de un escape cinematográfico: fue una fuga anunciada, gestada entre fallas estructurales del sistema penitenciario y una alarmante falta de reacción gubernamental. En las horas críticas posteriores, no hubo información oficial, el Ministro de Gobernación tardó 9 horas en pronunciarse, y su jefe, el presidente Bernardo Arévalo, se tomó cuatro días, para medio comentarlo, y tratando de desviar su responsabilidad se pone a hablar de los cambios que se realizarán en el país, en el campo del sistema de justicia en 2026, a saber si la crisis no lo aleja del escenario; pero tampoco hubo mensajes de emergencia para alertar a la ciudadania y que los habitantes se convirtieran en los ojos y oídos del plan de persecución, pero no, todos se quedaron mudos, sin decir ni hacer un plan de acción visible. Solo alimentaron la incertidumbre.
La ciudadanía observa con desconcierto cómo la respuesta estatal se diluye entre comunicados fríos y ruedas de prensa tardías, convocadas varios días después de la crisis. Las calles y redes sociales se llenan de preguntas que nadie responde: ¿cómo pudieron escapar veinte reos de alta peligrosidad sin que nadie lo notara? ¿En dónde estaban las fuerzas de seguridad? ¿Por qué el presidente guardó silencio durante 72 dos horas, aún estando de viaje por Europa, la información la recibió de primera mano?
Este episodio ha dejado al descubierto algo más profundo que un error de seguridad: un vacío de poder, un Estado que no aparece en los momentos en que más se le necesita. La fuga no solo representa una amenaza a la seguridad pública; es un espejo que refleja la fragilidad institucional y la debilidad del liderazgo político actual.
En un país marcado por la violencia y la impunidad, el mensaje que deja esta inacción es peligroso: que incluso el control sobre las cárceles puede perderse sin consecuencias inmediatas.
La ciudadanía, mientras tanto, no pide discursos sofisticados ni excusas elaboradas. Pide liderazgo. Pide acción. Pide un Estado que no desaparezca cuando la seguridad nacional está en juego.
El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, se encuentra en una encrucijada: un llamado a su dimisión podría intensificarse a medida que la opinión pública exija respuestas y soluciones efectivas ante este alarmante evento. La percepción de ineficacia en la gestión de la seguridad, puede llevar a una crisis de gobierno aún más profunda, especialmente si no se implementan medidas inmediatas para abordar la situación.
En barrios, comunidades y redes sociales, la población expresa miedo, indignación y desconcierto. “Si se escaparon 20 peligrosos reos y nadie da la cara, ¿quién está al mando del país?”, cuestionaba una ciudadana en redes sociales, reflejando el sentir general.
El silencio oficial ha alimentado rumores, teorías de complicidad y una sensación de abandono. Las autoridades locales y cuerpos de seguridad no han informado de capturas significativas, y la percepción de ingobernabilidad aumenta con cada hora que pasa sin resultados visibles.
Cómo tener confianza de saber si el número de pandilleros no es mayor al reportado.
El silencio confunde.
Ahora se conoce de la denuncia de José Rolando Portillo, viceministro de Seguridad, interpuesta durante la madrugada de este 15 de octubre una denuncia ante el Ministerio Público contra Claudia Palencia, viceministra encargada del tema del combate del narcotráfico, la acusa de:
- Cobros ilegales en el Departamento de Tránsito por la extensión de licencias.
- Tráfico de migrantes en la ruta de Esquipulas hacia el norte.
- Irregularidades en adquisiciones al interior de la PNC.
- “Talacha” y cobros ilegales dentro del Sistema Penitenciario.
- Incumplimiento en procedimientos al reclutar comisarios generales.
Esta fuga marca un punto de inflexión: no se trata de un ataque político, sino de un desafío directo al control del Estado sobre su sistema penitenciario.
Cuando el silencio se vuelve cómplice.
La fuga de 20 reos peligrosos no es solo un episodio delictivo: es un síntoma de un Estado que no está ejerciendo el control efectivo sobre su territorio ni sobre sus cárceles. En un país marcado por décadas de impunidad, la inacción y la tardanza oficial envían un mensaje peligroso: que el poder puede esfumarse sin que nadie asuma responsabilidad.
