Un análisis del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse reveló que desde 1986 a la fecha se han registrado 1,444 amenazas en contra de mandatarios estadounidenses u otras personas en la línea de sucesión presidencial.
En dos meses, Donald Trump se ha enfrentado a un par de incidentes en que su vida ha estado en peligro, pero la intervención de los agentes del Servicio secreto al final logró contener a los individuos que planeaban dañar al republicano de 78 años, a uno de ellos lo abatió en el techo de un edificio y al otro lo detuvo en posesión de un rifle modelo AK-47.
Si bien ambos incidentes cobraron mayor relevancia debido a la cobertura de los medios informativos, para el gobierno federal las amenazas que pudieran poner en riesgo la integridad de los presidentes en turno resultan hasta cierto punto comunes, por lo menos así lo revela el registro del TRAC.
En este sentido, el mayor número de procesamientos de casos relacionados con amenazas en contra de un presidente en funciones en un mismo año se produjo en 1987, con 73. En ese momento, el republicano Ronald Reagan gobernaba a la nación.
Con un caso menos registrado en lapso de 12 meses, se ubica la administración del también conservador George W. Bush, pues en 2002, reportó 72 amenazas.
A la etapa de gobierno del político originario de Connecticut también le corresponde el mayor número de casos de amenazas de este tipo durante sus ocho años de mandato, con 383.
Posteriormente, durante la administración del demócrata Bill Clinton surgieron 343 casos; en tanto que en la etapa de Barack Obama al frente del gobierno se registraron 213.
Después, con Donald Trump en la Casa Blanca, se produjeron 68 casos registrados.
Es de llamar la atención que con Reagan, en su último año al frente del gobierno, surgieron 200 amenazas que ponían en riesgo su integridad.
Cabe mencionar que TRAC es una herramienta de investigación de bases de datos establecida en la década de los 80’s por la Escuela Newhouse y la Escuela de Administración Martin J. Whitman.
A partir de datos gubernamentales obtenidos a través de leyes federales de registros abiertos y litigios judiciales es como se nutre esta herramienta de medición.
