Ciudad de Guatemala, 5 abril (Diestra).- Debido a una apelación del Ministerio Público (MP), la Sala Primera de Apelaciones del Ramo Penal asegura que cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que perdieron su inmunidad en noviembre pasado, no pueden ejercer sus cargos y buscan destituirlos.
Esa decisión viola las normativas guatemaltecas porque la Ley en Materia de Antejuicio en su artículo 7 establece que un funcionario público “solo podrá cesar en el ejercicio del cargo cuando un juez competente le dicte auto de prisión preventiva”.
Luego de permanecer fuera de Guatemala al perder su inmunidad, los magistrados Irma Palencia, Gabriel Aguilera, Mynor Franco y Ranulfo Rafael Rojas, se entregaron a la justicia en marzo pasado y fueron beneficiados con arresto domiciliario bajo el pago de una fianza económica.
Tras conocer el fallo, los cuatro magistrados se integraron al pleno del TSE y están ejerciendo sus cargos.
Los cuatro fueron denunciados por la supuesta compra anómala del sistema de Transmisión Preliminar de Resultados Electorales (TREP) utilizado para los comicios del año pasado en los que resultó electo como presidente para el periodo 2024-2028, el progresistas Bernardo Arévalo, quien asumió el 14 de enero pasado.
La Sala da un plazo de tres días al juez que lleva el caso para que ejecute su resolución y ordena que el TSE se integre con magistrados suplentes.
