La Corte Suprema declara «inconstitucional» el contrato minero foco de la crisis en Panamá

«Los magistrados y magistradas que integramos el pleno hemos decidido por unanimidad declarar inconstitucional toda la Ley 406 del 20 de octubre de 2023. Lo anterior significa que la referida ley queda expulsada del sistema normativo que rige en el país», declaró la presidenta acompañada por el resto del pleno en una declaración emitida en directo.

López Arias indicó que una vez quede «ejecutoriada la sentencia», se procederá «a emitirla para su publicación en la Gaceta Oficial».

«Aprovechamos la oportunidad para enviarle un mensaje de felicitación a los panameños, con ocasión de conmemorarse hoy 200 años de independencia, que Dios bendiga a Panamá», cerró la magistrada en referencia a la celebración este 28 de noviembre de los 202 años de la declaración de independencia de Panamá de España.

La Ley 406 regula la explotación de la mina Cobre Panamá, una inversión de alrededor de 10.000 millones de dólares, según la empresa, que exporta mineral sobre todo al mercado chino y fue construida en el corazón del Corredor Biológico Centroamericano causando daños irreparables al ecosistema, de acuerdo con los grupos ambientalistas que tienen años luchando contra el enclave.

Con este fallo, el contrato «deja de existir», habían adelantado a EFE ante esta posibilidad la ex fiscal general panameña Ana Matilde Gómez y el experto constitucionalista Ernesto Cedeño, y en consecuencia el Ejecutivo tendrá, en el corto plazo, que ordenar el cese de operaciones de la mina, que no es lo mismo que su cierre, un proceso que tomará años de acuerdo con los expertos.

El presidente panameño reaccionó al fallo del máximo órgano judicial subrayando que acatará la orden.

«Como presidente de la República, siempre respetuoso de la separación de los poderes del Estado y de nuestra Constitución, recibo y acato la decisión de la Corte Suprema de Justicia, expresada en su fallo de hoy, sobre la Ley 406 del contrato minero», afirmó Cortizo en un breve comunicado.

«Reitero al país mi total convicción sobre el valor de la justicia, como columna vertebral de la democracia», concluyó el presidente, muy criticado por la celeridad con la que fue aprobada esta ley, en apenas tres días.

Minera Panamá ya avisó de su intención de presentar dos demandas contra Panamá ante el Centro internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones bajo el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá, según informó el pasado 26 de noviembre el Gobierno panameño, que dijo estar listo para defender al Estado.

La compañía minera respondió anoche al comunicado del Gobierno panameño, asegurando que el objetivo de la notificación era «meramente cumplir con las formalidades» con el propósito «de abrir entre las partes un período de diálogo de al menos 90 días».

Se espera que esta decisión ponga fin a la crisis desatada por la aprobación exprés del contrato ley por parte del Parlamento y el Gobierno, que ha dejado cuatro muertos, un paro docente que dejó sin clases en el último mes a cerca de 800.000 estudiantes, y un descalabro económico por los bloqueos de vías liderados por grupos indígenas y sindicatos, que empezaron ya a levantarse.

El rechazo al contrato minero generó asimismo las mayores protestas pacíficas en décadas en Panamá, lideradas por los jóvenes, que fueron malogradas por «infiltrados» que causaron desórdenes y una respuesta de la policía que fue tildada de excesiva por la Defensoría del Pueblo.

Manifestantes salieron a las calles

Centenares de manifestantes salieron este martes a las calles de Panamá a celebrar al grito de «sí se pudo» el fallo de la Corte Suprema de Justicia, que declaró «inconstitucional» el polémico contrato ley que renovó una concesión a una filial de la minera canadiense First Quantum Minerals (FQM).

«Nos sentimos muy satisfechos (…) en estas 233 páginas de fallo esperamos ver un contenido glorioso para Panamá, que defienda nuestro medio ambiente y que defienda nuestra naturaleza», dijo a EFE Marta Cornejo, una de las abogadas demandantes, entre los cánticos de una entusiasmada multitud frente a la sede del Supremo.

«Sí se pudo» clamaban los jóvenes, ambientalistas, sindicatos e indígenas, que se abrazaban y saltaban para festejar la decisión de los magistrados a las puertas del Palacio Gil Ponce, como se conoce a la Corte Suprema de Justicia, en Ciudad de Panamá.

Allí, en medio de ese ambiente festivo, el abogado Juan Ramón Sevillano, que interpuso una de las demandas de inconstitucionalidad, declaró a EFE que «el pueblo ha triunfado, ahora hay democracia (antes) había un ente corrupto dominando el sistema».

Las celebraciones se han replicado en muchos puntos del país, abarrotando las calles con banderas de Panamá y despejando la mayoría de las vías que se mantenían cerradas por los manifestantes desde hace semanas, unos festejos que se espera que se prolonguen durante todo el día.

Abogados ambientalistas han explicado a EFE que dicho fallo evidencia que el contrato violaba más una docena de artículos de la Carta Maga y que es similar al anterior acuerdo minero también declarado inconstitucional en el 2017 por el Supremo panameño. Sin embargo, aún deben estudiarlo con detalle, advirtieron.

«Son más de una docena de artículos (…) este contrato no solamente violaba normas ecológicas sino de administración públicas fundamentales como el artículo 32 de la Carta Magna que estable el debido proceso legal», dijo a EFE el abogado Harley Mitchell.

Detalló que «el órgano Ejecutivo solo puede negociar contratos de acuerdo a la ley y en este caso la ley correspondía al decreto de 1969 que establecía específicamente que los minerales de Donoso (donde se ubica la mina) se debían dar en licitación pública» y no por negociación directa, como se hizo.

El experto en materia ambiental señaló que «la Corte mantiene el mismo criterio de 2017 debido a que el derecho mismo no ha cambiado», en referencia a cuando el Supremo panameño declaró ese año inconstitucional el primer contrato minero de 1997, lo que llevó a las autoridades a negociar nuevamente otro acuerdo.

«Negociaron una mina, que es un tema de orden público regulado y con consecuencias ambientales, como si fuera un lote privado, a espaldas de la población. En ese sentido, hicieron lo mismo y el fallo es similar», apuntó Mitchell.

El diputado independiente Juan Diego Vázquez, una de las voces más críticas del contrato minero, explicó en la red social X (antes Twitter) que algunos argumentos del Supremo es que «debió haber licitación», «no se tomaron medidas de cuidado ambiental», «no se permitió participación efectiva en un proceso que tomó 10 días» y que «el contrato incluye materia extraña al incluir otras concesiones dentro de la minera».

El fallo del Supremo se ha dado casualmente este martes 28 de noviembre, cuando se cumplen 202 años de la independencia de España, una coincidencia que ha revivido el sentimiento de soberanía nacional, un tema sensitivo en el país tras la presencia de EE.UU. durante gran parte del siglo XX en la Zona del Canal y otras empresas que establecieron «enclaves».

«Declaramos nuestra independencia de España y también la corrupción. Vamos a estar firmes y vigilantes a que se mantenga el estado de derecho. Vamos a seguir porque esto no termina hasta que cierre la mina y todas las minas hasta que se determine que el oro de Panamá es verde», señaló a EFE el ambientalista Guido Berguido del movimiento ‘Panamá Vale Más Sin Minería’.

La decisión del Supremo podría poner fin a la crisis interna del país, que desde hace más de un mes vive intensas manifestaciones callejeras, fuertes bloqueos viales y huelgas gremiales, desencadenando pérdidas millonarias y el desabastecimiento de productos básicos.

Sin embargo, algunos manifestantes han anunciado que bajarán la intensidad de las protestas pero que seguirán «vigilantes», ya que ahora el Ejecutivo debe acatar el fallo, algo que ya anunció que haría el presidente panameño, Laurentino Cortizo, y ordenar el cese de operaciones de la mina, que no es lo mismo que el cierre. Expertos advierten que este proceso no es inmediato y podría tardar años.

«Más que protestar vamos a estar vigilantes, pasando a otras fases de participación ciudadana y velar de que ejecute ese fallo, ordenar el cierre hasta ser un país libre de minería», apuntó Lilian Guevara, del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), la organización ambiental que hace años interpuso esa demanda de inconstitucionalidad contra el contrato minero anterior.

Minera revisará contenido del fallo

La minera canadiense First Quantum Minerals (FQM) anunció este martes que «revisará el contenido del fallo» de inconstitucionalidad del contrato que renovaba la concesión de la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica, un acuerdo que desató durante el último mes las peores protestas en Panamá en décadas.

La mina, que reaccionó horas después de que la Corte Suprema de Justicia de Panamá anunciara que el contrato ley era «inconstitucional», añadió también que «respeta las leyes panameñas» y que han «escuchado el clamor popular», por lo que reiteraron su disposición de tener un «diálogo constructivo».

«Ante el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre la inconstitucionalidad de la Ley 406 de 2023, anunciado el martes 28 de noviembre de 2023 (el Fallo), la Empresa desea expresar que respeta las leyes panameñas y revisará el contenido del fallo para comprender los fundamentos del mismo», señala un comunicado.

Según han explicado expertos a EFE, el contrato ley con la minera canadiense viola más de una docena de artículos de la Carta Magna, no solo ambientales sino de Administración pública, y que el fallo de la Corte también se basa en que no hubo licitación pública, como establece la ley.

En el comunicado, la minera recordó que el contrato «fue el resultado de un proceso de negociación largo y transparente, con el objetivo de fomentar beneficios económicos mutuos, garantizar la protección del medio ambiente, apoyar la conservación de la biodiversidad, fomentar el desarrollo comunitario, cumplir con las regulaciones internacionales que rigen las actividades mineras, y retornar la estabilidad jurídica y durabilidad necesaria a esta legítima inversión realizada de buena fe en Panamá».

La Ley 406 regulaba la explotación de una gran mina de cobre, una inversión de alrededor de 10.000 millones de dólares, según la empresa, que exporta mineral sobre todo al mercado chino y fue construida en el corazón del Corredor Biológico Centroamericano causando daños irreparables al ecosistema, según los grupos ambientalistas que tienen años luchando contra el enclave.

Minera Panamá, filial de FQM, ya avisó de su intención de presentar dos demandas contra Panamá ante el Centro internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones bajo el Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá, según informó el pasado 26 de noviembre el Gobierno panameño, que dijo estar listo para defender al Estado.

La compañía minera aclaró el lunes que el objetivo de la notificación era «meramente cumplir con las formalidades» con el propósito «de abrir entre las partes un período de diálogo de al menos 90 días».

La mina destacó además este martes que hace una contribución de más de 50 millones de dólares «por semana», equivalente al 5 % del producto interno bruto (PIB) de Panamá. Además, según la empresa, emplean directamente a más de 7.000 personas y 33.000 de manera indirecta, aportando casi 20 millones de dólares por semana a proveedores locales.