La Opinión
En una decisión de 5-4, la Corte Suprema permitió que el Gobierno del presidente Joe Biden termine con la política “Permanecer en México“, la cual obligaba a enviar a ese país a peticionarios de asilo para esperar su cita en un tribunal.
Los polémicos Protocolos de Protección al Migrante (MPP), nombre oficial de la política impuesta por el expresidente Donald Trump, era defendida por los estados de Texas y Missouri, gobernados por republicanos.
El Máximo Tribunal indica que la Administración Biden, a través del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tenía el derecho de terminar con esa política migratoria y que al hacerlo no violó la Ley de Ciudadanía e Inmigración (INA).
“La rescisión del MPP por parte del Gobierno no violó la sección 1225 de la INA, y los Memorandos del 29 de octubre constituyeron una acción final de la agencia”, dice la opinión del juez Roberts.
En febrero pasado, la Corte Suprema aceptó la petición de la Administración Biden para revisar el caso.
El fin de la política migratoria fue respaldado por 18 fiscales generales: California, Illinois, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Hawai, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Rhode Island y Vermont.
