Que Dios salve a Guatemala. Porque su gobierno, hoy por hoy, ha elegido no hacerlo.
Por: EDITORIAL
La ejecución del excandidato a alcalde de El Tejar, departamento de Chimaltenango, en Guatemala José Elías Ramírez Andrés, junto a otra persona que lo acompañaba, no es simplemente un crimen más. Es un símbolo desgarrador de lo que hoy es Guatemala: un país desangrado, sin rumbo, atrapado entre la impunidad y la descomposición institucional. Las imágenes, tan crudas como reveladoras, muestran a un grupo de sicarios armados con fusiles de asalto cumpliendo su cometido con una brutalidad escalofriante. El polvo que se levantó tras las balas no solo cubría los cuerpos, sino que parecía envolver al país entero, como una metáfora lúgubre de su caída: desordenado, herido, desmoronándose ante los ojos de todos. Este hecho no es aislado.
Es el síntoma más reciente de una enfermedad crónica que carcome al Estado guatemalteco: su descomposición total. La violencia se ha convertido en el pan diario de los ciudadanos, mientras las instituciones apenas responden. El gobierno de Bernardo Arévalo, que llegó al poder con promesas de renovación democrática, se ha mostrado incapaz de responder con claridad, firmeza y dignidad a la magnitud de la crisis.
Guatemala necesita algo más que un cambio de gobierno: necesita un cambio profundo de conciencia.
La ingobernabilidad ya no puede maquillarse. La desidia del Estado, la corrupción persistente, la inoperancia de las fuerzas de seguridad y la normalización del crimen han dejado al pueblo guatemalteco en una desesperanza que se profundiza cada día. Cada asesinato, cada escándalo silenciado, cada omisión gubernamental clava otro clavo en el ataúd de la confianza pública. Y lo más alarmante: el silencio cómplice. ¿Dónde está la condena contundente desde el Ejecutivo? ¿Dónde la acción inmediata, la movilización del Estado, la defensa pública de la vida humana? En ninguna parte.
El gobierno ha optado por el mutismo, o peor, por el desvío calculado. Mientras las redes sociales ardían de indignación, los medios tradicionales —muchos claramente alineados al poder— optaron por una cobertura anodina, evasiva. Titulares que hablaban de obras públicas, de carreteras recién inauguradas, mientras el país enterraba a otro político asesinado.
Los medios prefirieron: con su opacidad «convertir al asesinado en sospechoso, al muerto en culpable»
Algunos, incluso, ilustraron la noticia con fotografías de Ramírez Andrés mostrando medallas de oro, sugiriendo sutilmente vínculos con el crimen organizado. Fue grotesco. Fue perverso. Esto no es descuido. Es estrategia. Una narrativa cuidadosamente construida para relativizar la violencia, sembrar dudas sobre las víctimas y justificar lo injustificable. Es el intento de convertir al asesinado en sospechoso, al muerto en culpable. Y eso, en cualquier democracia, es una afrenta. Cuando los medios se convierten en escudos del poder en lugar de espejos de la verdad, la democracia se apaga. La función del periodismo, especialmente en tiempos de crisis, es clara: informar con rigor, denunciar sin miedo y poner el foco donde más incomoda.
Hoy, muchos han decidido no hacerlo. Ya sea por miedo, conveniencia o sumisión, su silencio contribuye a la destrucción de la República. Guatemala atraviesa uno de los capítulos más oscuros de su historia reciente. La violencia ya no distingue partidos ni clases sociales; la corrupción ha devorado la poca institucionalidad que quedaba; y la indiferencia oficial ha dejado a la ciudadanía huérfana.
El asesinato de Ramírez Andrés no es una excepción: es otra advertencia. Y la pregunta ya no es “¿qué está pasando?”, sino ¿cuánto más vamos a soportar antes de reaccionar? Guatemala necesita algo más que un cambio de gobierno: necesita un cambio profundo de conciencia.
Hace falta valentía cívica, ética pública y una voluntad colectiva de romper con la resignación. Porque mientras la impunidad reine, mientras el poder siga protegiéndose y los medios escondan la verdad, el país seguirá cayendo en la espiral de la desesperación. Que Dios salve a Guatemala. Porque su gobierno, hoy por hoy, ha elegido no hacerlo.
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