Cuando el crimen organizado deja de ser solamente un problema de seguridad y comienza a relacionarse con territorio, dinero, política, instituciones y comunicación
Análisis | Centro de Estudios del Poder y Diestra la Revista
Una historia de dinero, territorio, silencios y poder
Algo ocurrió esta semana que debería haber provocado una tormenta política en Guatemala. Pero no ocurrió. O, para ser más exactos, ocurrió algo quizá más interesante: casi todos guardaron silencio.
La historia comenzó lejos de Guatemala. En Panamá, durante una reunión regional contra los carteles, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, agradeció públicamente a Guatemala por abrir la puerta a trabajar con fuerzas estadounidenses en operaciones combinadas contra el narcotráfico. No era una declaración menor. Guatemala ha utilizado durante años el argumento de la soberanía para marcar límites frente a determinadas actuaciones extranjeras. Ahora uno de los funcionarios más importantes del aparato de seguridad estadounidense estaba diciendo públicamente que el país había aceptado profundizar esa cooperación.
Era razonable esperar preguntas. ¿Qué significa exactamente “operaciones combinadas”? ¿Habrá personal estadounidense operando en territorio guatemalteco? ¿Quién tendrá el mando? ¿Qué pueden hacer y qué no? ¿Quién autorizó el acuerdo? ¿Cuál es su fundamento jurídico?
Pero las horas pasaron y la explicación no llegó con la dimensión que el anuncio parecía exigir.
Lo extraño fue que tampoco llegó la batalla política.
La oposición, que normalmente encuentra en una decisión gubernamental de esta magnitud material suficiente para horas de declaraciones, tampoco pareció demasiado interesada en convertir el asunto en una controversia nacional. No hubo una estampida hacia los micrófonos reclamando soberanía. No apareció una discusión política proporcional al tamaño del anuncio.
Y entonces ocurrió algo más.
La Embajada de Estados Unidos en Guatemala difundió este mensaje en sus redes sociales:
Las noticias de que ciertos políticos vinculados al narcotráfico en Guatemala intentan mantener sus actividades ilícitas en la sombra son alarmantes, pero no sorprendentes. Antes de las elecciones de 2027, deberían saber lo siguiente: Estados Unidos tiene cero tolerancia con los narcotraficantes y quienes les dan cobertura política. Nos mantendremos firmes contra quienes utilicen el poder político para proteger intereses delictivos.
Washington adverte que mantendrá cero tolerancia hacia los narcotraficantes y quienes utilizaran el poder político para protegerlos, justo cuando Guatemala comienza a acercarse a las elecciones de 2027.
Primero operaciones combinadas.
Después cobertura política.
Y en medio, silencio.
No sabemos qué significa ese silencio. Sería irresponsable afirmar que demuestra temor o que alguien tiene algo que esconder. Puede ser prudencia, cálculo, desconocimiento o simplemente la decisión de esperar.
Pero cuando Gobierno y oposición callan al mismo tiempo frente a un asunto que combina narcotráfico, Estados Unidos y elecciones, el periodista comienza inevitablemente a hacerse otra pregunta:
¿qué sabe Estados Unidos que todavía no sabemos nosotros?
Y allí esta historia empieza a cambiar.
Porque unos días antes, en Washington, funcionarios del Departamento de Estado hablaron con magistrados del Tribunal Supremo Electoral sobre una preocupación muy concreta: el posible ingreso de dinero del crimen organizado y del narcotráfico en las elecciones guatemaltecas de 2027.
Fue el magistrado Quelvin Jiménez quien decidió decirlo públicamente.
Hay que reconocerle el valor de plantearlo sin rodeos. No anunció culpables ni presentó una lista de candidatos. Dijo algo más elemental y quizá más importante: existe preocupación por el financiamiento ilícito de la política y hay que encontrar cómo controlarlo.
Todavía no existe una ruta definida de cooperación. Pero la conversación ya comenzó.
Y cuando alguien comienza a hablar de dinero criminal alrededor de unas elecciones, la historia deja de ser solamente policial.
Porque el narcotráfico necesita dinero, pero también necesita territorio. Necesita información. Necesita rutas. Necesita saber quién manda y quién puede ayudar. Y llega un momento en que enfrentarse permanentemente al Estado puede resultar más costoso que conseguir relaciones dentro de él.
No hace falta comprar un gobierno entero. A veces basta con una puerta. Un funcionario. Un financista. Un operador. Un alcalde. Una persona capaz de avisar. Otra capaz de no mirar.
El poder criminal puede construirse poco a poco, sin ceremonia de juramentación y sin aparecer nunca en una papeleta electoral.
Por eso quizá llevamos demasiado tiempo siguiendo únicamente la droga.
La droga conduce hacia quien la transporta.
El dinero puede conducir mucho más lejos.
Y cuando empezamos a hablar de dinero aparece una historia que inicialmente parecía pertenecer a otro expediente.
Veinte integrantes del Barrio 18 salieron de Fraijanes II.
La pregunta que todos hicimos fue cómo pudieron escapar.
Fuentes vinculadas con labores de investigación e inteligencia comenzaron a contarnos otra versión. Diestra protege sus identidades por razones de seguridad y, por supuesto, lo que esas fuentes sostienen no puede presentarse como un hecho judicialmente probado. Pero la información es suficientemente seria para investigarla.
Según esas fuentes, la operación habría costado alrededor de tres millones de dólares.
Cuando escuchamos la cifra apareció inmediatamente una pregunta:
¿quién paga tres millones de dólares para sacar de prisión a veinte pandilleros?
La respuesta proporcionada por las fuentes hizo todavía más interesante la historia. Sostienen que detrás del financiamiento existirían intereses relacionados con el narcotráfico y que el propósito no habría sido simplemente devolver la libertad a aquellos hombres. La intención, aseguran, habría sido recuperar territorios urbanos de distribución de drogas que estaban siendo disputados por la Mara Salvatrucha.
No sabemos todavía si esa versión podrá demostrarse.
Pero si algún día se demuestra, habremos estado mirando la fuga desde el ángulo equivocado.
Alguien no habría pagado millones para comprar libertad.
Habría pagado millones para recuperar territorio.
Y entonces los hechos posteriores, ataques, asesinatos, enfrentamientos y disputas entre estructuras criminales, tendrían que ser colocados sobre un mapa y una línea de tiempo para establecer si existe o no una relación.
Eso corresponde a los investigadores.
A nosotros nos corresponde hacer la pregunta.
Y existe otra.
¿De dónde salieron los tres millones?
Porque el dinero criminal tiene un inconveniente: puede ganarse clandestinamente, pero llega un momento en que necesita utilizarse públicamente. Comprar una casa, adquirir un terreno, financiar una empresa, mover mercancías, pagar personas o eventualmente colocar recursos alrededor de una campaña exige transformar dinero sucio en dinero que aparente otra historia.
Ahí el narcotráfico deja la selva, la pista clandestina y la lancha.
Y entra en oficinas. Empresas. Contratos. Propiedades. Cuentas. Intermediarios.
Y quizá política.
No estamos afirmando que el sistema financiero guatemalteco forme parte de esa estructura. Precisamente una de sus funciones de control es detectar operaciones sospechosas. La pregunta es otra: ¿cuánto dinero del crimen organizado consigue atravesar esos controles y mediante qué mecanismos?
Esa pregunta puede resultar más peligrosa que encontrar un cargamento.
Porque el cargamento termina cuando se decomisa.
El dinero cuenta historias.
Dice quién pagó. Quién recibió. Quién compró. Quién vendió. Quién prestó su nombre. Y, algunas veces, quién debía un favor.
Por eso las elecciones de 2027 adquieren otra dimensión. Todos mirarán hacia los candidatos presidenciales, pero quizá haya que mirar también hacia los municipios. El narcotráfico entiende perfectamente el valor del territorio. Una alcaldía puede significar información, carreteras, contratación, relaciones institucionales y capacidad de influencia local.
No hace falta controlar Guatemala.
Puede bastar con controlar los lugares que importan.
Y entonces llegamos a una palabra que normalmente aparece del otro lado de estas historias:
Diestra ha recibido información sobre casos en los cuales personas relacionadas con actividades periodísticas, credenciales o vehículos identificados como prensa habrían sido utilizados para transportar ilícitos. Estamos reconstruyendo esos episodios. No publicaremos nombres hasta contar con elementos suficientes para hacerlo responsablemente. Pero hay algo que sí podemos decir desde ahora.
Una credencial periodística protege el ejercicio de una profesión. Aunque ya la historia recoge como en Nicaragua se detuvo una caravana de vehículos de una prestigiosa empresa mexicana de noticias y entretenimiento, que estaba transportando millonarias cantidades de dólares y drogas.
Por eso se afirma que La credencial de prensa «No concede inmunidad para delinquir».
Y aquí aparece una de las contradicciones más extraordinarias de esta historia.
Mientras alguien puede intentar utilizar la apariencia de prensa para esconder una actividad ilícita, otros periodistas pueden terminar amenazados precisamente por hacer lo contrario: descubrirla.
Rodrigo Arenas, presidente editor de República, denunció amenazas contra su vida y contra integrantes de su equipo mientras su medio investiga lo que denomina narcopolítica. Será responsabilidad de las autoridades determinar quiénes están detrás y demostrarlo.
Diestra puede coincidir con República en algunas cosas y discrepar profundamente en otras. Eso no importa aquí.
La libertad de prensa no puede depender de afinidades.
Un periodista puede ser cuestionado, contradicho y obligado a responder por aquello que publica. Lo que nadie puede pretender es sustituir una respuesta por una amenaza.
El ejercicio sagrado de la libertad de prensa no puede quedar sujeto a los ánimos de quienes tienen, o creen tener, poder.
Y entonces regresamos al principio.
Pete Hegseth habló de operaciones combinadas.
La Embajada habló de cobertura política.
Un magistrado del Tribunal Supremo Electoral confirmó preocupación estadounidense por el dinero del narcotráfico alrededor de las elecciones de 2027.
Periodistas hablan de narcopolítica.
Veinte dirigentes de una organización criminal salieron de prisión en circunstancias que todavía generan preguntas.
Fuentes de inteligencia hablan de millones de dólares y de una eventual disputa por territorio.
Y Guatemala guarda un silencio extraño.
No todos, por supuesto. Existen voces, investigaciones y declaraciones. Pero el sistema político como conjunto no ha producido todavía una discusión equivalente a la magnitud de lo anunciado.
Quizá simplemente estén esperando.
Quizá el Gobierno prepara una explicación.
Quizá la oposición todavía no encuentra dónde colocar políticamente el tema.
O quizá exista una razón mucho más sencilla: nadie quiere ser el primero en entrar en una conversación cuyo final desconoce.
No podemos saberlo todavía.
Pero podemos observar.
Y eso es exactamente lo que haremos.
Observaremos quién habla primero.
Qué dice.
Qué niega.
Qué reconoce.
Y, sobre todo, qué decide no responder.
Porque esta historia probablemente no terminará con un cargamento decomisado.
Puede terminar siguiendo una ruta mucho más compleja:
droga, dinero, territorio, política, información y poder.
Y en algún lugar de ese recorrido puede aparecer nuevamente aquello con lo que comenzamos.
El silencio.
Hay silencios que no significan absolutamente nada.
Pero hay otros que obligan al periodista a quedarse un poco más, mirar alrededor y formular una última pregunta:
¿Nadie habla porque nadie sabe… o porque nadie sabe hasta dónde sabe Estados Unidos?
Diestra La Revista | Investigación y análisis
LA NARCOPOLÍTICA, ¿CONTRA LAS CUERDAS?https://diestralarevista.com/la-narcopolitica-contra-las-cuerdas/
