En medio de las crísis de seguridad pública, en el país centroamericano, el Presidente no anuncia quien lo sustituye
Por: Diestra
Ciudad de Guatemala, 15 de octubre de 2025 – Cinco días después de la fuga de 20 reclusos pertenecientes al grupo criminal Barrio 18 (B-18) del centro penitenciario Fraijanes II, el presidente Bernardo Arévalo anunció la renuncia del ministro del Interior (Gobernación), Francisco Jimenez, y de dos viceministros, el de seguridad José Portillo y la de asuntos contra el narcotráfico, Claudia Palencia.
La demora en su respuesta ha generado fuertes críticas desde diversos sectores, que señalan la falta de liderazgo y de reacción oportuna ante una de las crísis de seguridad más graves de su administración.
Durante su mensaje a la nación de siete minutos y 27 segundos, el presidente Arévalo -como suele hacerlo en sus intervenciones públicas- atribuyó parte de la responsabilidad a los partidos de oposición y al arraigo de la corrupción heredada, sin reconocer plenamente los errores internos en la gestión del sistema penitenciario.
Analistas coinciden en que esta estrategia de deslindar culpas podría agravar la percepción de aislamiento político del mandatario, especialmente porque compareció ante la población sin presencia de su gabinete en pleno.
El 23 de septiembre pasado, el Departamento de Estado designó a “Barrio 18” como organización terrorista extranjera (FTO) y terrorista global especialmente designado (SDGT). “Barrio 18” es una de las pandillas más grandes de nuestro hemisferio y ha llevado a cabo ataques contra personal de seguridad, funcionarios públicos y civiles en El Salvador, Guatemala y Honduras.
Diversos observadores advierten que la fuga del Barrio 18 podría convertirse en un caso emblemático de corrupción y negligencia de la administración del presidente Bernardo Arevalo, al exponer fallos estructurales en seguridad, control y vigilancia penitenciaria.
El Gobierno aún no informa de los nombres de los sustitutos en el Ministerio de Gobernacion, mientras continúa la búsqueda de los prófugos y se mantiene abierta la investigación para determinar las responsabilidades administrativas y políticas.
