Ciudad de Guatemala, 7 marzo (Diestra).- Una denuncia por el supuesto uso de dinero del erario público para perseguir legal y políticamente a guatemaltecos exiliados en el extranjero, este viernes fue denunciado ante la Contraloría General de Cuentas (CGC) el secretario general del Ministerio Público (MP), Ángel Pineda.
El secretario general de la Presidencia, Juan Guerrero, dijo que la denuncia en contra de Pineda fue una instrucción del jefe de Estado, Bernardo Pineda.
«Vengo a denunciar ante la población el posible uso de fondos públicos para la persecución política de ciudadanos guatemaltecos en el extranjero», dijo el funcionario a los periodistas luego de presentar la denuncia en la sede central de la CGC.
Detalló, por ejemplo, que el 16 de noviembre de 2021 Pineda dirigió un oficio al entonces presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, por medio del cual le requiere pagar un bufete de abogados en Estados Unidos para actuar en contra de personas exiliadas en el extranjero bajo el argumento de defender los intereses del país.
Según Guerrero, se ha establecido que se asignaron 461.600 quetzales mensuales (más de 59 mil dólares= para esos asuntos. Dijo que la estrategia propuesta por el bufete fue sometida a la fiscal general, María Consuelo Porras.
Guerrero agregó que la denuncia va encaminada a que la CGC realice una auditoría al MP y la Procuraduría General de la Nación, así como en el Ministerio de Finanzas, para establecer los gastos realizados durante 2021 y 2022 en la persecución política.
El secretario general de la Presidencia aseguró que desde el Gobierno «continuamos revocando toda instrucción de persecución política de personas exiliadas y de los medios de comunicación por venganzas personales».
«Nos hemos enfocado a los funcionarios públicos por abusar del poder», expresó Guerrero al ser consultado y la denuncia podría alcanzar al expresidente Giammattei.
Señaló que la investigación de la Contraloría debe esclarecer por cuánto tiempo se contrato al bufete, cuyo nombre evitó revelar. Adelantó que la persecución fue dirigida al menos contra dos guatemaltecos.
La solicitud a la CGC es para que esclarezca la utilización de los recursos del Estado y de ella se desprenderán las demás acciones penales, dijo.
