“El de migración se llevó mi pasaporte y que porque le sale vencido”, escribió a su novio en un mensaje compartido con The Associated Press. “En el nombre de Dios no salga yo jodida por un error del sistema”.
Lo que ocurrió después sigue siendo un misterio, que contribuye al clima de temor y represión que ha envuelto a Venezuela desde las disputadas elecciones presidenciales: la oleada más grave de abusos de los derechos humanos en el país desde las dictaduras militares latinoamericanas en la década de 1970.
Cuando la madre de López, Ninoska Barrios, y sus amigos supieron que no había tomado el vuelo, empezaron una frenética búsqueda en centros de detención. Finalmente el martes -más de 48 horas después- supieron que estaba retenida e incomunicada por la temida policía de inteligencia militar venezolana por cargos penales desconocidos, sin acceso a un abogado ni poder hablar con su familia.
“Por favor, devuélvanme mi hija”, pidió entre sollozos Barrios ante la principal oficina venezolana de derechos humanos, en un video que se hizo viral en redes sociales. “No es justo que una madre venezolana tenga que pasar por eso”.
La detención de López no es un caso único. Desde las elecciones presidenciales del 28 de julio, las fuerzas de seguridad han detenido a más de 2.000 personas por manifestarse contra el régimen Nicolás Maduro, o cuestionar sus afirmaciones de que ganó un tercer mandato pese a los sólidos indicios de que perdió la votación por un margen de más de 2 a 1. Otras 24 personas han muerto, según el grupo local de derechos humanos Provea.
Sin precedentes
La oleada de detenciones, fomentada por el propio Maduro, no tiene precedentes y a este ritmo superará con mucho los arrestos durante tres campañas anteriores contra la oposición a Maduro.
Entre los afectados hay periodistas, líderes políticos, personal de campaña y un abogado que defendía a manifestantes. Otros han visto anulados sus pasaportes venezolanos cuando intentaban salir del país. Una activista local incluso retransmitió en vivo su detención por parte de agentes de inteligencia que allanaron su casa con una palanca.
“Están ingresando a mi hogar de forma arbitraria. Sin ninguna orden de allanamiento”, dijo María Oropeza, líder de una campaña opositora en el estado rural de Portuguesa, en una retransmisión que termina de forma abrupta después de tres minutos. “No soy una delincuente. Solo soy un ciudadano más que quiere un país distinto”.
La represión, que en buena parte parece arbitraria y aleatoria, está teniendo un efecto paralizante, dijo Phil Gunson, analista del International Crisis Group afincado en Caracas.
“No sólo disuade de las protestas. La gente tiene miedo de salir a la calle, punto”, dijo Gunson, añadiendo que los padres de chicos adolescentes están especialmente preocupados. “Hay una sensación de que la policía tiene una cuota que cubrir y cualquiera puede ser detenido y llevado como sospechoso de subversión”.
Las amenazas empiezan desde arriba
“Andan como ratas escondiéndose (…) pero lo vamos agarrar”, dijo al día siguiente de los comicios el líder del partido socialista en el gobierno, Diosdado Cabello, sobre varios opositores destacados, en un mensaje ante la legislatura controlada por Maduro.
Entre tanto, Maduro ha pedido a los venezolanos que denuncien a los que cuestionan el resultado electoral a través de una app gubernamental creada en un principio para reportar apagones y quejas sobre servicios proporcionados por el gobierno. También dijo que el gobierno estaba reacondicionando dos prisiones dominadas por pandillas para alojar a lo que esperaba fuera un gran número de guarimberos, su término despectivo para manifestantes de clase media que tomaron las calles durante semanas en 2014 y 2017.
“No habrá más perdón”, dijo Maduro en la televisora estatal. Sin embargo, la naturaleza cambiante de los opositores del gobierno complica los esfuerzos por aplastar la disidencia.
Aunque las manifestaciones han sido mucho más pequeñas y tranquilas que en episodios previos de protestas, ahora son más espontáneas, a menudo sin líderes y formadas por jóvenes, algunos apenas adolescentes, de las barriadas en las colinas de Caracas, que antes era una base tradicional de apoyo al gobierno.
“No me importa ni los muertos”, dijo Cleiver Acuna, tatuador de 21 años, en una marcha reciente en la que los manifestantes treparon a farolas para arrancar carteles de campaña de Maduro. “Lo que más quiero es mi libertad. Lo que quiero es mi patria. Yo quiero vivir esa Venezuela que una vez mis abuelos me contaron”.
María Corina Machado, la estrella opositora que movilizó a Venezuela para apoyar a un candidato de última hora tras el veto a su candidatura contra Maduro, también ha hecho una llamada a la moderación, en un reflejo del miedo que sienten muchos.
«Hay momentos para salir, momentos para encontrarnos, y así demostrar toda nuestra fuerza y determinación y abrazarnos, así como hay momentos de preparación, para organizarnos, comunicarnos y concertar con nuestros aliados alrededor del mundo que son muchísimos. Una pausa operativa en ocasiones es necesaria”, dijo en un mensaje grabado y publicado el martes.
Pero la rapidez de la represión del gobierno parece estar dando resultado. En apenas 10 días, las fuerzas de seguridad han detenido casi a tanta gente como a lo largo de cinco meses en 2017, según Provea.
Operación Tun Tun
“La operación Tun-Tun es el mecanismo de terrorismo de Estado y control social por excelencia”, dijo Óscar Murillo, líder de Provea, en referencia a las detenciones inesperadas y en plena noche, descritas como una táctica de miedo de Cabello y otras personas.
En el humilde vecindario de Catia, en Caracas, que antes era un bastión del partido en el gobierno, ya nadie habla de política. Una mujer cerró su negocio cuando comenzaron unas protestas cerca y corrió a su casa. Los videos de las manifestaciones llenaron su celular durante las siguientes horas, pero los borró por temor a que el gobierno estuviera siguiendo las publicaciones en redes sociales para identificar a los críticos.
Las tácticas de Maduro se han comparado con las empleadas en la década de 1970 en América Central y del Sur, cuando dictaduras militares detenían a sus rivales y en ocasiones a transeúntes inocentes. Muchos fueron asesinados, y en Argentina algunos fueron incluso drogados y arrojados desde aviones al océano, sin dejar rastro siquiera de que hubieran sido detenidos.
Pero el objetivo de sembrar el miedo es el mismo, dijo Santiago Cantón, abogado argentino y secretario general de la Comisión Internacional de Juristas, un grupo supervisor con sede en Ginebra.
Cantón dijo que el Caso de López le recordaba a la desaparición en Argentina en 1977 de una activista que fue desalojada de un avión con destino a Venezuela, y nunca se la volvió a ver.
FUENTE: AP/ REDACCIÓN DIARIO LAS AMÉRICAS
