Guatemala ante el espejo de sus errores

octubre 22, 2025

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Gustavo Alejos, empresario sancionado por el Tesoro de Estados Unidos, una de las piezas de este entramado. Alejos fue involucrado en el asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, luego en la manipulación de la conformación de las Cortes guatemaltecas, después en repartir comisiones a gobernantes por las ventas de medicinas y parece que la práctica sigue intacta.

Por: Diestra

Editorial

Guatemala atraviesa un momento decisivo. En un país donde la esperanza se confunde con el descontento, el panorama político y social vuelve a teñirse de sombras. Lo que alguna vez fue un triunfo cargado de ilusiones —la elección del presidente Bernardo Arévalo y su promesa de renovación democrática— hoy se percibe como una amarga repetición de los errores que han sumido al país en una crisis institucional prolongada.

La reciente fuga de veinte reos de alta peligrosidad, en su mayoría integrantes de la pandilla Barrio 18, no es un simple incidente penitenciario. Es el reflejo más crudo de la fragilidad del Estado y de la incapacidad del Gobierno para garantizar la seguridad nacional. Que una estructura criminal catalogada como terrorista por Estados Unidos logre burlar los controles penitenciarios evidencia una preocupante descomposición institucional.

A ello se suma la inusual permanencia del exministro de Gobernación, Francisco Jiménez, quien, pese a haber presentado su renuncia, continúa ejerciendo funciones. En la opinión pública crece la sospecha de que su presencia busca borrar huellas que podrían revelar redes de corrupción dentro del sistema de seguridad. Esta situación, además de insólita, desafía la lógica administrativa y erosiona aún más la credibilidad del Ejecutivo.

Paralelamente, el país ha sido sacudido por las denuncias del Ministerio Público sobre presuntos actos de corrupción en el Ministerio de Salud Pública. El caso denominado “UNOPS: corrupción presidencial” expone un entramado de intereses que compromete a altos funcionarios del Gobierno y a figuras del entorno presidencial.
Según las investigaciones, el empresario y político Gustavo Alejos, sancionado por el Gobierno de Estados Unidos, junto con su hijo y su esposa, habría tejido una red de corrupción que involucra a los ministros Joaquín Barnoya (de Salud Pública y Jonathan Menkos (de Finanzas Públicas), al hermano del presidente Martín Arévalo y al diputado oficialista Samuel Pérez.

El fiscal Rafael Curruchiche detalló el mecanismo: la empresa Reus Pharma, propiedad de Alejos y su hijo, habría recibido Q223 millones durante el presente año. Los fondos eran trasladados al extranjero y posteriormente retornaban al país en efectivo. De acuerdo con las pesquisas, cuando el presidente requería recursos, estos eran entregados directamente a Santiago Palomo, colaborador cercano del mandatario. De confirmarse estas acusaciones, el impacto político y moral sería devastador: el gobierno que se presentó como símbolo de transparencia podría quedar marcado por el mismo mal que juró erradicar. De ser confirmada la participación del señor Alejos en negocios con el Estado, podrían llegar sanciones internacionales.

El caso UNOPS involucra presuntas irregularidades en convenios suscritos entre el Estado de Guatemala y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, por un monto superior a 900 millones de dólares. La Contraloría General de Cuentas denunció anomalías en la ejecución de dichos contratos, especialmente en la compra de medicamentos y suministros médicos. Lo que hace el caso aún más sensible es el señalamiento de que el presidente Arévalo habría ordenado la firma de estos convenios a través del Ministerio de Salud, mientras su hermano, Martín Arévalo, ocupa un cargo dentro de la misma organización internacional.

Aunque el mandatario ha negado toda vinculación irregular y ha calificado las acusaciones como una “pantalla de humo”, sus declaraciones —aludiendo a que el Ministerio Público “da patadas de ahogado” porque “en mayo de 2026 se les acaba la fiesta”, en referencia al fin del mandato de la fiscal general María Consuelo Porras— no contribuyen a disipar las dudas. Por el contrario, revelan una peligrosa confrontación entre instituciones que amenaza con profundizar la crisis de gobernabilidad.

Estos episodios, sumados a la inercia del aparato estatal, han generado un creciente desencanto ciudadano. La población que apostó por un cambio real asiste hoy a la reaparición de viejos vicios: el clientelismo, los pactos de conveniencia y la opacidad en la gestión pública. Guatemala se enfrenta nuevamente al espejo de sus errores, y la imagen que devuelve no es alentadora.

El desafío que enfrenta la nación no es únicamente político: es ético. La crisis actual demanda una reconstrucción profunda del vínculo entre el poder y la sociedad. No bastan los discursos anticorrupción; se requieren acciones firmes, rendición de cuentas y un compromiso genuino con la transparencia.

Guatemala no puede seguir siendo rehén de sus viejas estructuras. Si el Gobierno no asume con responsabilidad su papel y la ciudadanía no exige con determinación los cambios prometidos, el futuro seguirá siendo una prolongación de los fracasos del pasado.
El país está ante una encrucijada: o enfrenta con valentía el reflejo de sus errores, o continuará repitiéndolos hasta perder toda esperanza de transformación.