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lunes, marzo 4, 2024

La ley SB-831, una protección para los trabajadores sin documentos en California

Hoy vamos a escribir sobre una importante propuesta de ley en el estado de California, la cual fue firmada el pasado día 8 de octubre por el gobernador Gavin Newsom, lo que significa que entrara en vigor a partir del 1ro de enero del 2024.

Me refiero a la ley SB-831.

El proyecto autoriza al gobernador a establecer un convenio con la fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, para que “por razones de sumo beneficio público” se establezca un programa para que por medio de la Fiscalía General de la Nación permita conceder “parole” o estancia legal temporal protegida a los inmigrantes, quienes hayan trabajado en la agricultura.

Esta es una historia sintetizada de la iniciativa y la ruta que siguió para transformarse en una orden legal.

La ley “SB 831” fue propuesta por la senadora mexicoamericana Anna Caballero, el pasado día 17 de abril ante el Comité de Servicios Humanos, donde fue aprobada por unanimidad. Ocho días después fue votada en el Comité para la Seguridad Pública, donde también pasó por unanimidad.

Hubo que esperar casi un mes para que la SB-831 llegara al Comité de Apropiaciones del Senado en donde también fue aprobado con 5 votos a favor y 2 en contra.

La SB-831 concluyó su trayecto por la Cámara Alta de California el pasado 30 de mayo, fecha en que fue presentada a debate ante el Pleno del Senado donde fue aprobada con 34 votos a favor y 2 en contra.

Del Senado fue transferida a la Asamblea Estatal, donde hubo que esperarse hasta el14 de septiembre para ser discutida y votada. Luego de un emotivo debate entre los 60 miembros de la Cámara Baja estatal se emitió el voto final logrando 51 votos a favor y 9 en contra.

El 8 de octubre fue firmada por el gobernador Newsom y se convirtió en ley; así que entra en vigor el próximo año.

Beneficiados:

-Trabajadores agrícolas que se hayan empleado en los campos de california.

-Trabajadores que se desempeñan en plantas de productos lácteos.

-Trabajadores en industrias del ganado de cerdo, borregos, pollos, etc., así como en la producción avícola.

-Trabajadores que laboran en tareas de reforestación de los bosques, incluyendo aserraderos.

Los expertos calculan que en la actualidad trabajan en la agricultura entre 391,700 a 802,662 labriegos. Estas cifras incluyen a trabajadores migrantes, obreros y agrícolas permanentes, además de los trabajadores sin documentos. Se estima que el 84% de la totalidad de estos trabajadores nacieron en México.

En contraste, recientemente en el estado de la Florida se firmó la ley SB-1718 contra la comunidad migrante; mientras que en Texas se espera que se firme la propuesta antiinmigrante SB-4.  En cambio, en el estado santuario de California se firmó la ley SB-831, gracias a la mayoría demócrata, al gobernador Newsom y a la senadora Anna Caballero.

De manera que los activistas pro-inmigrantes, los abogados de inmigración, los inmigrantes sin documentos, la comunidad hispana y los sectores progresistas le debemos extender al congreso estatal y al gobernador Newsom, pero en particular a la senadora Anna Caballero, nuestro agradecimiento por todos sus esfuerzos para impulsar esta legislación.

La ley federal actual le permite al fiscal general Merrick Garland negociar un convenio con el gobernador Newsom para extender a los trabajadores agrícolas del estado una protección legal migratoria en la forma de un “parole in place” (una suerte de protección contra el arresto para los indocumentados) para que una vez concedido este estatus legal, los trabajadores adquieran el derecho a un permiso de trabajo temporal y los reciban por 2 o tres años con derecho a renovarlos.

Nos toca a todos presionar al gobernador Newsom para que se apure a iniciar estas negociaciones con el fiscal Garland. Al presidente Biden le corresponderá enviarle luz verde al Fiscal para que el próximo año los trabajadores esenciales del campo adquieran legalización temporal —lo que le dará un impulso a la histórica lucha por lograr una reforma migratoria con un camino a la ciudadanía para todos los trabajadores sin documentos y sus familias.

(*) Juan José Gutiérrez es el director ejecutivo de la Coalición Derechos Plenos para los Inmigrantes. 

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