Ciudad de Guatemala, 10 septiembre (Diestra).- El exviceministro de la Defensa del Gobierno del presidente Gustavo Petro en Colombia, Ricardo Díaz, hizo serios señalamientos en contra de Iván Velásquez, quien actualmente dirige esa cartera, y dijo que estaría implicado en presuntas irregularidades que se habrían presentado en negocios hechos por el Ejecutivo.
En el marco de una entrevista para la Revista Semana, Díaz reveló que en la averiguación que hicieron «encontramos que había un interés particular de que la Policía Nacional fuera desvinculada del Ministerio de la Defensa. Ese es un punto que ha tenido mucha controversia» en su país, explicó.
Detalló que resulta que existe una corporación que se llama Justicia y Democracia que tiene el actual ministro de la Defensa, Iván Velásquez, con sede en Colombia, pero tiene una particularidad: Los socios de esa empresa son los abogados del proceso de Odebrecht en Guatemala, Juan Pablo Carrasco de Groote y Alfonso Carrillo.
El exviceministro confirmó que esos abogados, representantes del proceso de Odebrecht en Guatemala, tenían que ver también con el banco ruso de la familia Bitkov en Guatemala”.
«Esos dos personajes son hoy los socios del ministro de la Defensa en la Corporación Justicia y Democracia. Allí también estaba la señora Cecilia Orozco, que creo que es la directora de un medio periodístico. Son socios del ministro», enfatizó.
En la entrevista con la periodista Vicky Dávila, Díaz sostuvo que existe un documento oficial el cual ofreció mostrar donde están relacionados «los socios de la corporación que maneja el hijo del ministro».
Aseguró que uno de los objetivos de esa corporación era la «desvinculación de la Policía Nacional del Ministerio de la Defensa».
Consultado si el hijo del ministro Iván Velásquez tiene que ver algo con la labor del papá para sacar a la Policía del Ministerio de Defensa, el exfuncionario fue claro en afirmar: “Yo pienso que sí… Él ha asistido en muchas ocasiones a las unidades policiales, como para poner al tanto de las ‘ventajas’ de la salida de la Policía del Ministerio”, manifestó.
Comentó que en la actualidad la Policía Nacional de su país no tiene director y que cuenta con su propio presupuesto y que el apoyo que la da el Ministerio de la Defensa en educación y material sanitario es mínimo.
En su opinión, desvincular a la institución de la cartera de Defensa es para volverla «mansita». «Nuestra Policía es una Policía militarizada que se ha usado para neutralizar la actividad violenta que tiene el país por organizaciones de narcotraficantes, pero como hay una negociación directa con organizaciones, con narcotraficantes, las FAR, con ELN. No se cuál sería la utilidad de la Policía, a no ser que hagamos una Policía tranquila hablando de convivencia, pero los grados de inseguridad que hay en este momento no van a permitir que la Policía pueda desempeñar ese tipo de actividades», aclaró.
Según Díaz, la consulta sobre la viabilidad de desvincular a la Policía Nacional la hicieron al Ministerio, en particular al director saliente de Gestión de Riesgo que identificó como el doctor Pava, quien decía que las personas -de la institución- fuesen parte de la Defensa Civil y que se les diera una compensación. Pero la Defensa Civil es un voluntariado hecho para una movilización en caso de una catástrofe, justificó.
Son más de 100 mil personas en los 32 departamentos y el ministro sabía de lo que se estaba hablando porque el doctor Pava no haría una consulta de esas por su propia cuenta, y se hablaba de grupos de reinsertados para que fuesen parte de esa organización «lo cual es un exabrupto porque es militarizar una organización humanitaria», afirmó.
Caso Odebrecht en Guatemala
El 16 de enero pasado, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) anunció que iba a emprender acciones legales en contra de Iván Velásquez por su desempeño al frente de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la cual fue expulsada del país en 2019 por el entonces presidente Jimmy Morales, por su presunta injerencia en asuntos internos.
El titular de la FRCI, Rafael Curruchiche hizo señalamientos en contra del actual ministro de la Defensa de Colombia dentro del caso de corrupción que vincula a la constructora brasileña Odebrecht.
“La Fiscalía Especial Contra la Impunidad emprenderá acciones legales para que responda por sus actos ilegales y abusivos el excomisionado de CICIG Iván Velásquez”, aseguró Curruchiche durante un mensaje oficial en esa oportunidad.
Velásquez es acusado de permitir la aprobación de acuerdos de cooperación, según Curruchiche anómalos, con dos directivos brasileños de la constructora Odebrecht en 2017. El colombiano, de 67 años, fue jefe de la CICIG en Guatemala entre 2013 y 2017.
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