Una fotografía, un procedimiento judicial y el debate sobre la confianza en las instituciones
Por Diestra La Revista
Una fotografía que dejó de pertenecer a un expediente
Hay fotografías que documentan un acontecimiento. Otras terminan convirtiéndose en el símbolo de un debate nacional.
La imagen de Juana Santiago Chel, una mujer indígena de 72 años, arrodillada sobre un camino de tierra con las manos levantadas mientras agentes de la Policía Nacional Civil ejecutan una orden judicial de desalojo en el caserío Xecoxó, municipio de Santa María Nebaj, Quiché, dejó de pertenecer únicamente a un expediente judicial para instalarse en la discusión pública. En cuestión de horas recorrió Guatemala y trascendió sus fronteras, generando preguntas que van mucho más allá del conflicto por una propiedad.
La fotografía no determina quién tiene la razón en el litigio. Tampoco sustituye el trabajo de los jueces ni resuelve las responsabilidades que eventualmente puedan derivarse del procedimiento. Sin embargo, posee una fuerza que ningún documento judicial puede igualar: congeló un instante en el que la aplicación de una resolución del Estado se encontró con la percepción ciudadana. Es precisamente allí donde comienza el verdadero debate.
El conflicto que dio origen al procedimiento
De acuerdo con la información pública disponible, el operativo respondió al cumplimiento de una orden judicial relacionada con un conflicto sobre la propiedad de un inmueble.
El caso tiene su origen en una disputa familiar. Según los antecedentes conocidos, Juana Santiago Chel había heredado años atrás la vivienda a uno de sus hijos. Posteriormente surgieron desacuerdos que derivaron en acciones judiciales y finalmente en una resolución que ordenó el desalojo del inmueble.
Como ocurre en cualquier Estado de Derecho, las resoluciones emitidas por los tribunales deben ejecutarse por las autoridades competentes. En este caso correspondió a la Policía Nacional Civil brindar seguridad durante el cumplimiento de la diligencia ordenada por el órgano jurisdiccional.
Hasta ese momento el caso era uno más dentro de los miles de procesos judiciales que se desarrollan cada año en Guatemala.
Todo cambió cuando apareció una fotografía.
Cuando una imagen supera al expediente
Los expedientes hablan mediante resoluciones, escritos, pruebas y procedimientos.
Las fotografías hablan mediante emociones.
Mientras el expediente explica las razones jurídicas que condujeron al desalojo, la imagen mostró algo completamente distinto: una mujer adulta mayor, indígena, arrodillada sobre la tierra, con las manos levantadas frente a un grupo de agentes uniformados.
La fuerza de esa escena provocó que la discusión dejara de centrarse exclusivamente en la legalidad del procedimiento para trasladarse hacia otro terreno mucho más complejo: la percepción ciudadana.
Lo que para algunos representa la ejecución legítima de una resolución judicial, para otros plantea interrogantes sobre la proporcionalidad del uso de la fuerza pública, el trato hacia las personas en condición de vulnerabilidad y la obligación del Estado de proteger la dignidad humana incluso durante el cumplimiento de una orden judicial.
El debate que hoy enfrenta Guatemala
El caso abrió un debate que trasciende la propiedad del inmueble.
No se discute únicamente quién tenía el derecho sobre la vivienda.
La discusión gira alrededor de preguntas más profundas.
¿Puede una actuación jurídicamente válida generar una percepción social de injusticia?
¿Hasta dónde llega la obligación del Estado de hacer cumplir una resolución judicial?
¿En qué momento la percepción ciudadana comienza a afectar la legitimidad de las instituciones?
Estas preguntas no corresponden únicamente al ámbito jurídico.
También interesan a especialistas en derecho constitucional, criminología, sociología, psicología social, comunicación política y administración pública.
Porque las instituciones no solo son evaluadas por la legalidad de sus decisiones.
También por la forma en que esas decisiones son percibidas por la ciudadanía.
La confianza institucional también se construye con imágenes
Diversos estudios internacionales sobre gobernabilidad y seguridad pública coinciden en que la confianza ciudadana constituye uno de los activos más importantes para cualquier democracia.
La legitimidad institucional no depende únicamente de que las autoridades actúen conforme a la ley.
También depende de que los ciudadanos perciban que esas actuaciones fueron proporcionales, imparciales, transparentes y respetuosas de la dignidad humana.
Por esa razón, una sola imagen puede llegar a tener un impacto mayor que cientos de páginas de un expediente judicial.
No porque modifique los hechos.
Sino porque modifica la percepción.
Y en las democracias modernas, la percepción constituye uno de los factores que más influye en la confianza hacia las instituciones públicas.
Más allá de la legalidad
La discusión nacional no debería limitarse a determinar si la resolución judicial debía cumplirse.
Ese aspecto corresponde a los tribunales.
La reflexión pública puede avanzar hacia otra pregunta igualmente importante.
¿Cómo garantizar que la aplicación legítima de la ley preserve al mismo tiempo la dignidad de las personas involucradas?
La respuesta exige analizar protocolos policiales, criterios de proporcionalidad, mecanismos de protección para personas en condición de vulnerabilidad y procedimientos institucionales que permitan ejecutar las resoluciones judiciales reduciendo al máximo los riesgos de confrontación y el impacto social que puedan generar.
Una oportunidad para fortalecer las instituciones
Las democracias no fortalecen sus instituciones ocultando los debates.
Las fortalecen cuando analizan críticamente sus actuaciones y aprovechan cada experiencia para revisar procedimientos, corregir errores cuando corresponda y reforzar las prácticas que incrementan la confianza pública.
Precisamente por ello, el caso de Juana Santiago Chel trasciende el conflicto familiar que le dio origen.
Se convierte en una oportunidad para reflexionar sobre la relación entre justicia, uso legítimo de la fuerza, dignidad humana y confianza institucional.
El verdadero desafío para cualquier Estado democrático no consiste únicamente en hacer cumplir la ley.
Consiste en lograr que el ejercicio de esa autoridad fortalezca, y no debilite, la legitimidad de las instituciones encargadas de administrarla.
Quizá dentro de algunos años esta fotografía sea recordada únicamente como el registro de un procedimiento judicial.
O quizá permanezca como una de esas imágenes que obligaron a un país a preguntarse cómo deben actuar sus instituciones cuando la aplicación de la ley y la percepción ciudadana parecen recorrer caminos distintos.
Porque las democracias no solo son evaluadas por las resoluciones que emiten sus tribunales.
También son recordadas por la manera en que el Estado ejerce su autoridad frente a quienes se encuentran en mayor condición de vulnerabilidad.
«El Centro de Estudios del Poder no sustituye a los tribunales ni a los órganos de investigación. Su misión es analizar, con base en evidencia y contexto histórico, cómo determinados hechos influyen en la fortaleza de las instituciones, la confianza ciudadana y la gobernabilidad democrática.»
Centro de Estudios del Poder
Una iniciativa de Diestra La Revista
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Además: https://diestralarevista.com/cuando-el-poder-transforma-al-hombre-aparecen-los-abusos/
