Audios, operaciones suspendidas y grupos armados en expansión: ¿qué ocurrió en el territorio mientras Colombia negociaba la Paz Total?
Por Diestra La Revista
Colombia decidió negociar.
Después de décadas de guerrilla, narcotráfico, paramilitarismo y violencia, el gobierno del presidente Gustavo Petro convirtió la denominada Paz Total en una de las principales apuestas de su administración.
La propuesta parecía elemental: disminuir la confrontación, abrir espacios de diálogo y buscar mecanismos que permitieran la desmovilización, sometimiento o reincorporación de diferentes estructuras armadas.
Cuatro años después, los números obligan a revisar qué ocurrió.
Según un balance publicado por la Fundación Ideas para la Paz, utilizando cifras de la Fuerza Pública, Colombia pasó de 15,120 integrantes de grupos armados ilegales en diciembre de 2022 a 28,802 en julio de 2026.
Un crecimiento del 90 por ciento.
El Clan del Golfo alcanzó 10,268 integrantes; el ELN, 7,123; el Estado Mayor Central, 4,480; y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, 2,359.
Las disputas territoriales entre organizaciones armadas también aumentaron.
La misma investigación contabiliza siete zonas de disputa en 2022.
Ahora son catorce.
La Fundación Ideas para la Paz advierte que no existe una explicación única para ese crecimiento. Colombia arrastra problemas de seguridad anteriores a la administración Petro y la causalidad continúa siendo objeto de discusión.
Pero su evaluación introduce un elemento imposible de ignorar: algunas decisiones vinculadas con los ceses al fuego y la suspensión de bombardeos pudieron contribuir al fortalecimiento de determinadas estructuras.
Y entonces aparece la pregunta:
¿QUÉ OCURRIÓ MIENTRAS COLOMBIA NEGOCIABA?
En junio de 2026, la Unidad Investigativa de Noticias Caracol reveló grabaciones de una reunión celebrada el 2 de septiembre de 2022 entre el entonces alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, y representantes del Clan del Golfo.
Las conversaciones correspondían a los primeros días de la nueva administración.
En ellas se discutieron planteamientos relacionados con la reducción de operaciones ofensivas, bombardeos, extradiciones y cambios dentro de la Fuerza Pública.
Aquellos audios abrieron inmediatamente otra discusión.
Una cosa es establecer mediante mecanismos jurídicos un cese al fuego como parte de una política gubernamental.
Otra sería permitir que una organización armada pudiera influir sobre decisiones operacionales o sobre quiénes deben integrar las estructuras encargadas de combatirla.
Determinar si eso ocurrió corresponde ahora a las autoridades colombianas.
IVÁN VELÁSQUEZ Y DANILO RUEDA
Un día después de conocerse las grabaciones, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación contra cuatro antiguos funcionarios del gobierno Petro.
Entre ellos aparecen el exministro de Defensa Iván Velásquez y el ex alto comisionado para la Paz Danilo Rueda.
También fueron incluidos Jorge Lemus y Ricardo Rey Rosanía, quienes ocupaban cargos en la Dirección Nacional de Inteligencia.
La apertura de una indagación no significa culpabilidad.
Pero confirma que las revelaciones poseen suficiente relevancia institucional para determinar qué ocurrió realmente durante aquellos acercamientos.
Velásquez ha negado conocer los supuestos ofrecimientos realizados durante esas conversaciones.
También rechaza que la salida de oficiales de la Fuerza Pública haya respondido a exigencias del Clan del Golfo. Pero si autorizó la salida de mandos militares de alto prestigio, confirmando además que los ataques aéreos a las zonas ocupadas por las guerrillas se detendrían, el argumento porque hay niños en las fuerzas rebeldes.
Coincidencia con la negociaciones del Comisionado Rueda?
Danilo Rueda sostiene, por su parte, que aquellas fueron conversaciones exploratorias que no produjeron los efectos posteriormente atribuidos a ellas.
Las investigaciones deberán determinarlo.
LOS BOMBARDEOS Y LOS NIÑOS
Existe otro elemento especialmente sensible.
Iván Velásquez ha explicado que las restricciones a determinados bombardeos respondían a la obligación de proteger a menores de edad reclutados por organizaciones armadas.
El principio resulta difícil de cuestionar.
Un niño reclutado por una estructura criminal continúa siendo una víctima y el Estado tiene la obligación de proteger su vida.
Pero la situación produce una paradoja que Colombia necesita discutir.
¿Qué ocurre cuando una organización armada recluta ilegalmente menores y posteriormente la presencia de esos mismos menores limita determinadas operaciones militares contra la organización que los reclutó?
El Estado no puede responder ignorando la vida del menor.
Pero tampoco puede permitir que el reclutamiento infantil se convierta indirectamente en una ventaja operacional para quien viola sus derechos.
La responsabilidad primaria pertenece a quien llevó al niño a la guerra.
¿FUE ILEGAL DETENER OPERACIONES?
No necesariamente.
La Paz Total contó con instrumentos jurídicos mediante los cuales el Gobierno podía ordenar ceses temporales de operaciones ofensivas durante determinados procesos de negociación.
Por eso sería incorrecto concluir que cualquier reducción de operaciones militares constituyó automáticamente una ilegalidad.
La pregunta que deberán resolver las instituciones colombianas es diferente:
¿Todas las decisiones respondieron a mecanismos jurídicamente establecidos por el Estado o existieron compromisos informales que excedieron los límites de una negociación?
Esa diferencia es fundamental.
Porque negociar pertenece a las facultades de un gobierno.
Entregar a una organización criminal capacidad de decisión sobre la seguridad del Estado sería algo completamente diferente.
EL GRUPO QUE CRECIÓ
Mientras se desarrollaban aquellos acercamientos ocurrió algo medible.
La Fundación Ideas para la Paz calcula que el Clan del Golfo pasó de aproximadamente 4,061 integrantes durante las primeras exploraciones de 2022 a alrededor de 10,000 en 2025.
Su presencia territorial también aumentó: de aproximadamente 200 municipios a 338.
Eso tampoco demuestra automáticamente que la negociación haya causado su expansión.
Pero hace imposible ignorar la coincidencia.
Y obliga a preguntar qué mecanismos utilizó el Estado para impedir que las condiciones creadas para negociar fueran utilizadas por las organizaciones para fortalecerse.
Porque negociar necesita confianza.
Pero la seguridad necesita control.
LA GOBERNANZA CRIMINAL
El problema colombiano tampoco puede medirse únicamente contando hombres armados.
La Fundación Ideas para la Paz utiliza un concepto particularmente importante para esta investigación:
Gobernanza criminal.
Existen territorios donde organizaciones ilegales no se limitan a transportar drogas o combatir contra el Estado.
Regulan actividades económicas.
Controlan poblaciones.
Administran determinadas disputas.
Imponen restricciones.
Obtienen rentas.
Y terminan convirtiéndose en intermediarios entre determinadas comunidades y el propio Estado.
Entonces el problema deja de ser solamente criminal.
Se convierte en una disputa por el poder.
Porque el territorio puede continuar apareciendo dentro del mapa de Colombia.
Puede tener alcalde.
Policía.
Escuela.
Carreteras.
Bandera.
Pero la pregunta esencial permanece:
Los antecedentes de Iván Velázquez: Su paso por el gobierno del izquierdista presidente Gustavo Petro estuvo marcado por eventos que pusieron en duda su responsabilidad institucional hacia la ley y el orden y sus detractores aseguraron que respondía a su compas.
Su presencia en Guatemala estuvo también marcada por las dudas de su gestión pero sobretodo, de sus intenciones, encarceló por pruebas como las que lo incriminan ahora, grabaciones de audios, que en el pais centroamericano llevaron a decenas de guatemaltecos a la cárcel. Negoció, con la asistencia de la actual Fiscal General de Colombia Luz Adriana Camargo y del abogado Juan Pablo Carrasco de Groote; un pago por los sobornos en la construcción de una importante carretera que se le dio a la empresa brasileña Oderbrech, Guatemala fue el único país a quien se le pagó menos del 5 por ciento de los 399 millones de dólares que se embolsó la empresa cuestionada en muchos países y condenada por corrupción.
¿QUIÉN ESTABLECE REALMENTE LAS REGLAS?
LA PAZ Y EL TERRITORIO
Colombia inaugura una investigación continental de Diestra La Revista porque concentra muchas de las contradicciones que actualmente enfrenta América Latina.
Negociar puede salvar vidas.
Utilizar legítimamente la fuerza también puede protegerlas.
Un cese al fuego puede abrir una oportunidad para alcanzar la paz.
Pero una retirada operacional mal diseñada puede proporcionar espacio a organizaciones que no han abandonado las armas.
La Fundación Ideas para la Paz concluye que los nueve espacios de diálogo que permanecieron activos consiguieron diferentes acuerdos, pero tuvieron poco o ningún impacto sobre las zonas donde operaban los grupos.
Cuatro años después, las organizaciones armadas son más numerosas.
Las disputas territoriales aumentaron.
Y las investigaciones abiertas por las conversaciones de 2022 deberán determinar hasta dónde llegaron las concesiones discutidas durante los primeros acercamientos.
La Paz Total pretendió responder una pregunta que Colombia lleva décadas intentando resolver:
¿Cómo terminar una guerra?
Los resultados obligan ahora a formular otra:
¿QUIÉN CONTROLABA EL TERRITORIO MIENTRAS COLOMBIA NEGOCIABA LA PAZ?
Colombia es solamente el comienzo.
Diestra La Revista recorrerá seis países para investigar las distintas formas en que América Latina está enfrentando una misma amenaza: organizaciones criminales capaces de acumular armas, dinero, territorio y poder.
Colombia. Ecuador. Venezuela. El Salvador. Guatemala. México.
Seis experiencias.
Una pregunta.
¿QUIÉN MANDA REALMENTE?
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Cuando pedir ayuda militar puede convertirse también en un acto de soberanía.
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