La tarde del miércoles 31 de julio responsabilizó a los «comanditos» opositores que defendieron los votos de Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela según datos ofrecidos por la oposición, de las protestas que hay en todo el país desde el lunes 29.
“Como ciudadano, para mí, esa gente tiene que estar tras las rejas. Ahora si me preguntan cómo jefe de Estado qué debe pasar con Edmundo González Urrutia y María Corina Machado yo diría que debería haber justicia justa y presentarse frente a la Fiscalía y dar la cara. Y no seguir escondiéndose”, dijo Maduro.
De acuerdo con el jefe del régimen, sus adversarios fabricaron actas para desestabilizar. “Espero que todos los candidatos y partidos respondan los requerimientos y la investigación que pueda adelantar la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. En Venezuela va a haber paz y justicia, y las instituciones volverán a funcionar”, señaló.
“Jamás, jamás alcanzarán el poder político. Se los aseguro y sé lo que digo, estos criminales jamás lo alcanzarán”, agregó.
Asimismo, Maduro llamó “cobarde” a González Urrutia y “fascista de ultraderecha criminal” a Machado.
Diálogo con EEUU
Por otra parte, Nicolás Maduro expresó que está dispuesto a volver a negociar con el gobierno de EEUU siempre y cuando dejen de “desestabilizar a Venezuela”.
“Si respetan a Venezuela habrá nuevos diálogos, prometo no perder la paciencia. Pero a Venezuela no se le maltrata. Al pueblo se le trata con respeto (…) Cada paso falso que dé EEUU será peor para ellos”, dijo el dictador.
También afirmó que “Joe Biden sabe que yo soy un hombre de palabra”.
No se cree en el resultado oficial
El Centro Carter, que fue invitado por el CNE para observar los comicios, cuestionó el miércoles en entrevista con AP la independencia de ese posible peritaje en manos del Tribunal Supremo. La noche anterior, el mismo organismo señaló que no puede verificar los resultados de las elecciones por la “ausencia de transparencia” de las autoridades venezolanas y recalcó que la elección «no puede ser considerada democrática” porque no cumple estándares internacionales.
Jennie K. Lincoln, analista para América Latina del Centro Carter y líder de la delegación que fue a Venezuela, dijo en entrevista telefónica que “no es una evaluación independiente”. Y subrayó que Maduro no necesita recurrir al Tribunal Supremo sino exigir transparencia al CNE en la difusión de los datos completos de la votación, mesa por mesa.
“Tienen la capacidad para hacer eso. No necesitan al Tribunal Supremo», apuntó. «Lo que necesitan es cumplir con su deber, algo que pueden hacer y que han hecho en elecciones pasadas”.
Maduró respondió más tarde desacreditando la posición del Centro Carter, al que señaló de estar vinculados con el Departamento de Estado estadounidense. «Traían un informe ya escrito… Lo que le faltaba era picantico”, afirmó sin dar detalles. El Centro no se pronunció inmediatamente ante el señalamiento.
También se pronunció sobre la falta de datos de las votaciones.
La página web del Consejo Nacional Electoral, que debía recoger y permitir el acceso al conteo de votos, lleva caída desde al menos la mañana del lunes, cuando Maduro fue oficializado, por el CNE de tendencia oficilista, como ganador de las elecciones.
La oposición venezolana afirma que en las actas que tiene en su poder —el 84% del total— se contabiliza una mayoría de votos a favor de su candidato Edmundo González y no de Maduro. Las actas fueron colocadas en una página WEB donde cada ciudadano venezolano, haya botado o no, puede colocar su número de identificaicón y puede ver el resultado total de la mesa de votación donde votó o donde le hubiese tocado votar. Cabe recordar qque han salido más de 8 millones de venezolanos en los últimos cuatro años, buscando una mejor opción para sobrevivir.
Maduro culpa a la oposción
Preguntado en rueda de prensa sobre la razón de esa falta de difusión de datos, Maduro aseguró que el CNE ha estado bajo ataque, incluidos cibernéticos. No explicó más detalles sobre las medidas que los ingenieros de la autoridad electoral están tomando, según el autoproclamado presidente, para resolver los problemas.
Asimismo, el régimen presentó varios videos que, aseguró Maduro, mostraban ataques a oficinas electorales, algunas quemadas, por los que se ha detenido a más de 1.000 personas, según la fiscalía. La AP no pudo contrastar ni verificar esas imágenes presentadas en conferencia de prensa.
Desde la misma noche electoral del domingo, varios gobiernos que representan un amplio espectro político, desde la izquierda a la derecha, se han sumado a los reclamos por la falta de transparencia de las autoridades venezolanas, entre ellos, Argentina, Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Perú, República Dominicana y la Unión Europea, entre otros.
A los cuestionamientos se sumó el miércoles el presidente colombiano Gustavo Petro, un cercano aliado de Maduro, quien le pidió que permita un “escrutinio transparente” de las elecciones.
Las declaraciones de Petro se sumaron a las del presidente estadounidense, Joe Biden, y de su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quienes el día anterior instaron al gobierno de Maduro a difundir de inmediato “los resultados electorales completos, detallados y transparentes”.
Ante las múltiples exigencias de que se presenten las actas de electorales, Maduro dijo ante la prensa que “está listo para presentar el 100% de las actas”. Aunque no las presenta.
Horas después, durante una conferencia de prensa, el gobernante intensificó los ataques contra sus adversarios y los medios de comunicación a los que señaló de promover una “guerra civil” y los desafió: “No le tengo miedo a las mentiras de ustedes”.
Maduro afirmó que si el “imperio quiere avanzar” está dispuesto a “llamar al pueblo a otra revolución con nuevas características”, de la que no dio detalles. Y puntualizó que su gobierno negoció “de buena fe con Estados Unidos” pero que ellos no cumplieron con nada y utilizaron ese proceso para “instalar este aparato para un golpe de Estado”.
Se refirió a un acuerdo alcanzado en Catar, cuyos términos no han sido difundidos hasta ahora. El mandatario ofreció a la prensa publicar en sus redes sociales el contenido de esas negociaciones que, según su criterio, Estados Unidos incumplió.
Ante la pregunta de si estaba dispuesto a reanudar las conversaciones con Washington, respondió que “si respetan a Venezuela, habrá nuevos diálogos. Prometo no perder la paciencia”.
Venezuela en la mira del Continente
Entre quienes han levantado su voz contra la reelección de Maduro está el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien lo instó el martes a que reconozca su derrota o convoque a una nueva votación más transparente.
Varios países latinoamericanos, entre ellos Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Perú, República Dominicana, Panamá y Uruguay, criticaron la falta de transparencia del proceso electoral, lo que enfureció a la dictadura que ordenó regresar a todo su personal diplomático en esas naciones y les pidió que hicieran lo mismo con su personal en Venezuela.
Los cancilleres del G7 también exhortaron el miércoles a las autoridades venezolanas a publicar de forma “inmediata” los resultados electorales detallados “con total transparencia”.
El grupo, integrado por Estados Unidos, Canadá, Alemania, Reino Unido, Francia, Japón e Italia, pidió “máxima moderación y una solución pacífica y democrática” a la situación en Venezuela, según un comunicado que difundió el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia.
Aunque sus observadores no fueron autorizados por Maduro para estar presentes en los comicios, la Unión Europea (UE) dijo que ha seguido de cerca el proceso y que según informes “fiables” de observadores nacionales e internacionales hubo “numerosos fallos e irregularidades”.
A pedido de Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, el Consejo Permanente de la OEA realizó el miércoles una reunión extraordinaria para analizar la situación de Venezuela, que hace años resolvió unilateralmente retirarse del organismo.
El anuncio del CNE desató protestas en la capital venezolana y diferentes ciudades del país, especialmente en las zonas pobres. Para contener las manifestaciones la dictadura sacó a las calles a la policía y a la Guardia Nacional, que mantienen un patrullaje permanente con el apoyo de camiones cisterna y antimotines. A las labores de vigilancia y control de las protestas también se sumaron grupos violentos, pagados por el régimen y que son incondicionales conocidos como “colectivos”, denunciaron organizaciones humanitarias.
La Fiscalía General de Venezuela informó el miércoles que durante las protestas fueron detenidas 1.062 personas y 77 funcionarios resultaron heridos —no hizo referencia a ciudadanos—, mientras la organización humanitaria local Foro Penal reportó 16 fallecidos y 429 detenidos.
Ante las detenciones y muertes, Machado acusó el miércoles al régimen venezolano de emprender una “escalada cruel y represiva”.
“Esta es la respuesta criminal de Maduro al pueblo venezolano que salió a la calle”, dijo la líder opositora en un mensaje que publicó en su cuenta de X al advertir que “esos crímenes no quedarán impunes”.
FUENTE: Venezolana de Televisión / Efecto Cocuyo
