COLUMNA DE OPINIÓN
Entre misiones de observación, expresidentes itinerantes y organismos internacionales que exigen lo que no siempre practican, resurge el debate sobre la soberanía y el derecho de las naciones a decidir su propio destino.
Por Anthony Valdez/Diestra La Revista
Existe una frase que ha sobrevivido al paso del tiempo y que continúa siendo una referencia obligada cuando se habla de relaciones entre Estados soberanos. Fue pronunciada por el Presidente de México Benito Juárez (1806 -1872) y resume un principio fundamental de convivencia internacional: «Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz».
La reflexión viene a cuenta de la creciente presencia en América Latina de fundaciones, organizaciones y grupos de expresidentes que recorren distintos países bajo la bandera de la observación democrática, la defensa del Estado de derecho o el fortalecimiento institucional. Aunque esos objetivos pueden parecer nobles, resulta válido preguntarse dónde termina la cooperación y dónde comienza la injerencia.
El caso más reciente es la visita a Guatemala de una misión del Instituto para «el Clima», la Democracia y la Inclusión (CDI), integrada por varios expresidentes latinoamericanos, quienes aseguran monitorear procesos de renovación de instituciones vinculadas a la justicia y al control gubernamental. La delegación es encabezada por el expresidente costarricense Carlos Alvarado.
La pregunta no surge por animadversión personal ni por cuestionar el derecho de cualquier ciudadano a expresar sus opiniones. Surge porque muchos de estos exmandatarios llegan a otros países a señalar problemas que durante sus propias administraciones fueron incapaces de resolver. En el caso de Alvarado, diversos estudios de opinión reflejaron elevados niveles de desaprobación ciudadana al concluir su mandato en Costa Rica. Como ocurre con otros exgobernantes de la región, la ciudadanía tiene derecho a preguntarse si quienes dejaron tras de sí problemas económicos, políticos o sociales sin resolver poseen realmente la autoridad moral para convertirse en supervisores de procesos ajenos.
Más allá de nombres específicos, el fenómeno refleja una tendencia preocupante: la creación de una especie de élite política regional que parece sentirse investida de una autoridad supranacional para evaluar, recomendar o presionar sobre asuntos que corresponden exclusivamente a las instituciones y ciudadanos de cada país.
La democracia no se fortalece cuando actores externos sustituyen el debate interno. Se fortalece cuando las instituciones funcionan, cuando la ley se aplica y cuando los ciudadanos ejercen plenamente sus derechos y responsabilidades.
Sin embargo, el problema no se limita a las fundaciones o a los expresidentes. También alcanza a organismos multilaterales que con frecuencia exigen estándares de transparencia, legalidad y combate a la corrupción mientras enfrentan cuestionamientos dentro de sus propias estructuras.
Un ejemplo reciente involucra a la Organización de los Estados Americanos (OEA). Según una investigación publicada por Infobae, la administración estadounidense habría revocado la visa diplomática de Xaviera Jessurun, jefa de Gabinete del secretario general Albert Ramdin, debido a investigaciones que enfrenta en Surinam por presuntos delitos de corrupción, fraude y lavado de dinero relacionados con la privatización de una aerolínea estatal.
De acuerdo con la publicación, Jessurun fue formalmente imputada en su país y el gobierno de Surinam incluso le retiró el pasaporte diplomático. Pese a ello, fue nombrada para uno de los cargos más influyentes dentro de la estructura administrativa de la OEA. El caso provocó cuestionamientos internos y reavivó el debate sobre la credibilidad institucional del organismo.
La situación plantea una interrogante inevitable. ¿Cómo puede una organización exigir determinados estándares a los países miembros mientras enfrenta cuestionamientos sobre decisiones tomadas dentro de su propia administración? No se trata de condenar anticipadamente a nadie ni de desconocer la presunción de inocencia, sino de exigir la misma coherencia que estos organismos demandan a los gobiernos de la región.
Un organismo que denuncia corrupción en los países miembros debería ser el primero en demostrar rigor, transparencia y prudencia frente a cualquier señalamiento que afecte su credibilidad. De lo contrario, corre el riesgo de convertirse en juez de conductas que no está dispuesto a examinar con la misma severidad dentro de casa.
La cooperación internacional es necesaria. La observación electoral puede ser útil. Los mecanismos de apoyo técnico son valiosos. Pero ninguna de esas herramientas debe convertirse en un vehículo para sustituir la voluntad soberana de los pueblos ni para imponer visiones políticas desde estructuras que carecen de legitimidad democrática directa.
Los países latinoamericanos enfrentan enormes desafíos: crimen organizado, corrupción, pobreza, debilidad institucional y polarización política. La solución a esos problemas no vendrá de delegaciones itinerantes de expresidentes ni de burocracias internacionales que muchas veces enfrentan sus propias contradicciones. Vendrá del fortalecimiento de las instituciones nacionales, del respeto a la ley y de la participación activa de los ciudadanos.
Porque la autodeterminación de los pueblos sigue siendo un principio vigente. Y porque el respeto al derecho ajeno no solo debe aplicarse entre personas. También debe aplicarse entre naciones, entre gobiernos y entre organizaciones que con demasiada frecuencia parecen olvidar que la soberanía no es una concesión, sino un derecho.
Los pueblos no necesitan tutores extranjeros. Necesitan instituciones fuertes, ciudadanos vigilantes y la libertad de decidir su propio destino.
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