Ciudad de Guatemala, 19 agosto (Diestra).- El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, señaló este lunes a la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP) de su país, María Consuelo Porras, de intentar junto al juez Fredy Orellana, de desestabilizar a su Gobierno.
Arévalo hizo es señalamiento en el marco de una rueda de prensa en el Palacio Nacional de la Cultura en el que explicó que la captura, la semana pasada, de la exiputada de su partido Movimiento Semilla y actual directora del Instituto de la Víctima, Ligia Hernández, tiene esas intenciones.
El mandatario rechazó las acciones en contra de Hernández, a quien calificó de ser una persona «íntegra» y anunció que en los próximos días la visitará en la cárcel para verificar que se estén respetando sus derechos-
Hernández fue procesada el pasado viernes y enviada a prisión preventiva por el delito de financiamiento electoral no registrado en el caso «Corrupción Semilla».
Arévalo enfatizó que las acciones con Hernández son intentos de Porras y del juez Orellana por desestabilizar a su Gobierno y que «atentan contra la democracia y el Estado de Derecho».
Hizo un llamado a todos los sectores del país para luchar y salir de este ciclo oscuro y recuperar el sistema de justicia.
El jefe de Estado dijo que el MP tiene la obligación de investigar los casos que se denuncian y no los «pantallazos».
En ese sentido, refirió que el caso B410 denunciado la semana pasada por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) por una millonaria evasión fiscal al Estado, debe ser investigado por el MP.
Aseguró que este caso desvelado «!es el mayor fraude fiscal de los últimos tiempos» que le produjeron «un enorme daño a Guatemala». «Respaldamos el trabajo realizado por la SAT, tomaremos las acciones pertinentes», agregó el mandatario al anunciar que la Procuraduría General de la Nación (PGN) defenderá los intereses del Estado para que los responsables sean llevados ante la justicia.
El B410 fue ejecutado por el anterior Gobierno para enriquecer a unos pocos. «Son tan insaciables que querían una corrupción libre de impuestos», resaltó. La evasión suma más de 300 millones de quetzales aunque puede llegar a 800 millones, según el titular de la SAT, Marco Livio Díaz.
Reconoció que su Administración no está libre de la corrupción y que por ello ha pedido a la Comisión Contra la Corrupción investigar todos los contratos que se han firmado «sin importar quien caiga».
