El nuevo pacto logrado por el recién electo presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, extendió una vez más el problema hasta enero, pero con más incertidumbre que certezas sobre si se podrá lograr un acuerdo definitivo.
Al entrar en año electoral, como será el caso para incrementar el techo de la deuda en 2024, la situación debe ser más tensa y compleja.
Por un lado, los republicanos están decididos a continuar con la investigación a la familia Biden a través del Comité de Supervisión de la Cámara Baja liderado por, James Comer, y autorizada por el presidente de ese poder legislativo.
El objetivo principal es llevar a Biden el próximo año a un juicio político en el Congreso. Una posible destitución se complica en el Senado, donde la mayoría es demócrata.
El 15 de noviembre, Johnson confirmó que la pesquisa para un juicio político o destitución del presidente, Joe Biden, ha corroborado que la familia ha incurrido en acciones de corrupción.
“A estas alturas, nuestra investigación ha demostrado la conducta corrupta de la familia del Presidente y que él y altos funcionarios de la Casa Blanca han mentido repetidamente acerca de su conocimiento y su implicación en los negocios de su familia”, indicó Johnson en un comunicado.
Esas pesquisas también han revelado “las decenas de miles de millones de dólares de enemigos extranjeros que se pagaron a compañías fantasmas controladas por el hijo del presidente Biden, el hermano y sus socios empresariales”, agregó.
Por la otra parte, los demócratas y la extrema izquierda impulsan las acusaciones contra el presidente 45 de Estados Unidos, Donald J. Trump, con una balanza en el Departamento de Justicia que ahora se inclina a favorecer a los acusados de la izquierda y demonizar a los acusados de la derecha, por encima de la ética y del prestigio de esa institución.
Y en el vórtice de todo conflicto, se encuentra el mayor: la economía estadounidense; inmersa entre los avatares de la administración Biden.
Mientras los grandes medios de prensa en EEUU, alineados a la Casa Blanca y sus políticas, afirman que la economía está sólida, cada vez más a millones de estadounidenses se les hace casi imposible llegar a fin de mes con un trabajo de tiempo completo, en muchos casos hasta con dos.
Las cifras “mágicas”
Un nuevo informe del gobierno de Biden señala que la economía de EEUU en el tercer trimestre creció un 5,2%, algo que levanta muchas dudas, a menos de un año de las elecciones presidenciales el próximo noviembre y bajo las más fuertes acciones del Banco Central o Fed en los últimos 22 años para desacelerar la economía y contener la histórica inflación que en junio del año pasado llegó a 9,1%.
La Reserva Federal y el Departamento del Tesoro acusaron a los republicanos de exagerar el problema de la inflación y tanto, Jerome Powell como Janet Yellen, respectivamente, reiteraron durante un año que no había sobre qué preocuparse, cuando cada mes subían los niveles inflacionarios en medio de la peor escalada de precios en los últimos casi 50 años.
Ahora, estos dos mismos altos funcionarios federales afirman que la inflación ha caído notablemente por debajo del 3,5%, cuando los precios de los alimentos y de muchos otros productos de consumo; lejos de bajar, suben. La mayoría de los enseres mantiene sus altos valores, al tiempo que el de los seguros, compraventa de vehículos y viviendas prosiguen su ascenso.
Con todas las crisis creadas por el actual gobierno en Washington y sus políticas económicas desacertadas, el presente capítulo de gastos y derroche de los impuestos de los estadounidenses califica para un testimonio de horror.
En menos de tres años de gobierno de Biden, el gasto federal ha sido descomunal y ha disparado la deuda pública hasta los 33 billones (trillions) de dólares. De ahí, una de las causas por la que un nutrido grupo de republicanos en el Congreso federal reclama un control más estricto sobre las finanzas en Washington D.C.
Las interminables partidas de dinero para costear la guerra de Ucrania (más de 150,000 millones de dólares) se agregan a la enorme lista de gastos de la Casa Blanca.
En el portafolio también aparecen los dos paquetes de ayuda por el COVID-19 (uno de 900.000 millones de dólares aprobado en diciembre de 2020 y otro de 1,9 billones (trillions) de dólares en marzo de 2021); la reinserción de EEUU y su contribución monetaria en todos los foros mundiales, el caos de seguridad nacional y despilfarro en la frontera sur, la cifra récord de presupuesto militar por tres años consecutivos, la salida de Afganistán y sus consecuencias, las constantes ayudas internacionales a gobiernos y Organizaciones No Gubernamentales (ONG); junto a los casi $4 billones (Trillions) entre la Ley de Infraestructura y la mal llamada Ley de Reducción de la Inflación.
Promesas de Biden
El actual gobierno ha sido el que más gastos adicionales ha sumado al desembolso federal, con la excepción de la respuesta financiera de emergencia a la crisis sanitaria y recesión económica generada por la pandemia de COVID-19 en 2020, bajo la administración de Donald Trump.
Por esa razón, los republicanos exigen cerrar el grifo de Biden e imponer regulaciones más severas al gasto gubernamental, ahora que cuentan con mayoría en la Cámara de Representantes.
Muchos legisladores conservadores que han apoyado los tres gigantescos paquetes de ayuda a Ucrania junto al poderoso respaldo militar, han concluido que los fondos se evaporan prácticamente en semanas y los resultados de Ucrania frente a Rusia son ínfimos, mucho menos tangibles.
Lo peor es que Washington navega en la opción de confiar en la gestión y distribución del dinero por parte del gobierno de Volodimir Zelensky, con una mínima supervisión -si existe alguna- en medio de una guerra en la que EEUU no es partícipe directo.
Un reciente informe de JPMorgan Chase da cuenta de que la economía rusa crecerá en 2023 un 3%, mientras el pronóstico de la EEUU está entre 2,3 y 2,5%, según el promedio de varios informes. Es decir, Vladimir Putin ha hecho gárgaras con las “sanciones de Washington por la guerra en Ucrania” y las estrategia de la Casa Blanca se perfila como otro gran fracaso junto a la guerra en Afganistán, con la salvedad de las particularidades y sustanciales diferencias.
Alemania, el motor económico de Europa, y la propia Europa en general no se han podido deshacer de los suministros del petróleo y el gas rusos, a pesar de las ventas de EEUU.
Arabia Saudita hizo caso omiso a Biden sobre su petición de incrementar la producción mundial de crudo. Por el contrario, la redujo en tres ocasiones entre 2022 y 2023.
La extensión del techo de la deuda estadounidense en 2024 se enmarca en un contexto sumamente complejo, diverso y con enormes retos en los que ha caído por su propio peso la Casa Blanca como consecuencia de sus políticas de cambio climático (otra decepcionante promesa de Biden).
Hasta Alemania ha reactivado el uso del carbón para paliar su crisis energética y China e India, los grandes emisores de hidrocarburos, siguen en la misma cuerda sobre sus enormes emisiones contaminantes y bajo ninguna regulación internacional, muchos menos algún compromiso oficial para una reducción de contaminantes.
Este año, la producción de petróleo y de otros hidrocarburos en EEUU debe cerrar en cifra récord, todo lo contrario que prometió Biden en sus discursos de campaña electoral.
En el caso de la extracción y producción de crudo, EEUU debe concluir diciembre con más de 13 millones de barriles diarios de petróleo. Antes de la pandemia de COVID-19 -y durante el mandato de Donald Trump- Norteamérica procesaba 12,2 millones de barriles diarios, como promedio.
Es decir, bajo el gobierno de Biden, que en su primer año abrió una guerra frontal a las petroleras estadounidenses que causó la mayor inflación en los últimos casi 50 años, ahora se produce más petróleo y carburantes que en el mandato de su predecesor Trump, a quien el propio Biden cuestionó por no promover las llamadas energías “limpias”.
Biden aseguró públicamente una transición inmediata de los combustibles fósiles (petróleo, gas, carbón y otros derivados) a las llamadas renovables (solar, eólica, hidroeléctrica, etc). A pesar de que lo ha intentado, la realidad lo ha empujado hacia el lado contrario a sus aspiraciones.
Las crisis creadas
En economía, Biden roza el desastre con una tasa referencial de interés de 5,25%-5,50%, la mayor en 22 años y tasas hipotecarias que han llegado hasta casi el 8%, con visible impacto para el sector inmobiliario y la construcción, a pesar de que el gobierno niegue una crisis hipotecaria junto a la crisis bancaria, que no ha terminado.
En diversos artículos publicados en DIARIO LAS AMÉRICAS se han desglosado las cifras y los componentes de una crisis hipotecaria desde el pasado año, que se ratificó con un desplome en las ventas de viviendas del 18% en 2022, la peor caída desde el 2014.
Entre el 2022 y los dos primeros trimestres de 2023, el descenso de las ventas de viviendas marcó 14 meses consecutivos. En octubre, la compraventa de nuevas propiedades bajó un 5,6% y los datos de septiembre se corrigieron en negativo.
La actividad manufacturera naufragó más de 12 meses en plena contracción sin haber salido aún, mientras que el déficit comercial el año anterior registró otro récord negativo en la extensa lista de Biden: 945,300 millones de dólares, un 12,2 superior al 2021, que también fue récord.
La manufactura volvió a contraerse en noviembre, por décimo tercer mes consecutivo, según datos de la federación profesional ISM.
Cualquier medida por debajo de 50% indica una caída significativa de actividad. El dato es peor al previsto por los analistas, que esperaban 47,5%.
Sin entrar en el costo de la crisis migratoria, la huelga automotriz por casi dos meses, los actuales precios de productos de consumo, el aumento de los impagos de las tarjetas de créditos y la crisis bancaria, la administración Biden se encuentra en el capítulo similar al de Jimmy Carter.
Para evitar una catástrofe financiera, el Tesoro y la Reserva Federal destinaron 300,000 millones de dólares junto al rescate de dos bancos.
Respecto a otra de las grandes promesas de Biden, la consolidación de la industria de autos eléctricos en el país con mucho dinero en promociones, incentivos de los fabricantes y de la Casa Blanca (7,500 dólares a cada comprador) y mucha publicidad, no deja de ser otro fiasco.
En 2022, apenas el 9% de las ventas totales de vehículos correspondió al sector eléctrico. No obstante, la gran prensa liberal lo vende como un logro junto a las cifras de desempleo, que se encuentran en un rango muy bajo gracias a los 11,9 millones de puestos de trabajo vacantes en el país, que aún pasan de los 9 millones.
En estos momentos, la nota sobre la perspectiva de la deuda de EEUU fue rebajada de estable a negativa. Así lo determinó la agencia de calificación crediticia Moody’s Investor Service.
Por su parte, la agencia Fitch redujo en agosto la nota de la deuda pública estadounidense de triple (AAA+) a doble (AA+). Y como es de suponer, la señora a cargo del Tesoro, Janet Yellen, ha manifestado su inconformidad con estas decisiones.
Después de este análisis, tal vez pueda comprender las actuales exigencias de los republicanos sobre un freno al presupuesto del presidente Joe Biden, a quien le sobran los problemas desde que decidió revertir -por revancha política- los innegables éxitos económicos del expresidente Trump y su gabinete.
La administración Biden, como dijo desde un inicio, ha intentado imponer y transformar -sin logro alguno- un nuevo modelo económico en EEUU con un mayor sistema de control del gobierno federal sobre la sólida infraestructura empresarial e industrial capitalista estadounidense; estratificada y perfeccionada desde finales del siglo XIX.
Este camino, escogido por la izquierda y la extrema izquierda en una alianza, parece extremedamente pantanoso para otros cuatro años de Joe Biden o para el triunfo electoral de otro candidato demócrata, como una posibilidad que se baraja desde hace meses entre los medios de prensa y los círculos políticos en Washington.
Los comentarios acerca del deterioro de la capacidad física y mental de Biden forma parte del cotilleo casi diario en los pasillos solemnes de la Casa Blanca y el Congreso.
