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lunes, marzo 4, 2024

Comisión que investiga antejuicio a magistrados electorales de Guatemala escuchó a denunciantes de fraude al erario

Ciudad de Guatemala, 24 noviembre (Diestra).- La Comisión Pesquisidora del Congreso que investiga un antejuicio contra cuatro magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE), escucho este viernes a los dos abogados que los denunciaron por supuesto fraude en la contratación de un sistema informático.

Como parte de las audiencias que celebra la Comisión que preside el diputado Enrique Montano, este día escucharon la versión de los abogados Karen Fischer y Giovani Fratti, quienes son los denunciantes.

Ambos reiteraron sus denuncias ante los legisladores que integran la Comisión Pesquisidora que la próxima semana deberá rendir un informe al pleno del Congreso con sus recomendaciones.

Los magistrados del TSE fueron denunciados por supuestamente haber cometido anomalías en la contratación del Sistema Informático para las elecciones generales celebradas el 25 de junio y 20 de agosto de este año en Guatemala y los señalan de un supuesto «fraude» al erario público.

Fratti aclaró ante la instancia que la denuncia no es por un fraude electoral sino en la adquisición del sistema y que su pudo haber cometido varios delitos, entre ellos incumplimiento de deberes.

Fischer dijo que el fraude se comete mediante un artificio para defraudar al Estado como es en el presente caso.

«Nosotros lo que queremos es saber la verdad. Porqué hubo sobrevaloración de los precios», comentó la abogada.

Las empresas contratadas, relató, tienen sede en Costa Rica y México, pero no saben si tienen alguna representación en Guatemala.

Durante la audiencia Montano lamentó que solo tengan 10 días para tomar una decisión de las recomendaciones que harán al Congreso porque no son suficientes para obtener información sobre el caso, aunque aclaró que respetará la ley.

Luego de escuchar a todas las partes, la Comisión tendrá que hacer la recomendación al pleno del Congreso en el sentido de retirar o no la inmunidad a los magistrados para que luego sean sometidos a una investigación judicial.

El desafuero fue solicitado por el Ministerio Público (MP) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le dio trámite a la petición.

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