La solicitud de la coalición de estados liderada por Texas representa la amenaza legal más apremiante que enfrenta el programa DACA de la era de Obama, que ha continuado hasta el día de hoy, aunque de manera limitada, a pesar de la demanda que desde hace años que cuestiona su legalidad y de los intentos del expresidente Donald Trump por desmantelarlo.
Durante más de una década, DACA ha permitido que cientos de miles de inmigrantes sin estatus legal que fueron traídos a Estados Unidos cuando eran niños trabajen y vivan en el país sin temor a la deportación. Pero el programa no les otorga la residencia permanente, un estatus que solo el Congreso puede otorgar. Hasta septiembre de 2022, un total de 589,660 adultos jóvenes estaban inscritos en DACA, según muestran las estadísticas federales.
En el centro de la solicitud de los funcionarios estatales republicanos presentada el martes se encuentran las reglas que emitió la administración de Biden para colocar DACA sobre bases legales más firmes al transformar el programa en una regulación federal.
En octubre, esas regulaciones reemplazaron el memorando de la administración Obama que creó DACA por primera vez en 2012.
A pedido del mismo grupo de estados, el juez de Tribunal de Distrito Andrew Hanen declaró ilegal el memorando de DACA de 2012 en el verano de 2021.
El fallo de Hanen, que fue confirmado en un dictamen por el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito el año pasado, ha impedido que el gobierno acepte las nuevas solicitudes de DACA. Pero también ha permitido que los beneficiarios actuales de DACA continúen renovando su inscripción en el programa.
Sin embargo, los estados que cuestionan la legalidad de DACA le pidieron a Hanen el martes que determine que las regulaciones emitidas el año pasado también son ilegales y que impida que el gobierno apruebe las solicitudes de renovación hasta dos años después de que se tome una decisión.
“La regla final, como la última manifestación del programa DACA, es sustancialmente ilegal por las mismas razones que el Memorándum de DACA”, dijeron los estados en su presentación. “La Corte debe declararlo ilegal e inconstitucional, anularlo en su totalidad y prohibir permanentemente su implementación (con una transición prudente para los beneficiarios de DACA existentes)”.
DACA otorga a unos 600,000 beneficiarios la oportunidad de vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, pero no garantiza un camino a la ciudadanía.
Sin embargo, no se conoce si Hanen aceptará bloquear las renovaciones de DACA en el futuro, ya que el juez federal anteriormente expresó su preocupación por alterar la vida de los inmigrantes inscritos en el programa. Se espera que el fallo de Hanen se emita después del 6 de abril, fecha límite para que las partes en el caso presenten sus alegatos.
