Ciudad de Guatemala, 26 julio (Diestra).- La Comisión Interamericana (CIDH) culminó este viernes su visita in loco a Guatemala, la cual comenzó el lunes con el objeto de observar los impactos del proceso de debilitamiento de la institucionalidad democrática y la independencia judicial en el país, a partir de la última visita realizada en 2017.
La CIDH visitó Ciudad Guatemala y los departamentos de Alta Verapaz, Izabal, Petén, San Marcos, Sololá, Totonicapán y Quetzaltenango. Asimismo, mantuvo al menos 30 reuniones con representantes de los diferentes poderes del Estado, y sostuvo más de 48 encuentros con activistas, personas defensoras de derechos humanos y operadoras de justicia, organizaciones de la sociedad civil y víctimas de violaciones a los derechos humanos, así como con representantes de la academia, sindicatos, gremios empresariales y agencias de las Naciones Unidas, explicó su presidenta, Roberta Clarke.
La CIDH agradeció la invitación del presidente Bernardo Arévalo para visitar el país, así como las facilidades brindadas para su realización. También reconoce la amplia información aportada por las autoridades de los poderes públicos. La Comisión saluda
la voluntad manifestada por el poder Ejecutivo de poner los derechos humanos como
eje prioritario y alienta a las demás entidades del Estado a trabajar conjuntamente para su consecución.
Durante la visita, la CIDH continuó observando la situación de los derechos humanos de poblaciones históricamente discriminadas. Se recibieron informes sobre altos niveles de violencia contra mujeres y niñas, así como sobre la continua impunidad de gran parte de la violencia a que están sometidas y el acceso limitado a servicios integrales de salud y especialmente a atención de salud reproductiva.
Se advirtieron las persistentes brechas en las políticas públicas para poner fin a la discriminación contra las personas LGBTI. Los pueblos indígenas experimentan altos niveles de pobreza, precariedad, incertidumbre, despojo de tierras y discriminación.
El pueblo garífuna está en riesgo de extinción cultural debido a la confluencia de factores como la falta de educación y atención sanitaria adecuadas y la prestación intermitente de servicios públicos esenciales que limitan las oportunidades de desarrollo sostenible.
Las personas en movilidad humana enfrentan una situación generalizada de abusos, extorsiones y violaciones de derechos humanos. Las personas privadas de la libertad sufren deplorables condiciones de detención y hacinamiento.
Todos estos temas sobre inequidad estructural, discriminación y restricción en derechos y libertades fundamentales serán analizados en las observaciones preliminares escritas que la CIDH publicará próximamente. En su informe inicial sobre la visita in loco, la Comisión se enfocará en derechos civiles y políticos.
La Comisionada Andrea Pochak, Relatora para Guatemala, explicó que el Presidente refrendó su compromiso con los derechos humanos y con el sistema interamericano, en la lucha contra la impunidad y la corrupción, así como su visión para aumentar la rendición de cuentas y la eficacia del sector público, promover reformas para abordar las brechas significativas en el desarrollo humano, la lucha contra la pobreza y la inclusión social.
Al mismo tiempo, muchas de las personas con las que nos reunimos, advirtieron
la existencia de una resistencia arraigada al cambio de visión y modelo impuesto por
parte de poderes fácticos de carácter político, económico y militar que busca mantener
la impunidad estructural tanto respecto de crímenes cometidos en el marco del conflicto armado como en casos de corrupción, dijo.
Autoridades de distintos niveles y la sociedad civil se refirieron al ambiente de polarización política y los consecuentes riesgos a la gobernabilidad respecto del cual el
Poder Legislativo juega un papel predominante. La CIDH invita a avanzar en una agenda legislativa democrática basada en los principios de igualdad y no discriminación.
En Guatemala, el sistema penal se ha utilizado contra personas defensoras de
derechos humanos, así como contra aquellas personas que participaron o participan en
6 protestas y movilizaciones sociales pacíficas en la defensa de la democracia y el Estado de Derecho, o han hecho parte de la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Durante la reunión con el Ministerio Público, la institución negó la existencia de una práctica de criminalización, con el argumento de que tiene el mandato legal de investigar todas las denuncias que recibe sin distinción de la persona denunciada, su cargo o profesión.
Sin embargo, alarma a la CIDH la enorme cantidad de personas que han sido o
se encuentran investigadas por parte del Ministerio Público, en una práctica que se
intensificó a partir de la salida de la Comisión Internacional contra la Impunidad en
Guatemala (CICIG) en el 2019.
La Comisión Interamericana está profundamente preocupada por la cantidad de
personas operadoras de justicia y sus representantes jurídicos que enfrentan denuncias
penales.
Patrones identificados:
1. La interposición de un alto número de denuncias contra la misma persona, en muchos casos por los mismos hechos, con la intención de dificultar su defensa. La Comisión conoció casos de personas operadoras de justicia que enfrentan entre 30 y 100 causas por ejercer su función.
2. La presentación y tramitación de denuncias anónimas y/o infundadas, con el propósito de mantener un clima de presión, hostigamiento e intimidación.
3. El uso de tipos penales abiertos, ambiguos o claramente inadmisibles para los hechos denunciados, por ejemplo, personas que no son funcionarias públicas son investigadas por delitos propios de funcionarios; juezas y jueces son sometidas a proceso exclusivamente por el contenido de sus sentencias; abogados y abogadas defensores son imputados por el delito de obstrucción de la justicia solo por ejercer su trabajo; se acusa por usurpación o por usurpación agravada y usurpación de áreas protegidas a integrantes de comunidades indígenas que habitan esos territorios ancestralmente, entre otros ejemplos.
4. El uso abusivo de la prisión preventiva, inclusive mediante la imputación de delitos graves que no gozan de medidas alternativas; o la aplicación de cauciones millonarias imposibles de afrontar.
5. Las afectaciones al debido proceso y al derecho de defensa a través del uso de prácticas dilatorias de los procesos penales o de la denegación del acceso a los expedientes; también se omite información sobre las causas en las que una persona está siendo investigada de manera oportuna y se impide la producción de prueba de descargo. Además, se tuvo noticia sobre el uso de la figura de “aceptación de cargos” ante la inminencia de la pérdida de la libertad.
La criminalización generalizada evidencia la falta de independencia judicial. En este contexto es necesario avanzar en consensos para garantizar la vigencia del Estado
de Derecho. La Comisión hace un llamado para que el principio de independencia
judicial prime sobre intereses particulares en servicio del pueblo guatemalteco.
Recomendaciones:
1. Adoptar e implementar políticas públicas para abordar la pobreza generalizada y erradicar los factores estructurales de discriminación que afectan a las personas como niñas, niños y adolescentes, mujeres, afrodescendientes, pueblos indígenas, personas con discapacidad, LGBTI, personas en movilidad, personas mayores, incorporando un enfoque culturalmente adecuado e interseccional.
2. Implementar los mecanismos necesarios para prevenir, investigar y sancionar cualquier forma de corrupción que afecte el Estado de Derecho.
3. Instar al Ministerio Publico a cesar la criminalización contra personas operadoras de justicia, personas defensoras de derechos humanos, legisladores, periodistas, estudiantes, profesores, integrantes de partidos políticos, funcionarios públicos; así como contra integrantes de organizaciones indígenas, campesinas y sindicales.
4. Limitar el uso de la prisión preventiva conforme a los estándares internacionales en la materia, es decir, excepcionalidad, legalidad, proporcionalidad y razonabilidad.
5. Liberar a toda persona que se encuentre en prisión preventiva, criminalizada por el ejercicio o defensa de derechos humanos, y cesar todo tipo de persecución y represalia en su contra.
6. Tomando en cuenta las alegaciones de falta de objetividad ampliamente difundidas, realizar un examen independiente del funcionamiento del Ministerio Público y su impacto en los derechos humanos.
7. Generar las condiciones para la atención y el retorno de las personas exiliadas, que incluya un plan de reparación integral.
8. Poner en funcionamiento las Comisiones de Postulación para integrar la nómina de aspirantes para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Apelaciones para que puedan iniciar el proceso de selección y así contar con el tiempo suficiente para realizar eficazmente la labor encomendada en el plazo legalmente establecido.
9. Garantizar que los procesos de selección y nombramiento de operadores de justicia se realicen con transparencia conforme a los estándares interamericanos, bajo criterios en base al mérito y a las capacidades profesionales, y libre de injerencias indebidas de cualquier tipo.
10. Restablecer la institucionalidad creada en el marco de los Acuerdos de Paz de 1996
