El obispo nicaragüense Rolando Álvarez, que fue enviado a prisión hace un año, fue expulsado del país este domingo junto a otros 17 clérigos.
Todos ellos fueron recibidos por el Vaticano.
La salida de los religiosos de la cárcel y posterior destierro se concretó gracias a “coordinaciones discretas” entre el Vaticano y Managua, de acuerdo a un comunicado emitido por el gobierno nicaragüense.
“Ellos han sido ya recibidos por autoridades vaticanas. Reconocemos las posibilidades del dialogo franco, directo, prudente y muy serio”, se puede leer en el documento.
Las relaciones entre el Vaticano y Managua empeoraron cuando Ortega acusó a sacerdotes de apoyar las protestas antigubernamentales de 2018, que consideró un intento de golpe liderado por Washington y que se saldaron, según Naciones Unidas, con más de 300 muertos.
Estados Unidos y el Vaticano estuvieron entre los que pidieron la liberación de Álvarez.
También entre los liberados se encontraba el obispo Isidoro Mora y 13 sacerdotes arrestados en diciembre, de acuerdo a información entregada por el líder opositor Uriel Vallejo.
“A Ortega y a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo les gustaría dejar a Nicaragua sin sacerdotes. Otro avión lleno de pastores del pueblo al exilio”, escribió Vallejos, exiliado en Estados Unidos, en X, antes conocida como Twitter.
De acuerdo a una investigación de la abogada Martha Molina, exiliada en Estados Unidos, desde 2018 ha habido 740 ataques contra la iglesia y 176 sacerdotes y monjas han sido expulsados, desterrados o prohibidos de ingresar al país
Desde el encarcelamiento de Álvarez, un gran número de sacerdotes que hablaron en apoyo del obispo han sido detenidos.
El Vaticano está acogiendo a todos los clérigos expulsados, como hizo con otros en octubre pasado.
Álvarez, quien ejercía como obispo de la diócesis de Matagalpa, fue considerado durante años como una de las voces más críticas ante la situación que vive Nicaragua.
En sus homilías abordaba cotidianamente los problemas de los feligreses y alzó su voz para criticar los supuestos abusos contra los derechos humanos cometidos por la Policía Nacional de Nicaragua o los derechos de los campesinos en ese país.
Además, tuvo un papel destacado en la mediación que ejerció la Conferencia Episcopal de Nicaragua durante el proceso de diálogo puesto en marcha tras las masivas protestas populares ocurridas en 2018 en la nación centroamericana cuya dura represión por parte del gobierno generó centenares de muertos.
Álvarez también ha hecho frente a las agresiones que la Iglesia católica ha sufrido en Nicaragua de parte no solamente del gobierno, sino también de la militancia sandinista.
De acuerdo con la investigación de Molina, el nombre de Rolando Álvarez aparece mencionado 78 veces, no porque él haya sido objeto de un número semejante de ataques sino porque con frecuencia fue él quien denunciaba esas situaciones.
Entonces señaló: “No hagan con los fieles lo que quieren hacer conmigo. Lo que quieran hacer conmigo, si van a hacerlo, háganlo conmigo y no con los fieles, no con el santo pueblo de Dios”.
Un mes más tarde, el obispo inició un ayuno con agua y suero para protestar por el acoso policial del que -aseguraba- estaba siendo víctima.
Pero hasta ese momento el gobierno de Ortega no había intervenido. Pero en agosto de 2022, la policía nicaragüense llegó una madrugada a la casa parroquial de Matagalpa y detuvo a Álvarez y a otros seis religiosos.
El obispo permaneció detenido sin cargos durante más de 100 días hasta que en diciembre de ese mismo, fue acusado por los delitos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas”.
Según la prensa nicaragüense, las autoridades del país le habían ofrecido liberarlo si accedía salir del país.
En una extraña sucesión de hechos, fue liberado, capturado de nuevo en febrero de 2023 y en un juicio express condenado a 25 años de cárcel.
Hasta este domingo cuando fue expulsado del país.
