Análisis | Diestra La Revista
La decisión del Gobierno de Estados Unidos de ampliar la ofensiva contra la dirigencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mediante acusaciones penales, sanciones económicas e históricas recompensas, representa mucho más que una operación dirigida contra una organización criminal. El anuncio confirma un cambio de estrategia: el objetivo ya no es únicamente detener cargamentos de droga o capturar a sus principales líderes, sino identificar y desarticular las estructuras financieras, empresariales e institucionales que permiten al crimen organizado mantener su capacidad de operación.
Las investigaciones relacionadas con esquemas de fraude, lavado de dinero y otras actividades económicas ilícitas reflejan que la lucha contra el narcotráfico ha evolucionado hacia un modelo de persecución patrimonial e inteligencia financiera. Esta estrategia amplía considerablemente el alcance de las investigaciones y fortalece los mecanismos de cooperación internacional entre agencias de seguridad, fiscalías y autoridades financieras.
En ese escenario, el mayor desafío para los Estados será garantizar que sus instituciones tengan la capacidad y la independencia necesarias para investigar cualquier posible vínculo entre organizaciones criminales y personas que ejerzan funciones públicas o privadas. La infiltración del crimen organizado en espacios de poder ha sido, durante décadas, uno de los principales obstáculos para combatir de manera efectiva estas estructuras, ya que la corrupción constituye uno de sus instrumentos más eficaces para garantizar impunidad y preservar sus operaciones.
Precisamente por ello, la nueva estrategia internacional también representa una prueba para los sistemas de control interno de cada país. Aquellos funcionarios o actores de poder que eventualmente pudieran estar siendo investigados o que mantengan relaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública enfrentarán un escenario de mayor escrutinio, producto del intercambio de inteligencia, la cooperación judicial y el seguimiento de operaciones financieras transnacionales. La fortaleza de las instituciones dependerá de su capacidad para investigar con independencia, respetando el debido proceso y aplicando la ley sin excepciones.
Para Guatemala y el resto de Centroamérica, el mensaje es particularmente relevante. La ubicación geográfica de la región la convierte en un corredor estratégico para las organizaciones criminales transnacionales, por lo que las decisiones adoptadas por Estados Unidos inevitablemente tendrán repercusiones en las investigaciones regionales. Esto podría traducirse en un incremento de solicitudes de asistencia jurídica, intercambio de información financiera y coordinación entre agencias nacionales e internacionales.
Más allá del impacto inmediato sobre el CJNG, la ofensiva estadounidense marca el inicio de una etapa distinta en la lucha contra el crimen organizado. La disputa ya no se limita al control de territorios o rutas del narcotráfico; ahora se libra también en los sistemas bancarios, en las empresas utilizadas para ocultar recursos ilícitos y en la capacidad de los Estados para impedir que las organizaciones criminales encuentren protección dentro de las propias instituciones.
La verdadera batalla ya no consiste únicamente en capturar a los líderes visibles de las organizaciones criminales. El desafío será demostrar que el Estado posee la fortaleza suficiente para identificar, investigar y sancionar, con pleno respeto al Estado de Derecho, a cualquier persona que facilite o proteja las operaciones del crimen organizado. Solo cuando las redes de corrupción pierdan la capacidad de garantizar impunidad podrá afirmarse que la lucha contra el narcotráfico ha comenzado a transformar las estructuras que durante años sostuvieron su poder.
Mientras tanto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó cuatiosas recompensas que sobrepasan en su conjunto los 100 millones de dólares, para capturar a altos mando del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y sus redes, además de acusaciones contra tres de ellos relacionados con fraude en tiempos compartidos.
Tyson Duva, fiscal general asistente de la división criminal del Departamento de Justicia, anunció nuevos cargos por tráfico de drogas y armas contra cinco líderes del CJNG:
- Julio Alberto Castillo Rodríguez, alias «Chorro«
- Hugo Gonzalo Mendoza, «El Sapo«
- Ricardo Luis Velasco, «Tripa«
- Julio César Montero Pinzón «Tarjetas«
- Carlos Andrés Rivera «La Firma«
Duva anunció acusaciones sustitutivas por fraude en tiempos compartidos contra Montero Pinzón, Rivera y Griselda Margarita Arredondo Pinzón.
En conferencia de prensa, los titulares del Departamento de Justicia de EU, Todd Blanche; de la DEA, Terrance Cole, y del FBI, Kash Patel, anunciaron las acciones contra el poderoso cártel mexicano.
El jefe de la Agencias de Control de Drogas (DEA, en inglés), Terry Cole, denunció la “corrupción en México, incluyendo a miembros del gobierno de México, quienes protegen al CJNG, a su liderazgo de la justicia, y facilitan el tráfico de drogas, el lavado de dinero y la violencia”.
Todd Blanche, fiscal general de Estados Unidos, habló de un 22% de declive en las muertes por fentanilo, que atribuyó a la acción del gobierno de Trump.
Tyson Duva, fiscal general asistente de la división criminal del Departamento de Justicia, anunció nuevos cargos por tráfico de drogas y armas contra cinco líderes del CJNG:
Fuentes consultadas: Información pública del Departamento de Justicia de Estados Unidos, del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la cobertura periodística de El Universal (México).
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